Las puertas que se van abriendo

Al cumplirse cuarenta años de la Masacre de Trelew y en el contexto de un juicio considerado histórico, Adriana Cappelletti, Ilda Bonardi y Luisa González, viudas de los militantes fusilados el 22 de agosto de 1972, y Alicia Lesgart, prima de otra de las fusiladas, Susana Lesgart, permanecerán en esa ciudad patagónica hasta el miércoles próximo para transmitir sus vivencias y sostener la memoria en actividades culturales, charlas en las escuelas y actos políticos, y “para que nunca más la Justicia demore las condenas”.
Por Sonia Tessa

DE DER. A IZQ.: ALICIA LESGART, ADRIANA CAPPELLETTI Y LUISA GONZALEZ. (Imagen: Andrés Macera)

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, Adriana Cappelletti tuvo un sueño que sintió como pesadilla: soñó que se le caía un mate y se agujereaba. Se despertó angustiada, y descubrió que se le había roto una muela. Supo que era un signo: había pasado algo malo. Tenía 23 años, vivía en la clandestinidad en la ciudad de Santa Fe, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y esposa de Alberto del Rey, preso en la cárcel de Rawson hasta el 15 de agosto y retenido en la base Almirante Zar tras haber participado de la fuga que una semana antes había conmovido al país. Adriana supo muy pronto qué era lo que había pasado: a primera hora de la mañana, las radios informaban sobre la Masacre de Trelew, en la que habían fusilado a 16 militantes, entre ellos su marido. Estaba recién casada. No pudo velar a su amado. Su única presencia en la despedida fue una bufanda roja que había tejido para que le llevaran a la cárcel. Sobre el féretro de Alberto, esa prenda y la bandera del Ejército Revolucionario del Pueblo fundían una identidad. Pasaron 40 años para que aquel crimen llegara a juicio oral y público. Adriana todavía llora a su compañero, lo recuerda como si estuviera allí, congelado en sus 23 años.

Adriana es querellante, pero no será testigo en el juicio. En cambio, Ilda Bonardi, viuda del cordobés Humberto Toschi, sí se sentó frente al Tribunal el 4 de junio pasado para contar lo que sabía. Ella también estaba en la clandestinidad en el momento de la masacre, había vivido en Trelew desde abril de 1972 hasta el 13 de agosto, porque fue una de las que colaboró en la preparación de la fuga desde afuera del penal y debía dejar la ciudad antes de la fecha señalada. Frente a los jueces Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella, Ilda llevó dos documentos hasta entonces desconocidos: la escritura pública que el hermano de Humberto hizo confeccionar cuando llegaron los féretros y que ocultó durante 40 años, y también las fotografías que Julio Ulla sacó del cadáver de su hermano Jorge Alejandro, otro de los fusilados, también santafesino. El tampoco la había mostrado durante estas décadas. “Estamos hablando de dos hermanos, que tuvieron esa documentación guardada durante tantos años. Cómo se va abriendo esta historia a partir del juicio es algo increíble”, subraya Ilda.

Adriana refuerza esa idea. “Con el juicio, después de 40 años, se comienzan a abrir puertas. Hay mucha gente que decide decir o mostrar lo que sabe. Es algo paradigmático: cómo la posibilidad de enjuiciar la masacre hace que muchas personas puedan contar lo que saben, hasta anónimamente hacen llegar documentos”, dice y subraya que el proceso oral y público está iluminando “más de lo que sabemos, de lo que tenemos la posibilidad de saber, que la gente se empiece a abrir es también una forma de sanar”.
El juicio comenzó el 7 de mayo pasado. Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Carlos Morandino están acusados de homicidio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos. En cambio, dos eludieron estar en el banquillo de los acusados. Uno es el almirante Horacio Mayorga, ya que el Cuerpo de Medicina Forense consideró que por razones de salud mental no está en condiciones de defenderse en juicio, y el otro, el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos, país donde reside.

Adriana es rosarina, como lo era Del Rey. El estudiaba Ingeniería química y ella Letras, pero debió interrumpir sus estudios en plena represión. Fue presa política desde 1975 a 1982. Pudo recibirse muchos años después. Ahora, vive cerca de Rosario, en San Nicolás, y se emociona al recordar la historia. “Para mí, Alberto era un hombre del futuro”, dice Adriana sobre aquél que la enamoró en la escuela secundaria, y del que todavía parece prendada. “Los compañeros eran especiales, comunicativos, cariñosos. Tenían una especie de don. Ellos hablaban mucho con los familiares, y de alguna manera los convencían. Mis padres estaban encantados con él, y cuando lo encarcelaron formaron parte de la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (Cofappeg), que tanto hizo para visitarlos en la cárcel”, relata Adriana. En 1971, cuando encarcelaron a Alberto, ella pasó inmediatamente a la clandestinidad y se fue a la ciudad de Santa Fe. Aunque no pudo estar en el velatorio de su marido, sí participó de las marchas que se hacían en esa ciudad para repudiar la masacre. “Lo que veíamos era que salía la gente, no eran los militantes ni los organizados. Fueron marchas increíbles, parecía que todos los conocían, hablaban de ellos”, recuerda aquellos días de 1972.

Militantes del ERP junto a sus compañeros, Adriana e Ilda sabían de clandestinidad y de lucha. Ponían el cuerpo como tantas otras mujeres en aquella época. “De mi compañero, lo esencial es la historia de amor, porque lo demás fue la vida que elegimos”, desliza Adriana en algún momento. Ilda parece más dura, habla de las tareas que realizó en Rawson y Trelew en aquellos días sin sosiego. “Siempre se quiso hacer creer que Trelew era un pueblito perdido en la estepa patagónica, pero no fue así. Cuando los presos llegaron, había huelgas de trabajadores de distintas ramas, las ciudades estaban convulsionadas como todas en la Argentina después del Cordobazo, y hubo una solidaridad política muy fuerte de la población con los presos políticos. Se armó una comisión de apoderados, que se ocupaban de cada detenido, y recibían a los familiares cuando iban, porque no paraban en hoteles sino en casas de familia. La dictadura de Lanusse tuvo la intención de aislarlos, pero no lo pudieron conseguir”, dice de un tirón. Por eso –cree Ilda–, para los habitantes de Trelew el juicio es también una reivindicación histórica. “Seguimos sintiendo la dedicación como si hubiera sido ayer, porque los pobladores de Trelew defendieron a nuestros compañeros, y lo pagaron muy caro. Muchos fueron asesinados o desaparecidos”, dice Ilda sobre esa ciudad a la que volvió en junio, para dar testimonio, y en la que permanece esta semana, para los actos conmemorativos. Ilda es rosarina, pero vivió años en Córdoba. En 1973 volvió a su ciudad, para escapar de la persecución política.

La vivencia de Luisa González fue diferente en 1972, y siguió siéndolo siempre. Ella conoció a Mario Delfino en su propia casa, cuando él fue a entrevistarse con Félix Prieto, su cuñado, también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. “Nos enamoramos y yo también hice algún tipo de militancia cuando todavía era el PRT”, recuerda ahora, mientras la emoción amenaza una y otra vez con estrangularle la voz. Se casaron el 2 de octubre de 1967, y el 15 de septiembre del año siguiente nació su hijo, Marco Emiliano Delfino. “Es difícil decir algunas cosas que hacen a mi historia, es lo que me planteé toda la vida”, se justifica antes de avanzar en el relato de sus encuentros y desencuentros. “En 1969 nació el ERP y la propuesta de Mario fue pasar a la clandestinidad. Yo no acepté, pero no me desconecté. Hasta principios del ’70, cuando él fue tomado preso, yo vivía con mi mamá pero nos veíamos. No fue una separación con motivo de tomar dos caminos distintos, que durante muchos años fue mi contradicción”, dice Luisa, como si aquellas dudas siguieran carcomiéndola. Mientras Delfino estuvo preso en las cárceles de Rosario y de Coronda, ella y el niño lo visitaron. “Con los otros presos, él le hizo un karting y una cajita de madera”, recuerda. Sobre el final de la entrevista, leerá casi sin aliento una poesía de Marco dedicada a su padre. “Hoy volví a sentir la gran muralla de la soledad”, comienza el texto del joven, que reclama un padre como los demás. Luisa dirá: “Me quedó incompleta una parte de mi vida”.

En Ilda, el tono es diferente. Cuenta que su hijo Sebastián, nacido el 13 de enero de 1972, visitó varias veces a su padre, primero en Devoto y luego en Rawson. “Ibamos dos veces por semana. Los jueves lo llevaba a la mañana temprano, y se quedaba con su papá y con los otros compañeros”, recuerda casi con una sonrisa, orgullosa de que su hijo “haya conocido al padre”.

Entre abril y agosto de 1972, la actividad de Ilda en Trelew fue intensa. Como integrante de la Cofappeg participó en la reunión con Alejandro Agustín Lanusse, en la que pidieron garantías constitucionales para los presos. En ese encuentro, el dictador aseguró que “si pudiera pararía la tortura”, en un explícito reconocimiento de los apremios ilegales.

Alicia Lesgart es la prima de Susana Lesgart, otra de las fusiladas, que era pareja de Fernando Vaca Narvaja. Se emociona al recordar el reciente relato de Fernando sobre el momento de la despedida, la noche de la fuga. Fernando pudo escapar. Alicia quiere reivindicar a su familia, residentes en Córdoba. “Eran cinco hermanos, una familia maravillosa, estudiaban música, danza. A Susana la fusilaron en Trelew y a su hermana, Adriana, la secuestraron en 1979, durante la contraofensiva. Está desaparecida, como Rogelio y Mariela (María Amelia, en realidad, pero la familia le decía así), secuestrados en abril de 1976. La única sobreviviente de los hermanos, Liliana, se exilió en París, donde hizo un gran trabajo militante para denunciar la situación de desaparecidos y presos políticos en Argentina”, relata.

Cuatro décadas después, Ilda sigue considerando que aquella fuga fue exitosa, porque permitió la salida de seis militantes –Santucho, Osatinsky, Vaca Narvaja, Menna, Gorriarán Merlo y Quieto– a Chile. Lo ocurrido posteriormente lo atribuye, en parte, al descreimiento de los que colaboraban desde afuera sobre el éxito de la operación. Una semana después, los 19 presos que no habían logrado fugarse y se habían rendido para ser trasladados a la base Almirante Zar, fueron fusilados. Tres sobrevivieron: María Antonia Berger, Ricardo René Haidar y Alberto Camps. Presos políticos en la cárcel de Devoto, en la madrugada previa a la asunción de Héctor J. Cámpora, los tres fueron entrevistados por Francisco “Paco” Urondo. El libro se llamó Trelew, la patria fusilada. Los cuatro, entrevistador y entrevistados, están desaparecidos.

“Nosotros siempre reivindicamos que lo de Trelew fue la génesis de la represión que vino después. A tal punto que, en las últimas declaraciones, Videla admitió que consideraban mejor que desaparecieran, porque fusilar a los militantes traía muchos problemas”, puntualiza Ilda. Para Alicia Lesgart, militante incansable por los derechos humanos desde la última dictadura, se trató del “puntapié inicial, el ensayo de lo que vino después”. Adriana agrega que “la Masacre de Trelew, a partir de 1973, trató de sepultarse, de confinarse al olvido. Y a partir de 1976 sentí siempre que la última dictadura fue de un grado de salvajismo, una organización tan macabra de exterminio, que cuando vino la democracia era lo primero por investigar y juzgar. Trelew no era casi nada”.

En 2005, un grupo de familiares entre los que estaba Alicia Lesgart fueron convocados por iniciativa de Néstor Kirchner, con la intención de reabrir la causa. “Los que viajamos fuimos un puñadito. Hicimos una reunión con Eduardo Luis Duhalde, a quien quisiera reivindicar por su acompañamiento permanente, desde el mismo momento de la masacre. En aquella reunión de 2005, Duhalde nos comunicó que el Presidente había decidido reimpulsar la reapertura de la causa”, relata Alicia, deseosa de contar una anécdota curiosa de aquella reunión. “Desde la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario nos habían retaceado la adhesión, pero en aquel entonces había un concejal, Agustín Rossi, que nos hizo llegar su apoyo. Me acuerdo como si fuera hoy que Duhalde me preguntó quién era Rossi y yo le conté que era un compañero, un concejal del Frente Grande.

Siempre se lo quise decir al Chivo”, dice entre risas sobre el actual presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria. El juicio empezó este año, cuando se cumplen las cuatro décadas de aquel 22 de agosto. Mientras tanto, y sin audiencias porque así lo decidió el Tribunal, desde el 15 hasta el 22 habrá en la ciudad patagónica actos políticos, charlas en las escuelas y actividades culturales. Allá está Ilda, allá irá Adriana y también Alicia. “Este juicio es histórico, por lo que fue pero más por lo que viene. Sostenido por la memoria durante 40 años, debe servir para que nunca más la sociedad, el poder político y cada uno de nosotros retrase ningún juicio, porque cuando la Justicia demora la condena, provoca daños irreparables”. Las palabras fueron escritas por Adriana, movilizada por la entrevista. Para ella, la masacre es un dolor que persiste.

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La sentencia será en octubre

Enrique Guanziroli dijo que sólo un incidente procesal fuera de lo común podría interrumpir el buen ritmo de las audiencias y que “octubre es un mes adecuado” para el fallo. Se vieron los films “Trelew” y “Ni olvido ni perdón”.

Por Rolando Tobarez

Parado entre las butacas del Cine Teatro “José Hernández” de Rawson y rodeado por 150 estudiantes secundarios, el juez Enrique Guanziroli confirmó que la esperada sentencia por la Masacre de Trelew se conocerá en octubre. Sólo algún incidente procesal fuera de lo común haría que esta predicción no se cumpla, ya que es lo único que interrumpiría el buen ritmo que tiene el proceso.

Jueces, fiscales, querellantes y defensores compartieron ayer el recinto con los chicos de las escuelas para la proyección de dos películas: los documentales “Trelew” y “Ni olvido ni perdón”, dos cintas que repasan los hechos de la semana de agosto de 1972. La presencia de los adolescentes fue respuesta a una convocatoria oficial, con la idea de que las nuevas generaciones se empapen de parte de la historia argentina que se juzga.
Informal, sin saco ni corbata, el presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia admitió: “Calculo que el fallo tendría que ser en octubre ya que estamos desarrollando un ritmo razonable”. Según el cronograma oficial sólo restan 13 testigos y una inspección a la Base Almirante Zar, escenario de los 19 fusilamientos que se juzgan.

“Todo esto que se ve ahora después hay que procesarlo intelectual y emocionalmente, no sólo los jueces sino que también las partes deben producirse primero –añadió el magistrado-. Es un ritmo razonable de desenvolvimiento de la audiencia de debate”.

Lo que vendrá después de los testigos ya no depende del tribunal: será el turno de los alegatos. “Esa parte tiene otro ritmo: el que producen las partes; luego de que aleguen fiscales y querellantes hay que dar plazo para que aleguen los defensores y es un imponderable que el tribunal nunca maneja”. Aún así, Guanziroli insistió con que “razonablemente, por cómo se están llevando a cabo las audiencias creo que octubre es un mes adecuado, salvo que surjan algunos otros elementos de estas pruebas que estamos viendo”.

Algunos testimonios de las dos películas que se vieron ayer no fueron dichos ante un juez o sus protagonistas ya murieron como para ser convocados. Por eso el valor probatorio de ambos documentales es relativo y dependerá de la interpretación que les dé el tribunal. Sin embargo, Guanziroli explicó que “su valor es interesante porque engarza con un montón de prueba que hemos visto en el curso de estas audiencias. Se agregan visiones de las personas que nosotros no tuvimos antes porque pasó mucho tiempo y después hubo secuelas”. En este sentido consideró que los films “son un elemento de juicio interesante pero no me quiero apresurar a la ponderación que harán primero las partes y al final nosotros”.

De todas formas, el presidente del tribunal aseguró que “el 90 por ciento” de los testimonios de las películas están incorporados a la causa. “Tienen algunas variaciones, cosa que es razonable a 40 años de antigüedad de un hecho, pero diría que esas variaciones no fueron muy notables”.
Guanziroli recordó que incluso hay registros que constan en el expediente pero no en las películas sobre el 22 de agosto del ´72. “Hay fotos de las cuales nos enteramos recién en el debate y también se incorporaron. En ese sentido el tribunal siempre es muy amplio en la incorporación de pruebas ya que después vendrá la evaluación de las partes primero y de los jueces al final”.

En cuanto a la presencia de los estudiantes, el magistrado comodorense explicó que “la experiencia que tiene este tribunal es que las audiencias orales y públicas son sumamente formativas en civilidad”. Junto con Pedro de Diego y Nora Cabrera de Monella -los jueces que lo acompañan- “hemos interpretado desde hace mucho, diría que hace más de 20 años, desde que funciona el tribunal, que los estudiantes pueden asistir en tanto estén acompañados por profesores que puedan ilustrar y explicarles o por sus padres”.

En este sentido, “luego de la presencia de los chicos en algunos juicios, los profesores les tomaban evaluaciones y eran mucho más positivas de lo que uno pueda pensar. Eso nos alentó a seguir en un camino en el cual este tribunal fue pionero en Argentina”

Un testimonio impactante en la Masacre de Trelew

Esa madrugada de agosto Agustín Magallanes se despertó por lo que describió como interminables ráfagas de metralleta.
“Al fondo del pasillo había sangre, algunos se arrastraban y se escuchaban quejidos de dolor”, relató Magallanes.
Por Rolando Tobarez

Despierto a la fuerza, la madrugada del 22 de agosto del ´72 Agustín Magallanes vio un grupo de oficiales discutiendo a los gritos en la entrada de los calabozos de la Base Almirante Zar. Aprovechó para colarse por el pasillo angosto y quedó mudo. “Vi los cuerpos amontonados tirados en el piso de la entrada, los detenidos inmóviles uno encima del otro, acribillados, hechos un colador de tiros. Al fondo del pasillo había sangre, algunos se arrastraban y se escuchaban quejidos de dolor”.

Antes se encontró a su jefe, el teniente Roberto Bravo, que prendía un cigarrillo sentado en un banco largo, ya fuera de la zona de los presos muertos. Habían pasado apenas minutos de los disparos. No se llevaba para nada bien con Magallanes. “Le pregunté qué había pasado y me contestó una incoherencia: Acá se termina mi carrera, me dijo. Luego me maltrató y me echó. Para mí fue una cosa impactante y traumática que me afectó”.

El testigo declaró ayer en el juicio por la Masacre de Trelew. Fueron 3 horas y media en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson con detalles clave para la causa. En agosto del ´72 era oficial de la Infantería de Marina y uno de sus superiores era el capitán Luis Emilio Sosa. La madrugada del 22 Magallanes dormía a pocos metros del lugar. Lo despertaron las ráfagas. “Fueron muchísimos tiros de secuencias muy largas, lo cual no era habitual porque lo que se aconseja son ráfagas cortas e interrumpidas. Era como si se hubiesen prendido al disparador de la ametralladora y no que a alguien se le haya escapado un disparo”.

Corrió a la guardia apenas vestido, junto con otros compañeros. Pensó que era un ataque a la Base. En el hall del edificio principal vio mucho desorden y gritos. Todos iban y venían. El lío era tal que a nadie se le ocurrió prender las luces. Se encontró con un suboficial de guardia. “Estaba refugiado en un rincón, arrinconado y asustado. Fue el primero que me dijo que los tiros venían del calabozo”.

No recuerda quién de los dos alertó por teléfono al jefe de la unidad, Rubén Paccagnini, quien llegó y empezó a discutir y repartir órdenes a los gritos. “Entró rápido y exaltado. Nunca lo había visto así. Pidió desalojar porque había muchos curiosos, como si fuese un accidente”. Magallanes aseguró que el único que trató de tranquilizar a la tropa fue el jefe de la Infantería de Marina, Alfredo Fernández.

En cuanto pudo llegó a los calabozos. Atravesó la discusión de los oficiales. Ya había médicos y enfermeros. Y cadáveres tirados con los pies sobre el pasillo y el tronco dentro de la celda. “El médico iba persona por persona tomando el pulso con un estetoscopio y un maletín, me pidió ayuda y tuve que correr los cuerpos de la entrada para que pudiera pasar. Los corrí, el médico pasó y se dedicó a los que estaban heridos. Ninguno había salido del pasillo”. Le dijo al tribunal que la ropa de los guerrilleros estaba rota por varios impactos de bala. Era fácil darse cuenta porque no estaban muy abrigados. Colaboró en la escena hasta que alguien lo echó.

Antes el testigo había sido contradictorio y casi no había dado estos detalles. Hasta que el fiscal federal Fernando Gélvez exigió que se lea su primera declaración, repleta de datos. “No puede ser que le falle la memoria justo ahora”, se molestó. “Si lo dije en esa ocasión lo sostengo. Sucede que no quiero resultar perjudicado por una palabra mal dicha ni confundir lo que realmente recuerdo con lo que leí luego acerca de los hechos”, se justificó Magallanes, temeroso del falso testimonio.

Luego de esa madrugada participó de la reconstrucción en los calabozos que ordenó el juez militar, Jorge Bautista, el 23 de agosto. Un fotógrafo subido a una escalera registró el simulacro y un uniformado lo escribió a máquina, paso por paso. Sobre una mesa las armas que se usaron. Quienes se ubicaron como tiradores fueron Bravo, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Marchant. Los dos primeros con pistola, los otros con metralleta. Ni Sosa ni el contador Raúl Herrera portaron armas.

Ese día Sosa relató la versión oficial ante Bautista, que Magallanes escuchó de primera mano: el capitán había pasado entre la fila de presos, le manotearon el arma, forcejeó y ordenó a los otros cuatro disparar. Ante el juez militar esos cuatro admitieron ser quienes abrieron fuego. Sosa se zambulló en un calabozo para no ser herido. “Sin embargo el pasillo era muy angosto y hombro contra hombro no cabían 3 personas, de eso estoy seguro”, aclaró el testigo entorpeciendo la versión. “Yo cerré los ojos porque simularon apuntarme a mí y eso me impresionó”. La distancia entre marinos y presos había sido muy poca. Otros militares presenciaron la reconstrucción de Bautista.

El día de la Masacre, como sucedió con todas las jerarquías, Magallanes y otros oficiales fueron reunidos por Fernández en una oficina de la Base. Oyeron la versión oficial del intento de fuga. “Yo la creí pero luego de la reconstrucción esa hipótesis entró en crisis. Yo no hubiese pasado armado entre dos filas de gente peligrosa”, le dijo al tribunal. “Eso no es lógico porque la única forma de pasar era tocarse y el consejo es poner distancia siempre”.

El testigo describió a Sosa como un militar “de esos que les gusta mortificar el cuerpo del resto de la gente para forjarse y hacerse más duro”. Magallanes era responsable de mantener el parque automotor de la Base. Pero igual el capitán lo hacía correr diez kilómetros cada mañana.

Días después de los hechos los protagonistas se esfumaron de Trelew. Sosa y Bravo ya eran fantasmas pero nadie se atrevió a preguntar por ellos. “Desaparecieron, dejaron de ejercer sus mandos y lo pude notar porque el contacto con ellos era parte de nuestra rutina y que por ejemplo, Bravo era quien recibía mi parte diario”, graficó Magallanes.

Entre ambos jefes “había una relación muy estrecha y se llevaban muy bien”. Según su recuerdo, “coincidían en la manera de conducirse y de hacer las cosas en el trabajo. Siempre estaban de acuerdo y Bravo solía apoyarse en Sosa, por lo cual no había posibilidad de modificar ni recurrir las decisiones que se tomaban”.

El testigo admitió que el personal de la Base se sorprendió al enterarse de la presencia de Herrera en los calabozos esa madrugada. “¿Qué hacía un contador en actividades así? Nos daba curiosidad porque no era lo habitual. Todo lo que pasaba era bastante anormal y yo traté de vivir en silencio todo lo que me tocó pasar”.

Magallanes confirmó lo que otros testigos contaron: Sosa fue el responsable de elegir y organizar a los hombres que serían parte de una guardia especial para los guerrilleros. Ese cuerpo sólo le respondía a él. “Separó a un grupo que se dedicaría a eso y no saldría de la Base. Él decidía quién saldría a rastrillajes y controles de tránsito y quiénes se quedaría al control de los detenidos”.

"En la Base Zar había olor a muerte y mucha gente nerviosa con estado de ánimo alterado"

 Lo reveló Carlos Neira, ex colimba en agosto del ´72. Dijo que la llegada de los presos a los calabozos alteró toda la rutina militar. Y que el clima que respiró esa semana lo golpeó muy fuerte por el resto de su vida. "Hubo cosas que no eran normales", aseguró. Datos de la entrega en el aeropuerto.
Explícito. Neira rememoró un clima espeso entre la jerarquía militar, movilizada por los fusilamientos.
Por Rolando Tobarez

Yo nunca lo había sentido pero lo que había era olor a muerte y hasta se pudo ver un camión bajando los ataúdes". Así relató el ex conscripto Carlos Alberto Neira lo que vio la tarde del 22 de agosto, en la Base Almirante Zar. Fue uno de los testigos que reanudó el juicio por la Masacre de Trelew, ayer en el Cine Teatro "José Hernández" de Rawson.

También recordó la llegada a la zona de dos colectivos con familiares de los 19 fusilados esa madrugada. "Fue un clima muy duro y lamentable porque había chiquitos y todos lloraban". A los presos los vio fugazmente, cuando alguna vez le tocó custodiar el pasillo mientras de a uno los conducían al baño desde los calabozos.

En 1972 Neira era un oficinista más de la Base. Pero el 21 de agosto le tocó hacer guardia en una entrada a Rawson. Como jugaba de local conocía a más gente que sus compañeros y controlaba mejor. Le llamó la atención el movimiento nocturno de vehículos de la Marina hacia la capital, que hacían señas de luces para pasar. "Oí que llamaban al regimiento de Esquel para pedir refuerzos y custodiar el dique; eso me intrigó", le dijo ayer al tribunal.

Ya eran las 7 del 22 de agosto. Un tal teniente Galíndez llegó a ese puesto de guardia. Ansioso, Neira le preguntó qué había pasado. Insistió. "Lo único que me dijo fue que había un intento de evasión y varios muertos". Regresó a la Base y olió la muerte. Supo de los sobrevivientes porque le preguntaron su grupo sanguíneo. Habían donado marinos de todos los grados.

"Había mil versiones, tantas como las que se dijeron en radio, televisión, revistas y diarios. Los oficiales decían que habían intentado escaparse y había gente con preocupaciones diferentes: algunos por lo que había pasado y otros porque se quedaban sin franco", dijo el testigo. Según su recuerdo los presos políticos "no podían escaparse a ningún lado porque el sector era cerrado y estaba siempre muy custodiado". Neira calculó que entre todas las divisiones, en la Base había 1.200 uniformados.

En la unidad todo cambió con la llegada de los detenidos tras su entrega en el aeropuerto. La rutina militar se disolvió y los tratos personales se endurecieron. "El clima era muy desagradable y había mucha gente nerviosa, con estados de ánimo alterados. Hubo cosas que no eran normales, como que un oficial rete a un suboficial a los gritos delante de la tropa; nunca había visto un trato así", graficó.

El ex colimba percibió que las órdenes y los horarios se trastocaron. "Yo mismo soy un ejemplo porque nunca había hecho guardia, pero la noche del 21 sí". Neira casi se quebró al explicar que "tenía 21 años y hacía un servicio militar que no había elegido. Todo esto me golpeó muy fuerte porque me quedó la gran duda de qué había pasado. Uno se siente muy mal y es desagradable". Ya ni siquiera volvió a trabajar a su oficina, a la que definió como "zona intangible". Es que la habían usado para interrogar a los fusilados.

El 15 de agosto era feriado pero ante la toma del aeropuerto, Neira se tomó el primer vehículo militar que fue al lugar para ayudar a su jefe, el teniente Troitiño, que megáfono en mano exigía la entrega de los 19 fugados. De lo contrario su orden era atacarlos. "Me dijo que el tema estaba complicado. Había luz hacia afuera pero el interior del edificio estaba oscuro y por los parlantes del aeropuerto nos advertían que si avanzábamos, iban a disparar. Tampoco querían entregarse".

Cuando todos dudaban llegó el capitán Sosa. Le dijo a Troitiño que iba a parlamentar pero cuando escuchó la advertencia de los fugados retrocedió: "Si atacamos esto va a ser una masacre". Sosa se decidió, tiró al piso su casco y su cartuchera y se metió al aeropuerto pese a la amenaza de abrir fuego de los guerrilleros. Adentro les prometió regresarlos a la Unidad 6 de Rawson. Neira fue testigo de la entrega de las armas y del acuerdo con los marinos.

El micro se desvió a la Base. "Al llegar a la guardia había lío porque les prometieron llevarlos al penal pero los fugados no sabían que estaba tomado. Estaban recalientes y recriminaban que no se había cumplido lo pactado. Por eso hubo revuelo", relató Neira, quien aclaró que el operativo de esos días trágicos "no era algo muy organizado militarmente". Él mismo seguía con pantalón de civil, por el apuro

Masacre de Trelew: dos ex conscriptos echaron por tierra la versión de la fuga

Carlos Neira y Walter Steiner cumplían el servicio militar obligatorio en la Base Almirante Zar al momento de la histórica fuga del penal de Trelew. Aseguraron que desde el primer momento la explicación oficial de la matanza era inverosimil.
 

Por: Gerardo Aranguren

Dos ex conscriptos que hicieron el servicio militar obligatorio en la Base Almirante Zar declararon ayer en el juicio oral por la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972 en el reinicio de las audiencias luego del receso de invierno. A las 10:30, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dio inicio al debate en el que se escucharon los testimonios de Carlos Neira y Walter Steiner, dos ex conscriptos destinados a la Base Aeronaval de Trelew durante la toma y fuga del Penal de Rawson, la posterior captura y el fusilamiento de los 19 presos políticos que no lograron escapar.
Con su voz cavernosa, que retumbaba en el Centro Cultural José Hernández de Rawson, Neira recordó como "difíciles" esos momentos que debió pasar como soldado a los 21 años cuando cumplía funciones administrativas en el edificio de guardia. Desde Buenos Aires, los acusados Luis Emilio Sosa, Rubén Paccagnini, Emilio del Real y Carlos Marandino seguían su testimonio por videoconferencia en el Consejo de la Magistratura.
"Hubo un intento de evasión, hay varios muertos", fue lo primero que escuchó el ex colimba sobre la masacre. Se lo comentó un superior mientras prestaba funciones en un control policial en el ingreso de Rawson al que había sido designado desde que los detenidos habían sido trasladados a los calabozos de la Base.
Al día siguiente, a las 13 o 14 del 22 de agosto, volvió a la Base Aeronaval. Neira no encontró las palabras para describir el clima que se vivía: "No conozco el olor, pero se podría decir que había olor a muerto", señaló y recordó haber visto cómo bajaban de un camión los ataúdes que iban a destinar para los 16 militantes asesinados esa madrugada.
"Mil versiones empezaron a circular. La versión oficial era que habían intentado escapar pero desde el primer momento en que me lo dijeron no lo podía creer porque no podían ir a ningún lado en los calabozos, era muy cerrado, tenían que salir por la guardia y estaba muy custodiada, por cuatro o cinco personas."
Al ser consultado sobre los sobrevivientes, el testigo recordó que cuando llegó a la Base ese día le preguntaron cuál era su grupo sanguíneo. "Había movimiento en la enfermería y todos habían estado dando sangre, pero la mía no les servía", agregó. Según los testimonios de los tres sobrevivientes, la sangre habría sido para María Antonia Berger, quien recibió atención médica junto a Alberto Camps y Ricardo Haidar recién diez horas después de que los ametrallaran.
"¿Dónde estaba el 15 de agosto, el día de la fuga?", le preguntó la fiscalía. "Estaba de franco porque era feriado. Cuando me enteré, me presenté en la Base y de ahí fui al Aeropuerto de Trelew", en ese momento todavía tomado por los 19 presos políticos que no habían logrado llegar a tiempo. Estaba a cargo el teniente Miguel Troitiño hasta que llegó el capitán Luis Emilio Sosa, ahora acusado en el juicio, señalado como quien junto a Roberto Bravo dispararon los tiros de gracia a los detenidos. "Va a ser una masacre esto, así que voy a ir", escuchó Neira que le dijo Sosa a Troitiño e ingresó al Aeropuerto luego de quitarse la cartuchera con su arma. "Salió a los 20 minutos y dio instrucciones para llevar un vehículo para cuando se entregaran." Luego de rendirse, los 19 presos fueron llevados a la Base Almirante Zar. Cuando llegó el testigo junto al resto del personal militar no pudo ingresar “porque había algún lío” ya que “Sosa les había prometido que los iba a llevar al penal de Rawson y en cambio los habían llevado a la base”, recordó

“El muerto genera protesta y movilización. El desaparecido, paralización total”

La directora y guionista del documental Trelew Mariana Arruti asistió junto a Soledad Capello, madre del fusilado Eduardo Capello, a una charla para estudiantes de la escuela de periodismo TEA. Allí, a poco de cumplirse cuarenta años de la Masacre de Trelew, hablaron de sus experiencias en torno al hecho histórico.

“El muerto genera protesta y movilización. El desaparecido, paralización total”, afirmó Mariana Arruti ante alumnos de TEA el lunes 21 de mayo en el Paseo La Plaza. Sostuvo que a partir del asesinato de los dieciséis presos políticos en Trelew, la última dictadura militar entendió que los muertos se convirtieron en héroes, y sus rostros en los símbolos de lucha. Por eso, años más tarde, decidieron crear la figura del desaparecido como diseño represivo, para difundir terror e inmovilización social.

Por otra parte agregó: “La Masacre de Trelew de 1972 puso en jaque la dictadura de Lanusse y dinamizó el proceso de apertura democrática, porque generó un estado de conciencia social y de enfrentamiento con el gobierno de facto”.

Ante la pregunta de un alumno, la cineasta contó que decidió hacer el documental porque “la última dictadura había concentrado toda la atención, y este acontecimiento había quedado por afuera de lo que es la historia de la represión en nuestro país, como si allí no hubiese existido terrorismo de Estado”. Y sumó: “Esta historia ayuda a comprender que el proceso represivo se venía construyendo desde mucho tiempo antes”.

Por su parte, Soledad Capello habló del trágico asesinato de su hijo Eduardo. “Nunca nos comunicó que se iba a fugar. Mi hijo fue el primero en ser fusilado. Hicimos abrir el cajón para saber si era él y en qué condiciones estaba. Tenía dos tiros en la cabeza”, recordó.

También contó que en el marco del juicio que se lleva a cabo actualmente en Rawson, donde están imputados siete marinos que desempeñaban tareas en la base Almirante Zar, empieza a surgir un resquebrajamiento de la versión que desde 1972, la Marina mantiene intacta, y que ya no es unánime la mirada sobre la masacre.

Encontraron carpetas vinculadas con la masacre de Trelew en un depósito de la Armada

Se trata de copias de las demandas civiles que realizaron familiares de las víctimas, donde los abogados militares reconocen la responsabilidad de los marinos. Los originales estaban “perdidos” y estos papeles se hallaban en un depósito sin archivar, catalogados como “secretos”.

Seis carpetas con información inédita relativa a la Masacre de Trelew fueron integradas como prueba en el juicio que lleva el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia para determinar las responsabilidades de un grupo de militares en los fusilamientos de 16 presos políticos, cometidos el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de aquella ciudad chubutense. Los papeles estaban escondidos en un pequeño cuarto de un depósito de la Armada que permaneció cerrado bajo llave hasta hace unos meses. Los documentos estaban catalogados como información “secreta”. Para las querellas que intervienen en el juicio, las carpetas son “muy valiosas”. Se trata, en gran parte, de copias de los expedientes de las demandas civiles que familiares de algunas de las víctimas realizaron contra la Armada no bien se cometieron los crímenes y que atesoró la defensa jurídica de las Fuerzas Armadas. Testimonios inéditos y anotaciones personales de los abogados militares en las que reconocerían la responsabilidad de los marinos en los hechos son los aportes más importantes de los hallazgos, ocultos durante casi 40 años.

A principios de la semana pasada, el TOF integrado por Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella puso a disposición de las partes que intervienen en el juicio por la Masacre de Trelew una parva de papeles amarillentos que había recibido en mano del Ministerio de Defensa. Fue la respuesta que esa cartera ofreció al tercer pedido realizado por los magistrados sobre el sumario militar 1/72, la investigación de fajina que Jorge Bautista, acusado de encubridor en el juicio, elaboró sobre los fusilamientos de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart, además del intento de asesinato de María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps, sobrevivientes.

Tras poco más de dos años de trabajo de investigación, la Dirección de Derechos Humanos de la cartera dirigida por Arturo Puricelli halló en el depósito de documentación de la Armada “expedientes, carpetas, papeles sueltos con el sello de ‘secreto’”, describió la titular de ese organismo, Stella Segado (ver aparte). Mezcladas entre esa información clasificada, descansaban las seis carpetas que viajaron a Rawson y que contienen, en concreto, el seguimiento que realizó la Armada de los juicios civiles que familiares de algunas de las víctimas iniciaron a miembros de la fuerza por los fusilamientos (ver aparte). Las carpetas poseen fotocopias de dictámenes, de presentaciones realizadas por las partes en esos juicios y de pericias, además de anotaciones personales de los abogados que defendieron a los militares acusados en esas investigaciones. Gran parte de los señalados en aquellas denuncias coincide con los que están siendo acusados en el juicio actual: los militares retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini, además del ex teniente Guillermo Bravo.

Según un primer análisis realizado por las querellas son dos, por el momento, los datos más relevantes que surgen de esos documentos. Por un lado, la declaración que Raúl Herrera –un capitán de la Armada que se desempeñaba como contador dentro de la estructura militar y que según la acusación fue partícipe de los fusilamientos– dio ante la Justicia civil. Es importante porque es la primera palabra de Herrera sobre los hechos que podrá leerse: está muerto. Por esa razón no está acusado hoy.

“Era el único de los acusados que entonces quedaba en Argentina al momento de la investigación civil, su testimonio certifica que la gran mayoría de los partícipes de los asesinatos fueron trasladados por la Armada al exterior”, detalló Germán Kexel, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La “huida” de personajes como Bravo, Sosa o Del Real “queda demostrada en varios papeles de esas carpetas. También el hecho de que la fuerza hizo todo lo posible por que no declaren, siquiera a la distancia”, remarcó. En su testimonio, Herrera da su punto de vista de los hechos que, si bien se adecua a la “versión oficial” que ubica a los fusilamientos como una reacción a un intento de fuga de parte de los presos políticos, “plantea algunas fisuras que sirven para solventar la hipótesis de la Secretaría de Derechos Humanos”, mencionó el abogado.

Por otro lado, existe entre los papeles de trabajo de los abogados de la Armada un dictamen escrito de puño y letra por Jorge Ibarborde, uno de ellos, y presentado en el marco del juicio civil iniciado por la familia de Sabelli. Allí, el letrado recomienda que el Estado –en esos tiempos bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse– “se allane” a las denuncias, se declare culpable de las muertes. “Llego a la conclusión de que el juicio probablemente se encuentre perdido para el Estado nacional (ya que) las pruebas producidas traen un relativo conocimiento sobre la falta de intención de fugarse por parte de Sabelli (lo) que la convierte en víctima inocente”, apunta el escrito y concluye: “Teniendo en cuenta la imagen perjudicial ante la opinión pública que traería una sentencia condenatoria, deberíamos allanarnos”.

“Jurídicamente, el aporte de los expedientes es muy importante ya que demuestra todo lo que los abogados de la Marina trabajaron para tratar de que la causa no trascendiera al ámbito político. Los documentos son valiosos porque en ellos los abogados de la Armada reconocen que sus defendidos mataron a los dieciséis presos políticos en la Base”, sostuvo Mariano Rico, colega de Kexel.

El fiscal de Rawson, Fernando Gelvez –quien comparte la posición con su par de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz–, entendió que las carpetas son “una pieza más en el rompecabezas de los hechos que obtendrá su verdadero valor al ser puesta en relación con el resto de las pericias y testimonios” en la etapa de los alegatos.

“Las constancias de los abogados de la Armada dan por perdidos los juicios debido a que las pruebas aportadas en la investigación eran suficientes para determinar sus culpas”, dice Eduardo Hualpa, uno de los letrados a cargo de la querella de los familiares de las víctimas de la masacre. Para Hualpa, las seis carpetas “son información original de registros que la Armada realizó sobre la investigación que miembros de la fuerza debieron afrontar como acusados de cometer los fusilamientos de Trelew que demuestra que esos procesos judiciales realmente existieron”. Hasta el momento, sólo las pruebas aportadas por la testigo Alicia Bonet, compañera del militante asesinado, hablaban de esos juicios, de cuya existencia la Justicia tiene constancia pero no documentación: “La incineraron, se destruyó”, mencionó Hualpa. Rico, en tanto, consideró que los papeles son “fundamentales” para “apuntalar” la hipótesis de la secretaría: que la masacre fue “parte de una política de Estado de perseguir, reprimir y eliminar a todo actor político que hubiera en la sociedad y que se opusiera a su dirección”.
Parte de los documentos aportados a la Justicia por la Dirección de Derechos Humanos, de Defensa