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jueves, 26 de noviembre de 2015

Señalizan la Base Almirante Zar como lugar de Memoria

Meses atrás, el viejo aeropuerto fue declarado Lugar Histórico Nacional

La base aeronaval fue escenario de la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972, donde fuerzas de seguridad fusilaron a 16 guerrilleros que se habían fugado del penal de Rawson,  y posteriormente en el aeropuerto de Trelew se habían rendido con presencia de un juez y de numerosos medios de prensa.

Luego de la condena a la mayoría de los responsables de la “Masacre de Trelew” –y tras haberse recuperado el Aeropuerto Viejo de la ciudad como sitio de memoria–, quedaba concluir la etapa de señalización de la Base. 

Allí, fueron fusilados: Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Marandino por los asesinatos de 16 guerrilleros de PRT-ERP, de FAR  y de MONTONEROS.

lunes, 2 de julio de 2012

Encontraron carpetas vinculadas con la masacre de Trelew en un depósito de la Armada

Se trata de copias de las demandas civiles que realizaron familiares de las víctimas, donde los abogados militares reconocen la responsabilidad de los marinos. Los originales estaban “perdidos” y estos papeles se hallaban en un depósito sin archivar, catalogados como “secretos”.

Seis carpetas con información inédita relativa a la Masacre de Trelew fueron integradas como prueba en el juicio que lleva el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia para determinar las responsabilidades de un grupo de militares en los fusilamientos de 16 presos políticos, cometidos el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de aquella ciudad chubutense. Los papeles estaban escondidos en un pequeño cuarto de un depósito de la Armada que permaneció cerrado bajo llave hasta hace unos meses. Los documentos estaban catalogados como información “secreta”. Para las querellas que intervienen en el juicio, las carpetas son “muy valiosas”. Se trata, en gran parte, de copias de los expedientes de las demandas civiles que familiares de algunas de las víctimas realizaron contra la Armada no bien se cometieron los crímenes y que atesoró la defensa jurídica de las Fuerzas Armadas. Testimonios inéditos y anotaciones personales de los abogados militares en las que reconocerían la responsabilidad de los marinos en los hechos son los aportes más importantes de los hallazgos, ocultos durante casi 40 años.

A principios de la semana pasada, el TOF integrado por Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella puso a disposición de las partes que intervienen en el juicio por la Masacre de Trelew una parva de papeles amarillentos que había recibido en mano del Ministerio de Defensa. Fue la respuesta que esa cartera ofreció al tercer pedido realizado por los magistrados sobre el sumario militar 1/72, la investigación de fajina que Jorge Bautista, acusado de encubridor en el juicio, elaboró sobre los fusilamientos de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart, además del intento de asesinato de María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps, sobrevivientes.

Tras poco más de dos años de trabajo de investigación, la Dirección de Derechos Humanos de la cartera dirigida por Arturo Puricelli halló en el depósito de documentación de la Armada “expedientes, carpetas, papeles sueltos con el sello de ‘secreto’”, describió la titular de ese organismo, Stella Segado (ver aparte). Mezcladas entre esa información clasificada, descansaban las seis carpetas que viajaron a Rawson y que contienen, en concreto, el seguimiento que realizó la Armada de los juicios civiles que familiares de algunas de las víctimas iniciaron a miembros de la fuerza por los fusilamientos (ver aparte). Las carpetas poseen fotocopias de dictámenes, de presentaciones realizadas por las partes en esos juicios y de pericias, además de anotaciones personales de los abogados que defendieron a los militares acusados en esas investigaciones. Gran parte de los señalados en aquellas denuncias coincide con los que están siendo acusados en el juicio actual: los militares retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini, además del ex teniente Guillermo Bravo.

Según un primer análisis realizado por las querellas son dos, por el momento, los datos más relevantes que surgen de esos documentos. Por un lado, la declaración que Raúl Herrera –un capitán de la Armada que se desempeñaba como contador dentro de la estructura militar y que según la acusación fue partícipe de los fusilamientos– dio ante la Justicia civil. Es importante porque es la primera palabra de Herrera sobre los hechos que podrá leerse: está muerto. Por esa razón no está acusado hoy.

“Era el único de los acusados que entonces quedaba en Argentina al momento de la investigación civil, su testimonio certifica que la gran mayoría de los partícipes de los asesinatos fueron trasladados por la Armada al exterior”, detalló Germán Kexel, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La “huida” de personajes como Bravo, Sosa o Del Real “queda demostrada en varios papeles de esas carpetas. También el hecho de que la fuerza hizo todo lo posible por que no declaren, siquiera a la distancia”, remarcó. En su testimonio, Herrera da su punto de vista de los hechos que, si bien se adecua a la “versión oficial” que ubica a los fusilamientos como una reacción a un intento de fuga de parte de los presos políticos, “plantea algunas fisuras que sirven para solventar la hipótesis de la Secretaría de Derechos Humanos”, mencionó el abogado.

Por otro lado, existe entre los papeles de trabajo de los abogados de la Armada un dictamen escrito de puño y letra por Jorge Ibarborde, uno de ellos, y presentado en el marco del juicio civil iniciado por la familia de Sabelli. Allí, el letrado recomienda que el Estado –en esos tiempos bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse– “se allane” a las denuncias, se declare culpable de las muertes. “Llego a la conclusión de que el juicio probablemente se encuentre perdido para el Estado nacional (ya que) las pruebas producidas traen un relativo conocimiento sobre la falta de intención de fugarse por parte de Sabelli (lo) que la convierte en víctima inocente”, apunta el escrito y concluye: “Teniendo en cuenta la imagen perjudicial ante la opinión pública que traería una sentencia condenatoria, deberíamos allanarnos”.

“Jurídicamente, el aporte de los expedientes es muy importante ya que demuestra todo lo que los abogados de la Marina trabajaron para tratar de que la causa no trascendiera al ámbito político. Los documentos son valiosos porque en ellos los abogados de la Armada reconocen que sus defendidos mataron a los dieciséis presos políticos en la Base”, sostuvo Mariano Rico, colega de Kexel.

El fiscal de Rawson, Fernando Gelvez –quien comparte la posición con su par de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz–, entendió que las carpetas son “una pieza más en el rompecabezas de los hechos que obtendrá su verdadero valor al ser puesta en relación con el resto de las pericias y testimonios” en la etapa de los alegatos.

“Las constancias de los abogados de la Armada dan por perdidos los juicios debido a que las pruebas aportadas en la investigación eran suficientes para determinar sus culpas”, dice Eduardo Hualpa, uno de los letrados a cargo de la querella de los familiares de las víctimas de la masacre. Para Hualpa, las seis carpetas “son información original de registros que la Armada realizó sobre la investigación que miembros de la fuerza debieron afrontar como acusados de cometer los fusilamientos de Trelew que demuestra que esos procesos judiciales realmente existieron”. Hasta el momento, sólo las pruebas aportadas por la testigo Alicia Bonet, compañera del militante asesinado, hablaban de esos juicios, de cuya existencia la Justicia tiene constancia pero no documentación: “La incineraron, se destruyó”, mencionó Hualpa. Rico, en tanto, consideró que los papeles son “fundamentales” para “apuntalar” la hipótesis de la secretaría: que la masacre fue “parte de una política de Estado de perseguir, reprimir y eliminar a todo actor político que hubiera en la sociedad y que se opusiera a su dirección”.
Parte de los documentos aportados a la Justicia por la Dirección de Derechos Humanos, de Defensa

viernes, 29 de junio de 2012

Masacre de Trelew: el juicio se reanuda en julio

Pepe Castro pieza clave en la "negociación"
RAWSON (AV)- Concluyó ayer -29/06/12-  una nueva semana de audiencias en el juicio oral y público que se realiza en esta capital, en el que se juzga a cinco militares que habrían tenido responsabilidad en la denominada Masacre de Trelew, ocurrida en la base naval Almirante Zar el 22 de agosto de 1972 y en la que murieron 16 presos políticos y otros tres resultaron gravemente heridos.

El proceso se interrumpirá ahora hasta el 25 de julio próximo cuando tras las feria judicial se reanuden las declaraciones. Se calcula que para setiembre podría conocerse la sentencia contra los imputados, Rubén Paccagnini, Carlos Marandino, Luis Sosa, Emilio Del Real y Jorge Bautista. El lunes último comenzó la audiencia a las 17, con la reproducción de los testimonios que tomó el tribunal al recientemente fallecido secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde -quien fue abogado defensor de presos políticos- y a un ex integrante de la Armada.

Pero una de las declaraciones más fuertes de la semana fue la que correspondió al periodista, director y hoy dueño de LU 17 Radio Golfo Nuevo, Héctor "Pepe" Castro. Según explicó uno de los fiscales, Fernando Gelves, fue "un testimonio muy sustancioso". Castro presenció lo que fue la negociación y el traslado de los detenidos al Aeropuerto donde fueron capturados tras haberse fugado de la Unidad 6 de Rawson el 15 de agosto de 1972.

El periodista relató quiénes fueron los civiles que estaban en ese momento y destacó que junto al juez federal de entonces, un médico y otros periodistas abordaron el micro que iba a conducir a los presos políticos nuevamente a la cárcel. Estuvieron unos diez minutos sin moverse hasta que el jefe de la base Zar, Rubén Paccagnini, hizo bajar a los civiles. Ayer, en diálogo con Radio Nacional Viedma, Gelves dijo que Castro recordó en su testimonio que "Paccagnini le informó al juez Godoy que había un cambio de planes y que el presidente Lanusse había dispuesto que había una zona de emergencia y que tenían que ir a la base Zar, a lo que Godoy se opuso porque la negociación era otra, ya que los detenidos temían por su integridad física", dijo el fiscal.

Por otro lado, Castro relató que pocas horas después de la masacre se envió a Rawson a la Gendarmería a preguntar porque había una esposa de un detenido de la Unidad 6 que no sabía nada de su marido. Lo atendió un militar de apellido Borzone que le contó que había ocurrido un hecho de sangre en la base Zar y que él había estado en el lugar, que se había manchado los borceguíes con sangre y que había presenciado un intento de suicidio de Paccagnini.

martes, 5 de junio de 2012

Trelew: el juicio por la masacre, entre silencios y dramatismo

Acusados. Los ex marinos Bautista, Sosa, Del Real y Paccagnini, ayer, en el juicio por la Masacre de Trelew.

La segunda audiencia por la Masacre de Trelew terminó poco antes de las 15. Los cinco procesados salieron por una puerta lateral y en soledad. Y con toda tranquilidad flanquearon las vallas de seguridad que rodean al escenario del juicio. Resultó impactante ver a Roberto Paccagnini, uno de los acusados, caminar por la calle lentamente con las manos en los bolsillos comentando vaya a saber qué con su abogado. El tibio sol de otoño de la tarde patagónica cobijó también a Hilda Toschi, esposa de Humberto Adrián Toschi uno de los fusilados, que a pocos metros dejaba el boulevard del centro cívico de Rawson y caminaba en la misma dirección que Paccagnini sin darle mayor importancia.

Con la misma paz se retiraron los otros procesados. Nadie interrumpió sus caminos con algún insulto o alguna provocación. Como durante las audiencias, se movieron entre la gente con total comodidad. Al contrario de lo que ocurrió en otros juicios por delitos de lesa humanidad, en Rawson los acusados no pasan por momentos ingratos. Hasta uno de ellos (el mismo Paccagnini) dijo el nombre del hotel donde se aloja en Trelew cuando debió presentarse, micrófono en mano, ante el tribunal.

Pero también, los supuestos victimarios suelen compartir lugares pequeños con familiares de las víctimas. Así lo cuenta Alicia Bonet (esposa de Rubén Pedro Bonet, otro de los fusilados) en una carta que escribió a “todos los que me dan fuerza para seguir luchando”. Alicia contó que tras una jornada de mucha actividad volvió al hotel donde se aloja: “estuvimos en el bar y tomamos en té al lado del represor Bautista y su abogado ”. Bautista está siendo juzgado por supuesto encubrimiento. La mujer de Bonet criticó a las Madres de Plaza de Mayo porque “a los familiares nos pusieron muy histéricos ya que ellas actúan a esta altura como vedettes y acaparan todo el espectáculo”. Y dijo que fue como recibir una paliza enterarse que “todos los acusados están libres”.

La sala del Centro Cultural ayer no estuvo repleta como en la primera audiencia realizada el lunes. Así, con absoluta tranquilidad y algunas impresiones fuertes por la lectura de las indagatorias de 2008, ya que los cinco acusados se negaron a declarar en el juicio, transcurrió la audiencia. La madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 integrantes de organizaciones armadas fueron fusilados en los calabozos de la Base Almirante Zar de esa ciudad de Chubut. Aunque tres sobrevivieron . Una semana antes habían fugado de la Unidad Seis de Rawson junto a otros 6 jefes que lograron huir a Chile. El resto no llegó a tiempo y se rindió en el aeropuerto viejo de Trelew. Por las muertes son juzgados los ex marinos Luis Sosa, Carlos Marandino, Emilio Del Real, Roberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista.

Hilda Toschi esperaba a afuera (no puede ingresar por ser testigo) y le dijo a Clarín: “El juicio nos trae un poco de alivio. Pero los queremos ver presos. Que no nos digan que son ancianos.

Ayer declararon por videoconferencia Hernán Bonet, hijo de Rubén Pedro Bonet, y Rubén Oscar Suárez, expreso político del penal de Rawson. Este último, quien no llegó a fugarse, pudo relatar los vejámenes a los que eran sometidos mientras permanecían en el penal y también explicó cómo se producía la persecución política en esos años.

Yo hubiese querido que mi marido también llegara a esta edad. Pero no lo dejaron”.
Por Carlos Guajardo

jueves, 24 de mayo de 2012

A 40 años de la masacre de Trelew, los hijos de Urondo presentaron la reedición de “La patria fusilada”

Angela Urondo, hija del poeta y periodista asesinado en 1976 en Mendoza.
Javier y Ángela Urondo presentaron este lunes en Santa Fe -ciudad natal de su padre- la reedición de “La patria fusilada”, la célebre obra que el poeta y periodista asesinado por la última dictadura cívico militar escribió sobre la Masacre de Trelew. Junto al editor, Daniel Riera, destacaron la importancia política y cultural del acontecimiento, en momentos donde los responsables de las 19 muertes le rinden cuentas a la justicia por su accionar represivo. El subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froidevaux, acompañó a los hijos de Paco en la presentación y los invitó a visitar la provincia cuando en agosto se cumplan exactamente 40 años de la masacre relatada en el libro, por la cual se organizarán una serie de actividades.
La obra se encontró durante 25 años descatalogada, motivo por el cual su reedición en estos momentos constituye un aporte muy valioso a la memoria colectiva del pueblo argentino. Además, cobra un significado especial al relanzarse paralelamente al desarrollo del juicio que investiga los 19 asesinatos que allí se relatan, como así también al proceso por delitos de lesa humanidad llevado adelante en Mendoza, donde Urondo fue asesinado.

Javier destacó la personalidad de su padre, quien “vivió del deseo y no del dogma” y siempre “entendió la militancia desde lo político y no desde lo militar”. Ángela, por su parte, relató que fue la encargada de ilustrar la tapa de la reedición, ya que fue convocada a tal fin por su condición de dibujante e hija del autor: “Me emociona ser parte de algo de papá”, expresó.

“Es un libro imprescindible, pero muy difícil de ser leído”, agregó, argumentando que su contenido le produce un alto impacto emocional.

En esa línea, la hija menor del escritor consideró que “estamos viviendo una situación política totalmente distinta” a la que le tocó atravesar la última vez que visitó Santa Fe, en 2005, donde recién Néstor Kirchner anunciaba la derogación de las leyes que garantizaban a los represores la impunidad.

Froidevaux, quien tiene una relación cercana con los hijos de Urondo por compartir la militancia en reclamo de juicio y castigo, invitó a que la presentación de la reedición de “La patria fusilada” se desarrolle también en Entre Ríos, en el marco de las actividades que la Subsecretaría que encabeza llevará adelante cuando se cumplan 40 años de la Masacre de Trelew.

sábado, 19 de mayo de 2012

“Poema donde Rubén Pedro Bonet escribe a sus hijos”

Los que lo conocieron pueden atestiguar
que era un duro militante.
Igual lo saben sus torturadores
que no lograron sacarle una palabra.
Pero también es bueno que se recuerde
que su última carta la escribió a Hernán y Mariana
sus hijos de 5 y 4 años.
recién llegado al penal de Rawson
les contó cómo había viajado desde Buenos Aires.
Primero en un camión de celdas sin día y sin noche
y luego en un avión esposado al asiento.
Pero él lo decía como si fuera
una hermosa aventura en la Malasia
-no se olviden de que era para sus hijos-
También les contó que en el penal hacía frío
pero que a él tanto frío le gustaba
y que fumaba y que leía y que tenía en la pared
de su celda pegada la foto de Hernán y de Mariana
junto a la de Carlitos Chaplin.
Les pedía a sus hijos que lo vinieran a visitar
si era posible para el 9 de julio.
Que no faltaran a clase y que le contestaran la carta.
Como Hernán y Mariana no sabían escribir
le enviaron sus dibujos
donde el duro militante tenía en vez de manos raíces
y un alto sombrero de payaso.
El día que se fugó del penal
se ató del cuello una carterita de cuero marrón
con las fotos de sus hijos la de Chaplin y los dibujos
y aún la llevaba cuando lo asesinaron
en la base naval
bien cerca del mar y de una playa
con enormes negras gaviotas.

Vicente Zito Lema

Masacre: la viuda de Bonet ofreció exhumar el cuerpo

El cadáver está en un nicho de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Ayer la querellante presentó autopsias que confirman que lo remataron 9 horas después de recibir ráfagas de ametralladora. Y le dijo al tribunal que si no condena a los 5 marinos acusados, “yo igual seguiré luchando”.
Bolso con pruebas. Auxiliada por el secretario del tribunal, Bonet se sienta junto con su documentación.


Alicia Bonet le ofreció al tribunal que juzga la Masacre de Trelew que de ser necesario, se exhume el cuerpo de su marido, Rubén Pedro, que reposa en un nicho de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los 19 fusilados la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. La intención de la querellante es que los médicos verifiquen que su esposo recibió un tiro de gracia en la nuca luego de sobrevivir 9 horas en la morgue militar. Pese a que pasaron 40 años, se cree que restos como el cráneo siguen intactos y conservan la huella de aquel balazo mortal. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dio por presentada la idea.

Durante 4 horas y ante más de un centenar de personas en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson, Bonet repasó su vida de casada, la fuga de Rawson, los hechos de la Base, su pase a la clandestinidad y su búsqueda de justicia. La escucharon hasta alumnos del Colegio Padre Juan Muzio de Trelew. La audiencia se cerró con su consejo de revisar el cadáver. En el ´72 Rubén fue enterrado pero ahora comparte nicho con sus padres. “Siempre estuve dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para demostrar que lo que declaré es verdad y por si quedaba alguna duda me quedaba la última instancia: que tomen los huesos porque el agujero que tiene es imposible de borrar. Ya di lo máximo que pude”.

Pasaron cuatro décadas pero Alicia recordó que, por ejemplo, el Equipo de Antropología Forense identifica restos óseos de víctimas de la dictadura en peores condiciones que los de su ex esposo. “Sólo hace falta mostrar que tiene una entrada de bala enorme que le rompió el cráneo. Es un tiro de gracia y con eso, ya no se puede pedir más testimonio”.

Bonet es testigo y a la vez querellante. Ayer presentó amplia documentación de la Masacre, su archivo personal. La mayoría consta en la causa pero su valor como prueba es relativo: muchas son fotocopias de originales perdidos o destruidos. Su importancia para la sentencia dependerá del tribunal.

Una causa que ya no está

Por ejemplo, a la semana de la balacera, Bonet inició juicio a la Armada Argentina por el asesinato de su esposo. Pero fue una causa civil que la justicia destruyó por el paso del tiempo, como es regla. Ese expediente contenía una autopsia clave, del 26 de octubre del ´72. Además de balazos en el pecho, brazo derecho y abdomen, los médicos hallaron un disparo en la cabeza que entró cerca de la oreja izquierda y salió por encima de la ceja.

Según la pericia –fue destruida- las primeras lesiones fueron con Bonet de pie. Pero el último balazo fue con arma de puño, de atrás hacia adelante y a muy corta distancia. Él estaba caído y su cabeza apoyada en el piso. Se trató del tiro de gracia. Los forenses lo describieron pero no lo nombraron así. Como “no llamaron las cosas por su nombre”, la viuda impugnó la pericia, hasta que los médicos le dieron la razón a regañadientes en una segunda autopsia. “Me di cuenta que más no podía hacer, ni yo ni los médicos ya que era muy arriesgado para todos. Comprendo esas situaciones porque las viví”.

Dos opciones

Otro dato clave: el certificado de defunción de su esposo –firmado por médicos de la Base- dice que falleció el 22 de agosto a las 12.55 por “muerte violenta” a causa de ese balazo en el cráneo. Pero el supuesto intento de fuga de los calabozos ocurrió a las 3.30. Sólo hay dos alternativas: el certificado de defunción es falso y a Bonet lo remataron de madrugada tras el tiroteo, o sobrevivió herido durante 9 horas y lo mató el tiro de gracia al mediodía. Ella cree lo segundo pero en rigor, ambas hipótesis derriban la versión militar.

“Quiero que algún día alguien me responda quién y por qué asesinó a mi esposo a las 12.55 –dijo Bonet-. Tras el fusilamiento, en ese momento lo mataron por segunda vez y definitivamente. En él se sintetiza la Masacre de Trelew: la decisión de aniquilar a un grupo de jóvenes desarmados porque eran la semilla de la oposición”.

Su viuda aseguró que hubo una orden militar para que los cuerpos sean enterrados de inmediato, en féretros herméticamente soldados y en sus provincias de origen. Pero en la morgue de Pergamino logró una excepción y entró sola, con lápiz y papel, a reconocer el cadáver de su esposo. Había un enorme despliegue militar porque se creía que el Ejército Revolucionario del Pueblo quería recuperar el cadáver.

“Todavía escucho el soplete que abre el cajón –se emocionó-. Era un hermoso muchacho y yo nunca había visto un cuerpo desnudo con balazos. Parecían lunares grandes en el brazo, el pecho y el abdomen. Su cabeza la habían arreglado como si fuese plastilina porque estaba destrozada”.

Tantos datos que presentó ayer la mujer no se hubiesen perdido si se hubiese tratado de una causa penal y no civil. “Pero lamentablemente ignoro por qué se tomó este camino y están todos los abogados muertos. Nadie puede responder”, se resignó Alicia.

Pero no fue sólo de los fusilamientos de lo que habló Alicia Bonet ayer. También graficó con precisión el estado en que ella y su familia vivían antes de las muertes, así como la persecución de parte de las fuerzas de seguridad que sufrieron ella y el resto de las personas vinculadas con las víctimas de la Masacre de Trelew, que en ella significó la clandestinidad y el exilio y que en muchos otros casos culminó en la desaparición o muerte. “Con esa explicación se prueba que en Trelew se aplicó el terrorismo de Estado”, apuntó. Para Kexel, esa contextualización “demostró la continuidad represiva del Estado desde la masacre y la posiciona como punto de partida en el accionar del terrorismo de Estado en el país”.

Sobre el final de su presentación, Bonet miró fijo a los jueces Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella: “Sea cual sea su sentencia, ustedes van a escribir una página fundamental y sus nombres quedarán inscriptos en la historia. Si los condenan, ese día los familiares que quedamos vivos podremos enterrar en paz y dignidad a los 19 muertos de Trelew. Y si no, seguiré luchando como hace 40 años”. La sala la aplaudió.
 Por Rolando Tobarez

jueves, 17 de mayo de 2012

«Nada me sugirió un intento de evasión», confesó Bautista

El ex investigador de la Armada dijo que los tiradores dispararon contra los presos hasta vacias los cargadores y que no gubo disparos de los dos lados
«Era un cuadro impactante ver la cantidad de muertos, sangre. Recorrimos sorteando cuerpos y piernas de los muertos, calabozo por calabozo», relató el procesado Jorge Bautista al declarar ayer en la reanudación del juicio por la Masacre de Trelew y describiendo su impresión del primer contacto con el lugar de los hechos.
   
El ex marino imputado de encubrimiento, fue el enviado de la Armada para investigar lo ocurrido aquella madrugada del 22 de agosto de 1972 en la que fueron fusilados 19 presos políticos.
Dijo que cuando llegó al lugar, nada le hizo pensar en un intento de fuga y que no existieron disparos de ambos lados.
Más de cuatro horas estuvo prestando declaración indagatoria Bautista, quien sólo aceptó preguntas de los integrantes del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio, y de su abogado defensor. El resto de los imputados debió esperar en una sala contigua para no escuchar el relato.  Bautista, de 86 años, había iniciado su declaración el miércoles de la semana pasada durante la inspección ocular en la Base Zar, escenario de los acontecimientos, y a la que regresó 40 años después.

Ayer se sentó frente al Tribunal y dejó a un costado un portafolios del que extrajo una carpeta con abundante documentación y anotaciones con las que acompañó gran parte de su declaración.
«Fui con la orden de determinar la responsabilidad del personal militar ante el intento de evasión de un grupo de detenidos alojados en la Base Zar», relató el ex marino sobre su designación como juez ad-hoc que motivó su llegada a Trelew el mismo 22 de agosto del ’72.
 «Pero cuando yo llego a la zona de calabozos y veo el cuadro, ni me acordé de pensar en un intento de fuga», reconoció Bautista. Para que no quedaran dudas, el juez Enrique Guanzirioli le preguntó nuevamente sobre su primera impresión en la zona de calabozos y el procesado ratificó que «nada me sugirió que ahí se podía cometer un intento de evasión, para nada, ni se me pasó por la cabeza».

TIROS DE UN SOLO LADO

Según los testimonios que recogió el propio Bautista de la declaración de los marinos imputados horas después de los hechos, el preso Mariano Pujadas habría atacado al capitán Luis Emilio Sosa cuando éste recorría el pasillo entre los calabozos. Le habría quitado el arma y disparado, pero sin alcanzar a herir a ninguno de los militares.
Bautista ordenó pericias sobre un proyectil extraído del marco de una puerta y que supuestamente correspondía al arma disparada por Pujadas, aunque no se pudieron determinar huellas en la empuñadura.
Además, el propio Bautista enfatizó durante su declaración de ayer que «no hubo tiros de los dos lados», desbaratando la teoría de que Pujadas disparó contra los marinos.
A pesar de ello, el procesado había señalado anteriormente que los militares que indagó le «describieron los hechos en una forma uniforme y sin grietas».
En cambio, sobre las declaraciones que les tomó en Puerto Belgrano a los sobrevivientes Alberto Camps y Ricardo Haidar, dijo que «los dos me demostraron que no decían la verdad».
También le tomó declaración a María Antonia Berger, de la que dijo que no tuvo predisposición.
El informe de 400 fojas elaborado por Bautista a pedido de la Armada, permanece desaparecido.

«VACIARON LOS CARGADORES»

«Fue un fuego iniciado hasta que el tirador no tiene más municiones en el cargador», dijo Bautista.
Consultado por el presidente del Tribunal, el procesado insistió en que los tiradores «vaciaron los cargadores de las pistolas PAM, que tienen 32 balas».
Mientras que «con las pistolas 45 fueron muy pocos tiros», y agregó que fueron atribuidos al cabo Carlos Marandino, de quien dijo que le llamó la atención «que hubiera tirado tan pocos tiros».
Bautista señaló como los tiradores a Bravo, Del Real, Marandino, Marchand y Herrera (estos dos últimos están fallecidos).

SE DESPEGÓ DEL RESTO

Sobre el final de su declaración testimonial, Bautista intentó despegarse del resto de los ex marinos procesados, al señalar que «jamás se podrá decir que mi obrar fue direccionado a favorecer al personal naval que intervino». Y agregó que «cualquiera sea la resolución que el Tribunal tome con respecto a los demás imputados, para mí será ajena».

Se fueron los procesados y algunos volverían recién para la sentencia

El juicio por la Masacre de Trelew podría seguir sin la presencia de todos los marinos acusados de los fusilamientos de 19 presos políticos.
   
Sólo permanece en la zona el ex cabo Carlos Marandino (63), quien está con prisión domiciliaria. Los otros cuatro procesados viajaron a su lugar de residencia. No se descarta que algunos vuelvan para la sentencia y sigan las audiencias por videoconferencia.
Los ex marinos enjuiciados, Rubén Paccagnini (85), Luis Emilio Sosa (77), Emilio Del Real (76) y Jorge Bautista (86), están en libertad, por lo tanto se fueron de la zona dado que el juicio se retomará recién el jueves próximo en el Cine Teatro José Hernández de Rawson, según determinó el Tribunal Oral Federal. Durante la primera audiencia del juicio, el Tribunal ratificó la situación de excarcelados de cuatro de los imputados, que pueden moverse con total libertad. Tienen obligación de concurrir al juicio, pero no de presenciarlo.
De todos modos, y teniendo en cuenta la edad de los procesados, los abogados defensores esperan definiciones en cuanto a la posibilidad de utilizar el sistema de videoconferencia para seguir el desarrollo de las audiencias y posibilitar así que sus clientes no regresen hasta el momento de la sentencia.
El pasado lunes comenzó el juicio contra los cinco ex marinos por el fusilamiento de 19 militantes de organizaciones armadas durante la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de Trelew.

VIDEOCONFERENCIA
Cuando se reanuden las audiencias el jueves próximo a las 10 de la mañana, el Tribunal que preside el juez Enrique Guanzirioli deberá resolver si permite que algunos de los imputados que tengan problemas de salud que les impida asistir, puedan seguir las audiencias por videoconferencia.
El defensor del procesado Bautista ya realizó la petición, y remarcó la intención de su cliente, quien está acusado de encubrimiento, de prestar declaración testimonial en la próxima audiencia.
Bautista fue el único de los procesados que participó de la inspección ocular que se realizó el pasado jueves en la Base Zar, escenario de los hechos que se investigan.

martes, 15 de mayo de 2012

Encarnación Díaz: recuerdos de la masacre y de la solidaridad con los presos de Trelew

Acudió con sus 83 años a todas las audiencias del juicio por la Masacre de Trelew, desde el pasado lunes, como estuvo presente antes en toda actividad en memoria de los prisioneros fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Trelew.

“Aquel 22 de agosto el pueblo de Trelew quedó consternado y en un primer momento con cierta parálisis”, rememoró Encarnación Díaz.
“Aquel 22 de agosto el pueblo de Trelew quedó consternado y en un primer momento con cierta parálisis, que equivalía a decir: `¿cómo se animaron a tanto?`”, dijo Encarnación, con la misma lucidez con la que habló el domingo último, en la víspera del comienzo del juicio, en un multitudinario acto en la base Zar, próxima a la ciudad.
Su indignación no cesa, ni aún 40 años después: “además, los oficiales de la Armada faltaron a su palabra, porque los jóvenes se rindieron en el aeropuerto (tras la fuga del penal de Rawson del 15 de agosto) después de que les prometieron garantías. Pactaron frente a los medios de prensa y el juez (Alejandro) Godoy”.
 
Acordaron que los devolverían a la misma cárcel, la Unidad 6, pero “llegó la orden de llevarlos a la base” Zar, donde el 22 de agosto fusilaron a los 19 prisioneros recapturados, de los cuales ese día murieron 16 y otros tres sobrevivieron con graves heridas.
¿Qué tenía que ver Encarnación con los fusilados? Ella se había radicado en Trelew en 1958, el mismo año en que Chubut adquirió la condición de provincia. Era docente. Y a comienzos de los ‘70 se sumó a la Comisión de Solidaridad constituida por vecinos “a partir del momento en que trajeron aquí, al penal de (la vecina) Rawson a los detenidos políticos”.
“En la U6 estuvieron detenidos no solamente estos jóvenes, que después de la fuga fueron asesinados, había además muchísimos presos sin proceso, sin indicación alguna de por qué estaban detenidos pero con la calificación de ‘delincuentes subversivos’”.
Sobre esta calificación genérica, que la dictadura aplicaba a todos los presos políticos y sociales, Encarnación relata lo que llama “una pequeña anécdota”.
“El doctor Hipólito Solari Yrigoyen, que estaba detenido allí, quería tener sus lentes para poder escribir o leer y la esposa se los llevó a la U6. Cuando el carcelero se los fue a entregar, le dijo que tenía que firmar un papel que decía: ‘consta la entrega al delincuente subversivo Hipólito Solari Yrigoyen…’. El se negó a firmarlo. Prefirió quedarse sin sus lentes, antes que convalidar esa calificación”, relató.
 
La entrevistada se disculpa: “sé que estos reportajes tienen que ser cortos pero yo haría una historia de los pequeños detalles, muchas veces más elocuentes que los grandes trazos”.
Así, cuenta que el sindicalista y líder del “cordobazo” Agustín Tosco, al salir de la cárcel en Rawson, cumplió su primer deseo de ir al mar, donde se mojó los pies, porque, explicó a quienes lo acompañaban, en la noche oía desde su celda el rumor del océano.
“Esta gente luchadora, así como es gente de acción, también es poeta con su accionar. Hay poesía en la acción de un ser que lucha por los otros”, acotó.
 
Agregó que “la cárcel de Rawson en esa época estaba llena de sindicalistas”, entre los cuales el “Gringo” Tosco, dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba y de la CGT de los Argentinos.
“Tosco era un modelo de sindicalista honesto, combativo, con el sentido de combatir por los intereses de los trabajadores”, que “ni siquiera se tomaba a pleno su licencia gremial”, sino que periódicamente “volvía a su lugar de trabajo para estar cerca de los compañeros”.
El 15 de agosto de 1972 se fugaron de la cárcel de Rawson 25 prisioneros que integraban las organizaciones FAR, ERP y Montoneros, seis de los cuales consiguieron completar el escape en avión rumbo a Chile, mientras los 19 restantes, que no llegaron a tiempo, se rendían con garantías incumplidas por sus captores.
 
“De alguna manera la fuga está considerada como un derecho, una tendencia casi natural del hombre prisionero, especialmente en dictadura. Tanto es así que, efectuada una fuga, no se pena en sí mismo por la fuga. Se abre, sí, una investigación por el hecho de cómo fue”, reflexionó Encarnación.

domingo, 13 de mayo de 2012

Delito de lesa humanidad

Todas las fichas en el juicio oral

La Secretaría de DD.HH. de la Nación y la fiscalía plantean que la Masacre de Trelew es un delito de lesa humanidad. La decisión del tribunal es crucial para poder avanzar en las condenas de los imputados por los fusilamientos.

 Por Ailín Bullentini

Para las partes que cumplen con la función de acusar en la causa de la Masacre de Trelew, el asesinato de los 16 presos políticos y el intento de homicidio de los tres sobrevivientes en el marco del fusilamiento cometido por miembros de la Marina en la base Almirante Zar de esa ciudad de Chubut el 22 de agosto de 1972 es un delito de lesa humanidad. “La querella de la Secretaría de Derechos Humanos no tiene dudas al respecto”, planteó el abogado que la representa, Germán Kexel. La postura del organismo en el juicio que comenzó hace una semana en Rawson coincide con el objetivo de la Fiscalía, a cargo del fiscal general de Rawson, Fernando Gelvez, y su colega de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz. Sin embargo, una serie de recursos interpuestos en la etapa de instrucción por algunos de los cinco acusados que exigían la prescripción de los delitos –pasaron más de 40 años– originaron un fallo de la Cámara de Casación Nacional que puso todas las fichas sobre la mesa del juicio oral. “Cuestión de hecho y prueba que deberá definirse en la etapa oral”, mencionó la Cámara entonces, tras rechazar los pedidos de las defensas y llevar a la “cárcel a los culpables” reclamado por los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos al máximo de suspenso posible. “Es lo crucial en la investigación. Sólo si el tribunal los considera delitos de lesa humanidad podremos hablar de la existencia de la imprescriptibilidad de los crímenes y, por ende, probar los diferentes grados de responsabilidad de los acusados”, advirtió Gelvez.

El interrogante sobre la naturaleza de los fusilamientos es eje principal del emblemático juicio que en ésta, su segunda semana de avance, contará con la declaración de uno de los acusados, el marino Jorge Bautista –imputado por encubrimiento– y de los primeros testigos de las partes acusadoras. ¿En qué elementos, entonces, se basaron para considerarlos delitos de lesa humanidad la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos? La posición de ambas apunta a los contextos previo y posterior en el que se produjeron los asesinatos de los jóvenes militantes políticos de las organizaciones armadas Montoneros, FAR y PRT-ERP y aseguran sin vacilar: la Masacre de Trelew es el germen del terrorismo de Estado, del “genocidio argentino de 1976”.

La investigación de los fusilamientos comenzó con la denuncia de los abogados involucrados en la temática de derechos humanos Alberto Pedroncini y David Baigún, presentada en 2005 ante la Justicia Federal porteña. “Entre la documentación que presentaron figura un manual de reglamentos del Ejército elaborado en 1968 y que rigió desde entonces, la mayoría firmados por el entonces jefe del Ejército Agustín Lanusse, que describen mecanismos psicológicos, operaciones antisubversivas, exterminio del elemento subversivo, operaciones contra la guerrilla urbana”, apuntó Kexel. El documento había sido presentado entonces por la defensa del represor Santiago Riveros en el marco de una causa en la que estaba imputado por violación a los derechos humanos con el objetivo de hacer responsables de los crímenes a las más altas autoridades militares. “Sirvió como prueba de la categoría de lesa humanidad de la masacre porque permitía describir el contexto represivo inmediatamente anterior a la dictadura militar. El Ejército argentino ya había escrito y publicado reglamentos para proceder ante el accionar de un enemigo en la población civil, el ‘subversivo’ como lo llamaron, aquel que pensaba distinto, con el objetivo de eliminarlo”, apuntó Kexel.

“Contamos con abundante prueba documental y testimonial, como es el caso de la compañera de una de las víctimas, Rubén Bonet, Alicia Bonet –estaba clandestina cuando su compañero fue asesinado–, o el detalle de la Cámara Federal, que la dictadura de Lanusse creó especialmente para juzgar a presos políticos, que confirman la situación de persecución a determinadas organizaciones políticas, que esa persecución se estaba dando desde antes de la madrugada del fusilamiento, que era manifiesta, que hubo represión ilegal y que este hecho fue el inicio del terrorismo de Estado”, de 1976, comentó el fiscal general de Rawson que participó en la investigación desde el momento en que de la Justicia porteña pasó a la de la capital chubutense, poco después de la radicación de la denuncia.

La Cámara Federal mencionada por Gelvez, conocida como el “Camarón”, también es un elemento que destacó Kexel, “un fuero antisubversivo creado ad hoc con reglas particulares y a miles de kilómetros de sus familiares”, apuntó el representante de la Secretaría de DD.HH. Fue el juez Jorge Quiroga, integrante del “Camarón”, quien interrogó a los 19 militantes que tras intentar fugarse de la unidad penal 6 de Rawson, el 15 de agosto de 1972, fueron encerrados en la base Zar hasta su muerte, el 22 de ese mes.

Para Kexel, “el post 22 de agosto de 1972 termina de explicar los hechos”: la persecución y la desaparición de la familia Pujadas (los vínculos directos de Mariano Pujadas, otra de las víctimas, están casi todos desaparecidos), la desaparición forzada de los tres sobrevivientes de los hechos (Alberto Camps fue asesinado el 16 de agosto de 1977; María Antonia Berger y Ricardo Haidar continúan desaparecidos) y la muerte de otros tres chicos que tras la balacera habían quedado vivos (Bonet, Miguel Polti y Alfredo Kohon), a quienes dejaron morir sin atención médica son algunos de los elementos que “explican la continuidad represiva en el terrorismo de Estado. El genocidio argentino del ’76 no empezó de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se venía trabajando hacía rato”, concluyó.

“Los habían rematado sin más”

Miguel Marileto, el funebrero que preparó los cadáveres de los fusilados en Trelew.

Puso los cuerpos de los dieciséis jóvenes en los cajones y selló los féretros. “Vi que Pujadas era quien había recibido más balazos. Vi que la mujer de Santucho tenía tres tiros en la panza, donde cargaba un bebé”, relata.

 Por Ailín Bullentini

Desde Trelew

Son tres las imágenes que Miguel Marileo no puede borrar de su memoria. Tres escenas que lo acompañan desde sus años de empleado multiuso en la única funeraria de Trelew, hace más de 40 años: Un pequeño y humilde rancho en las afueras de la ciudad que se convirtió en el hogar huérfano de una “jovencita sola”, los restos calcinados de 25 bomberos que quedaron atrapados en un incendio en Puerto Madryn y los cuerpos acribillados de las víctimas de la masacre de Trelew. A pesar de que la mantuvo escondida bajo otros recuerdos durante décadas, Miguel retornó a esa última historia con la facilidad de quien memoriza un cuento: “Los habían dejado en el suelo, en dos hileras. Cada uno tenía al costado de su cabeza una bolsita con las balas que los habían matado. Fue una barbaridad”, desgranó en detalles junto con Página/12 y reconstruyó su versión de la historia.

Los tac-tac-tac de alguien que golpeó la persiana de su cuarto lo despertaron el 22 de agosto, diez minutos antes de la medianoche, y la escena funciona muy bien como punta del ovillo que Marileo comienza a desenmarañar. Entre la oscuridad del cuarto que daba a la vereda de una calle residencial de Trelew y el sueño de un día perturbador, Miguel se incorporó en el borde de su cama, abrió la ventana del lado de adentro y pispió entre las rendijas de los postigos. Uniforme. Camión verde oliva. “Milicos”, susurró. “¿Sí?”, alzó la voz.

–¿Miguel Marileo?

–Sí.

–Me va a tener que acompañar a la base.

–¿Pasó algo con los muchachos, Migue? ¿Qué hicieron? –le preguntó su mujer.

–Nada, no vi a los muchachos. Debe ser por los pibes.

Con el último zapato, el funebrero se calzó coraje. Dejó a su mujer desvelada y subió en el cajón del camión de Infantería de Marina que lo esperaba, motor en marcha, en la calle. Reconoció al dueño de la funeraria en el asiento del acompañante. Se acomodó entre colimbas. Sospechó del “capo” que estaba sentado en una de las esquinas del acoplado militar. “Muchas tiritas en el brazo del uniforme: milico de por vida. No como los colimbas, que están un año y pasan –definió–. Nunca me cayeron bien los verdes, yo tenía las mismas ideas que los chicos asesinados. Yo quería un país distinto.”

Nadie le explicó nada, siquiera su jefe, pero Miguel sabía cuál era la razón por la que lo habían arrancado de su rutina esa noche. Contaba con algunos indicios, claro. Las ansias del “soldadito” que, al oído, le consultó por la opinión de la gente del pueblo respecto de las muertes de la noche anterior habían funcionado de guiño. Las dos hileras de ataúdes abiertos y vacíos extendidas en la sala de entrada del edificio central de la Base Almirante Zar, y la valija con herramientas y la garrafa para soldar que su jefe bajó del camión que los introdujo en territorio aeronaval confirmaron sus certezas.
El preludio

A los 18 años –principios de los ’60–, Miguel comenzó a trabajar en la empresa funeraria de su padrino, “el señor Martello”. Siempre con un ojo puesto en la política, víctima asidua de las “corridas” con las que los militares desarmaban reuniones en aquellos tiempos, olió sangre en el traslado de los 19 presos políticos, el 15 de agosto de 1972, desde el Aeropuerto de Trelew, adonde habían llegado tras su fuga de la Unidad Penal 6 de Rawson, a la base Zar. “Los van a hacer pelota, les decía a mis compañeros de trabajo. Nadie me creyó”, rescató, desde el sillón de su casa actual, ubicada a vuelta de esquina de la que dejó aquella noche, casi 40 años atrás.

Tampoco se equivocó entonces. La “bola” de los 16 asesinatos –los de los militantes de Montoneros, ERP y FAR Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Suárez, Humberto Toschi y Jorge Ulla– corrió rápido por ese pueblo chubutense. Tan rápido, que el jefe de Marileo supo, no bien comenzó aquel 22 de agosto laborable, que los marinos llegarían hasta la funeraria a comprar los féretros. “Aparecieron en el local cerca de las cuatro de la tarde. Pusieron un camión de culata, pidieron 16 cajones de madera y caja de metal interna, los cargaron, pagaron y se fueron”, detalló y repitió las palabras que su padrino le había confiado al final del día: “Nos van a venir a buscar, Miguel. Van a querer que hagamos el trabajo”.
El trabajo

Los cajones abiertos y vacíos los esperaban en la sala de recepción del edificio adonde Miguel y su jefe fueron conducidos por los colimbas que viajaron con ellos en el camión. “Suba, venga, baje y haga. Ahí sólo había órdenes para nosotros. Yo me quejaba un poco, pero mi jefe era una tumba”, recordó. Pasillo a la izquierda mediante, la antesala de las celdas donde habían estado encerrados los “fugados” de la U6 era el lugar donde exhibían sus cuerpos. Dos hileras de ocho cuerpos jóvenes, desnudos, ensangrentados y mutilados porque “en enfermería los habían abierto para sacarles las balas”. Al lado de cada cabeza, un paquetito transparente con el nombre del muerto y los proyectiles verdugos. En una esquina, los tres sobrevivientes –Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar– esperaban “de-sangrándose” que los trasladaran a Puerto Belgrano.

Miguel se asomó a las celdas “chiquitas, el pasillo angosto, las ventanas enrejadas. ¿Quién se puede escapar de un lugar así? A estos pibes los fusilaron sin más”, consideró, como tomando coraje para volver al momento en que encajonó los restos de esos jóvenes y selló con estaño los féretros para siempre. El silencio permite reacomodar imágenes, recuperar sensaciones, reindignarse.

“La verdad... sentí una impotencia –retomó Marileo, que hoy pisa los 68 años y sería un coetáneo de las víctimas de la masacre–... Caminé entre todos. Los miré, los revisé. Vi que Pujadas era quien había recibido más balazos, porque estaba abierto de acá (se toca la garganta) hasta el ombligo y tenía como diez impactos. Vi que la mujer de Santucho tenía tres tiros en la panza donde cargaba un bebé. Estaría de cinco meses. Y con Sabelli me di cuenta de que los habían rematado sin más, indefensos. Una chica de pelo bien largo, me acuerdo. No tenía impactos en el cuerpo. No le veía orificios. Entonces le pasé la mano por detrás de la cabeza para levantarla y llevarla a su cajón. En la nuca tenía el hueco de la bala... Uno solo.”

Entre la una y las seis de la madrugada del 23 de agosto de 1972, entre el desorden de las órdenes contradictorias impartidas por uno y otro “señor de rango alto”, Miguel y su jefe sellaron cada cadáver en un féretro. Durante algunas horas fueron custodiados por conscriptos “aunque los capos andaban dando vueltas por ahí”. En la mitad de la noche, un “soldadito” se acercó a Miguel: “Mire jefe que nosotros no fuimos. ¿Sabe, no? Fue la patota de Sosa” (por el ex capitán Luis Emilio Sosa, uno de los acusados en el juicio). Luego del episodio, al chico “se lo llevaron a la rastra, quién sabe adónde y nos cuidaron los de uniforme con tiritas”, que incluso los invitaron con un café. Con el trabajo terminado y las herramientas recogidas, Miguel “quería desaparecer de ahí, nos iban a matar”. Su jefe, en cambio, no emitió palabra más que para pedirle que hiciera como él y se callara.

–Bueno, terminamos. Nos vamos.

–Sí, terminaron. Pero no se van. Por ahora, no se van.

Recién a las 18 los llevaron a la empresa, de regreso a Trelew.

30 años de silencio

“Agarré la valijita de las herramientas, el soldador y salté del camión. Desde arriba, el tipo que me custodió durante el viaje, capitán era, no sé, me selló la boca: ‘Vos de lo que viste, nada. Acordate que tenés un pibe de dos años, una familia. Cuidala’.” Marileo llegó a su casa, se dio un baño y le contó a su esposa qué había pasado. “Le prometí que no lo contaría nunca”, sostuvo frente a Página/12.

Durante algunas semanas, el teléfono de su casa no paró de sonar. La prensa de Buenos Aires, que había cubierto las horas posteriores al fusilamiento de los 16 militantes, estaba desesperada por hablar con el funebrero. El cajón en el que él guardó su historia se abrió mucho después: “No di una entrevista hasta 2003, cuando Mariana (Arruti, la directora del documental que reconstruye la historia de la masacre) me pidió que le contara. Y lo hice”. Luego prestó declaración en la causa que la semana pasada llegó a la instancia de juicio oral. Ahora, espera que “la Justicia alcance a los culpables”.

viernes, 11 de mayo de 2012

Las paredes que fueron testigos de la masacre

El tribunal que juzga los fusilamientos de Trelew, recorrio con uno de los acusados la Base Almirante Zar, donde se produjeron los asesinatos.
El acusado Jorge Bautista, quien estuvo a cargo del registro castrense de lo ocurrido en la Base Almirante Zar, detalló cómo encontró la escena del crimen el 22 de agosto de 1972, dónde estaban los cuerpos, la sangre y las marcas de “rasguños” en las celdas.

 Por Ailín Bullentini

Desde Trelew

“Puede ser que éste sea el pasillo, pero no lo recuerdo... ¿Y esta puerta da a la Plaza de Armas? Ni idea.” Ciegos parecieron los primeros pasos que el militar retirado Jorge Bautista, acusado de encubrimiento en el juicio por la Masacre de Trelew, dio ayer en el recorrido al edificio central de la Base Almirante Zar, escenario de los fusilamientos cometidos el 22 de agosto de 1972, ordenado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Parecieron, pero no lo fueron. Porque quien estuvo a cargo del registro castrense de lo ocurrido en las celdas de la base el 22 de agosto de 1972 relató casi de memoria cómo estaban distribuidos los 19 presos políticos en ocho celdas, hasta allí trasladados por militares luego de su intento de fuga del penal de Rawson, y reveló que no todas las víctimas fatales de la masacre fallecieron en el momento. Ese dato, particularmente, fue considerado por la querella de los familiares de las víctimas como el más importante de la jornada: “Indica que a algunas víctimas las dejaron morir”, definió la abogada del CELS Carolina Varsky. Sentado en uno de los bancos que adornan austeramente el hall de entrada del edificio central del predio que la fuerza aeronaval controla, a quince minutos de la ciudad de Trelew, rígidamente serio, apoyaba sus manos en el bastón del que se vale para caminar y fijaba su mirada en el afuera.

La batahola que armó la comitiva judicial –su abogado defensor, los de las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos, los fiscales y los jueces– lo despertó del letargo. Se sumó al tumulto que emprendió el reconocimiento del lugar y, sin mediar pedido del tribunal o preguntas de las partes, comenzó a describir cómo había sido 40 años atrás, cuando hizo la “investigación” militar del hecho, por la que está acusado de encubrir la masacre.

“Las celdas se enfrentaban a lo largo y el pasillo corredor desembocaba en una sala que era bastante más grande de lo que es ahora”, repitió el balbuceo el único acusado que participó del reconocimiento, ya anoticiado de que su avejentada humanidad era el punto de mayor atención del recorrido. De cerca lo seguía su abogado, Gerardo Ibáñez.

El recorrido por el edificio comenzó cuando el secretario judicial abrió una de las tantas fojas del expediente de la causa en la que figura un plano del lugar. Un primer pasillo que se abre a la izquierda del hall central, ese con el que Bautista jugó a confundirse durante los primeros momentos, condujo a la comitiva al espacio en donde se ubicaban las celdas que albergaron los últimos días de los 16 presos políticos fusilados. “Esta puerta no estaba, no existía”, balbuceó Bautista mientras los magistrados intentaban sin éxito localizar esa abertura en el mapa del expediente. Hoy, esa puerta es la frontera entre dos ambientes que, aquel 22 de agosto de 1972, fueron uno dividido en varios mínimos. Con los años el sitio fue convertido en un centro cultural para la memoria y, por ende, modificado. Los ladrillos que subdividían la sala en celdas hoy no existen y, en su lugar, una serie de cintas azules pegadas en el piso dibujan la disposición de los cubículos y le dan existencia al corredor en el que cayeron los muertos. Pegados en las paredes perimetrales con cinta de papel, los nombres de los presos obliga a quien camine por allí a sentir la presencia de sus cuerpos desangrados o desangrándose en el suelo.

Bautista accedió a contestar preguntas, aunque siempre bajo el paraguas de que su memoria “no es del todo confiable”. Recitó, cual formación de un equipo de fútbol, la distribución de los presos políticos fugados de Rawson en las celdas de la base: “La primera celda del ala izquierda, como se le llamó en el sumario, estaba vacía. En la segunda estaba (Mariano) Pujadas –las cintas pegadas en la puerta de esa celda, que todavía existe, ubican allí también a Carlos Astudillo y Eduardo Capello–. En la tercera creo que estaba (José) Mena –tampoco se equivocó, los nombres en la pared completan el cubículo con Jorge Ulla y Humberto Suárez–. Al lado estaban las chicas María Antonia (Berger), Ana María (Villarreal de Santucho) y (María Angélica) Sabelli. Al lado, (Humberto) Toschi y (Rubén) Bonet; y al lado (Miguel) Polti y (Alberto) Del Rey. A la derecha, frente a las chicas de la izquierda estaban las otras chicas, (Clarisa) Lea Place y (Susana) Lesgart, luego venía la celda de (Alfredo) Kohon y (Ricardo) Haidar y después (Alberto) Camps y (Mario) Delfino”.

Sin embargo, no fue tan puntilloso a la hora de justificar tales conocimientos. Es que el hombre había viajado a la base desde Buenos Aires específicamente para realizar la “investigación militar” de lo ocurrido. “Lo sé porque investigué. Tenía que entender quiénes eran y dónde estaban encerradas las personas cuyos nombres me llegaban de enfermería en una tarjeta que sólo decía cuántas balas se les había sacado del cuerpo”, apuntó.

Lo que supo no bien llegó fue el estado de la escena del fusilamiento, algo que, en partes, se prestó a reconstruir ayer. Así, Bautista confirmó que cuando llegó encontró proyectiles en el piso del pasillo, marcas de balas en las paredes y en las puertas de algunas celdas –“rasguños”– y manchas de sangre, además de los cuerpos, claro, de los 16 muertos.

–¿Había sangre en los calabozos? –inquirió Guanziroli.

–Había rastros de algunas personas que habían reptado hacia las celdas, pero dentro de los calabozos propiamente dichos no había nada. A la entrada del pasillo de las celdas, en el hall en el que de-sembocaba ese pasillo, había más densidad de gente.

–¿De cadáveres?

–Cadáveres, sí. Había más cadáveres que en el fondo. Indudablemente los cadáveres los tenían que dejar para que los viera el juez. Los heridos, que los habían sacado de acá, acá y acá (señaló en donde estarían ubicadas las celdas de Berger, Camps y Haidar) y creo que había uno más...

–¿Cómo uno más?

–Sí, a mí de la enfermería me dijeron: Bonet acaba de morir.

Para la querella de los familiares, ése fue uno de los datos más importantes de lo comentado por Bautista ayer, ya que “indica que las víctimas fatales en un inicio fueron menos de los 16 que finalmente murieron y que a los que estaban heridos en un comienzo los dejaron morir”, apuntó Varsky. Para la fiscalía, el recorrido por la base, acompañado de la narración en vivo y en directo de uno de los acusados, “aportó mucho ya que gran parte de su relato coincide con lo versado en la causa por el perito oficial que revisó el espacio en cuanto a la distribución de los calabozos y sus dimensiones”, detalló el fiscal que actuó en la instrucción de la investigación, Fernando Gelvez. El TOF, finalmente, decidió que Bautista amplíe su relato en la próxima audiencia del juicio, que será el jueves de la semana que viene.

martes, 8 de mayo de 2012

Segunda jornada del juicio por la Masacre de Trelew, “a buen ritmo”

El juicio por la Masacre de Trelew perpetrada por marinos en 1972 avanza "a buen ritmo", señalaron este martes querellantes de la causa, al concluir la segunda jornada del juicio que se desarrolla en Rawson, Chubut.

"Lo que más nos interesa es la sentencia definitiva, que establezca las responsabilidades penales, y estamos avanzando a buen ritmo", dijo este martes en horas de la tarde a Télam el abogado Eduardo Hualpa, que representa a parte de los familiares de los 19 fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada en Trelew.

En el mismo sentido, su colega Carolina Varsky, querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), subrayó que "lo  más importante es que finalmente comenzó el juicio y llegar a una sentencia pronto, ojalá, para nosotros, condenatoria".

Este martes se completó la lectura de las declaraciones indagatorias que los imputados ya habían dado durante la instrucción y "probablemente la semana próxima estemos en condiciones de empezar con las audiencias testimoniales", detalló.

Tras cumplir pasos procesales este miércoles desde las 10 en la base Zar, el debate proseguirá en el Centro Cultural José Hernández en Rawson y la siguiente audiencia se realizará el jueves de la semana próxima, anunció el juez Enrique Guanziroli, quien integra el tribunal junto Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella.

Además, el magistrado exhortó este martes a la tarde a las partes a revisar el número de testigos convocados en principio, a fin de reducirlo si es posible y así acelerar el avance de la causa, criterio que compartieron las querellas.

"Son cerca de 80 testigos. La idea es poder trabajar con las otras dos querellas" y desistir de la presentación de aquellos que no supongan un aporte significativo a la prueba, "para poder avanzar lo más rápido posible", dijo Varsky.

En cuanto a la pena que solicitarán para los autores de los delitos investigados, la abogada del CELS anticipó que, por su tipo, "corresponde prisión perpetua, en tanto son 16 homicidios y tres tentativas".

Esta es la pena pretendida respecto de los oficiales Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el suboficial Carlos Morandino, todos de la Armada, acusados de homidicio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos.

En cambio, pedirán una punición menor para el oficial Jorge Bautista, el instructor nombrado por la cúpula naval de la época, acusado de encubrir el fusilamiento de 19 prisioneros políticos, 16 de los cuales murieron en la madrugada de aquel 22 de agosto, hace 40 años.

Sobre la decisión adoptada del Tribunal de desestimar el pedido de prisión efectiva en cárcel común, adoptada en la primera jornada del juicio, Varsky dijo que los querellantes entienden "las razones" de los camaristas.

"Esperamos que el Tribunal garantice la presencia de los imputados en los momentos en que se los requiera y hasta la sentencia", añadió.

Hualpa opinó de modo coincidente y señaló que, "por supuesto, en caso de cualquier incumplimiento" de los imputados, "vamos a volver a plantear la prisión efectiva" para los mismos.

En otro orden, el letrado consideró "muy importante el apoyo del público (a la realización del juicio), la presencia de vecinos, militantes y organizaciones" en las audiencias.

"Es muy importante respetar los derechos y garantías de los imputados pero también la memoria, el reclamo histórico de que esto se juzgue", puntualizó.

Sobre la estrategia de la defensa de los acusados, entre ellas afirmar que los delitos investigados son prescriptibles, Hualpa señaló que éste "es un punto grueso que se va a definir en esta sentencia".

"Nuestros argumentos son fuertes en el sentido de que estos son delitos de lesa humanidad, cometidos desde el poder del Estado, por motivos ideológicos, políticos o raciales, entre otros", sostuvo.

También Varsky enfatizó que "son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, que el Estado debe investigar" para sancionar a sus responsables, y recordó además que la Masacre de Trelew está en "la génesis de lo que después se conoció como terrorismo de Estado" de la última dictadura.

La lectura de las indagatorias en la segunda audiencia dejó a la vista las contradicciones entre las declaraciones de los oficiales imputados, que en la instrucción convalidaron la versión oficial de la dictadura sobre un supuesto nuevo "intento de fuga", y la declaración del cabo Morandino.

Este último, que estaba de guardia en el área de la celdas cuando los fusilamientos, dijo en las indagatorias que Sosa y los otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, antes de abrir fuego con metralletas PAM sobre los 19 prisioneros.

También afirmó que, después de las ráfagas del fusilamiento, escuchó disparos aislados con pistola calibre 45, en coincidencia con los testimonios y pericias que indican que varios heridos fueron ramatados mediante tiros de gracia en la nuca.

Morandino admitió además que sus superiores le ordenaron mentirle al instructor Bautista, para encubrir después el fusilamiento, y no hablar de lo ocurrido con terceros.

En las indagatorias leídas desde este martes por la mañana, Morandino relató también que en 1973, cuando se retiraba la dictadura de entonces (1966-73), la Armada lo envió en comisión a Estados Unidos por un año y medio, hasta 1975, cuando pasó a retiro.

Y dijo que después fue chofer del agregado naval de la embajada argentina en Estados Unidos hasta diciembre de 2004.

Difícilmente estas decisiones de la Armada puedan interpretarse  como algo diferente a un "premio" a Morandino, que lo mantenía lejos del país y callado, un silencio que rompió recién al ser indagado en 2008 durante la instrucción del juicio.