jueves, 24 de mayo de 2012

A 40 años de la masacre de Trelew, los hijos de Urondo presentaron la reedición de “La patria fusilada”

Angela Urondo, hija del poeta y periodista asesinado en 1976 en Mendoza.
Javier y Ángela Urondo presentaron este lunes en Santa Fe -ciudad natal de su padre- la reedición de “La patria fusilada”, la célebre obra que el poeta y periodista asesinado por la última dictadura cívico militar escribió sobre la Masacre de Trelew. Junto al editor, Daniel Riera, destacaron la importancia política y cultural del acontecimiento, en momentos donde los responsables de las 19 muertes le rinden cuentas a la justicia por su accionar represivo. El subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froidevaux, acompañó a los hijos de Paco en la presentación y los invitó a visitar la provincia cuando en agosto se cumplan exactamente 40 años de la masacre relatada en el libro, por la cual se organizarán una serie de actividades.
La obra se encontró durante 25 años descatalogada, motivo por el cual su reedición en estos momentos constituye un aporte muy valioso a la memoria colectiva del pueblo argentino. Además, cobra un significado especial al relanzarse paralelamente al desarrollo del juicio que investiga los 19 asesinatos que allí se relatan, como así también al proceso por delitos de lesa humanidad llevado adelante en Mendoza, donde Urondo fue asesinado.

Javier destacó la personalidad de su padre, quien “vivió del deseo y no del dogma” y siempre “entendió la militancia desde lo político y no desde lo militar”. Ángela, por su parte, relató que fue la encargada de ilustrar la tapa de la reedición, ya que fue convocada a tal fin por su condición de dibujante e hija del autor: “Me emociona ser parte de algo de papá”, expresó.

“Es un libro imprescindible, pero muy difícil de ser leído”, agregó, argumentando que su contenido le produce un alto impacto emocional.

En esa línea, la hija menor del escritor consideró que “estamos viviendo una situación política totalmente distinta” a la que le tocó atravesar la última vez que visitó Santa Fe, en 2005, donde recién Néstor Kirchner anunciaba la derogación de las leyes que garantizaban a los represores la impunidad.

Froidevaux, quien tiene una relación cercana con los hijos de Urondo por compartir la militancia en reclamo de juicio y castigo, invitó a que la presentación de la reedición de “La patria fusilada” se desarrolle también en Entre Ríos, en el marco de las actividades que la Subsecretaría que encabeza llevará adelante cuando se cumplan 40 años de la Masacre de Trelew.

Los fusiladores por las calles...


sábado, 19 de mayo de 2012

“Poema donde Rubén Pedro Bonet escribe a sus hijos”

Los que lo conocieron pueden atestiguar
que era un duro militante.
Igual lo saben sus torturadores
que no lograron sacarle una palabra.
Pero también es bueno que se recuerde
que su última carta la escribió a Hernán y Mariana
sus hijos de 5 y 4 años.
recién llegado al penal de Rawson
les contó cómo había viajado desde Buenos Aires.
Primero en un camión de celdas sin día y sin noche
y luego en un avión esposado al asiento.
Pero él lo decía como si fuera
una hermosa aventura en la Malasia
-no se olviden de que era para sus hijos-
También les contó que en el penal hacía frío
pero que a él tanto frío le gustaba
y que fumaba y que leía y que tenía en la pared
de su celda pegada la foto de Hernán y de Mariana
junto a la de Carlitos Chaplin.
Les pedía a sus hijos que lo vinieran a visitar
si era posible para el 9 de julio.
Que no faltaran a clase y que le contestaran la carta.
Como Hernán y Mariana no sabían escribir
le enviaron sus dibujos
donde el duro militante tenía en vez de manos raíces
y un alto sombrero de payaso.
El día que se fugó del penal
se ató del cuello una carterita de cuero marrón
con las fotos de sus hijos la de Chaplin y los dibujos
y aún la llevaba cuando lo asesinaron
en la base naval
bien cerca del mar y de una playa
con enormes negras gaviotas.

Vicente Zito Lema

Masacre: la viuda de Bonet ofreció exhumar el cuerpo

El cadáver está en un nicho de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Ayer la querellante presentó autopsias que confirman que lo remataron 9 horas después de recibir ráfagas de ametralladora. Y le dijo al tribunal que si no condena a los 5 marinos acusados, “yo igual seguiré luchando”.
Bolso con pruebas. Auxiliada por el secretario del tribunal, Bonet se sienta junto con su documentación.


Alicia Bonet le ofreció al tribunal que juzga la Masacre de Trelew que de ser necesario, se exhume el cuerpo de su marido, Rubén Pedro, que reposa en un nicho de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los 19 fusilados la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. La intención de la querellante es que los médicos verifiquen que su esposo recibió un tiro de gracia en la nuca luego de sobrevivir 9 horas en la morgue militar. Pese a que pasaron 40 años, se cree que restos como el cráneo siguen intactos y conservan la huella de aquel balazo mortal. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dio por presentada la idea.

Durante 4 horas y ante más de un centenar de personas en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson, Bonet repasó su vida de casada, la fuga de Rawson, los hechos de la Base, su pase a la clandestinidad y su búsqueda de justicia. La escucharon hasta alumnos del Colegio Padre Juan Muzio de Trelew. La audiencia se cerró con su consejo de revisar el cadáver. En el ´72 Rubén fue enterrado pero ahora comparte nicho con sus padres. “Siempre estuve dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para demostrar que lo que declaré es verdad y por si quedaba alguna duda me quedaba la última instancia: que tomen los huesos porque el agujero que tiene es imposible de borrar. Ya di lo máximo que pude”.

Pasaron cuatro décadas pero Alicia recordó que, por ejemplo, el Equipo de Antropología Forense identifica restos óseos de víctimas de la dictadura en peores condiciones que los de su ex esposo. “Sólo hace falta mostrar que tiene una entrada de bala enorme que le rompió el cráneo. Es un tiro de gracia y con eso, ya no se puede pedir más testimonio”.

Bonet es testigo y a la vez querellante. Ayer presentó amplia documentación de la Masacre, su archivo personal. La mayoría consta en la causa pero su valor como prueba es relativo: muchas son fotocopias de originales perdidos o destruidos. Su importancia para la sentencia dependerá del tribunal.

Una causa que ya no está

Por ejemplo, a la semana de la balacera, Bonet inició juicio a la Armada Argentina por el asesinato de su esposo. Pero fue una causa civil que la justicia destruyó por el paso del tiempo, como es regla. Ese expediente contenía una autopsia clave, del 26 de octubre del ´72. Además de balazos en el pecho, brazo derecho y abdomen, los médicos hallaron un disparo en la cabeza que entró cerca de la oreja izquierda y salió por encima de la ceja.

Según la pericia –fue destruida- las primeras lesiones fueron con Bonet de pie. Pero el último balazo fue con arma de puño, de atrás hacia adelante y a muy corta distancia. Él estaba caído y su cabeza apoyada en el piso. Se trató del tiro de gracia. Los forenses lo describieron pero no lo nombraron así. Como “no llamaron las cosas por su nombre”, la viuda impugnó la pericia, hasta que los médicos le dieron la razón a regañadientes en una segunda autopsia. “Me di cuenta que más no podía hacer, ni yo ni los médicos ya que era muy arriesgado para todos. Comprendo esas situaciones porque las viví”.

Dos opciones

Otro dato clave: el certificado de defunción de su esposo –firmado por médicos de la Base- dice que falleció el 22 de agosto a las 12.55 por “muerte violenta” a causa de ese balazo en el cráneo. Pero el supuesto intento de fuga de los calabozos ocurrió a las 3.30. Sólo hay dos alternativas: el certificado de defunción es falso y a Bonet lo remataron de madrugada tras el tiroteo, o sobrevivió herido durante 9 horas y lo mató el tiro de gracia al mediodía. Ella cree lo segundo pero en rigor, ambas hipótesis derriban la versión militar.

“Quiero que algún día alguien me responda quién y por qué asesinó a mi esposo a las 12.55 –dijo Bonet-. Tras el fusilamiento, en ese momento lo mataron por segunda vez y definitivamente. En él se sintetiza la Masacre de Trelew: la decisión de aniquilar a un grupo de jóvenes desarmados porque eran la semilla de la oposición”.

Su viuda aseguró que hubo una orden militar para que los cuerpos sean enterrados de inmediato, en féretros herméticamente soldados y en sus provincias de origen. Pero en la morgue de Pergamino logró una excepción y entró sola, con lápiz y papel, a reconocer el cadáver de su esposo. Había un enorme despliegue militar porque se creía que el Ejército Revolucionario del Pueblo quería recuperar el cadáver.

“Todavía escucho el soplete que abre el cajón –se emocionó-. Era un hermoso muchacho y yo nunca había visto un cuerpo desnudo con balazos. Parecían lunares grandes en el brazo, el pecho y el abdomen. Su cabeza la habían arreglado como si fuese plastilina porque estaba destrozada”.

Tantos datos que presentó ayer la mujer no se hubiesen perdido si se hubiese tratado de una causa penal y no civil. “Pero lamentablemente ignoro por qué se tomó este camino y están todos los abogados muertos. Nadie puede responder”, se resignó Alicia.

Pero no fue sólo de los fusilamientos de lo que habló Alicia Bonet ayer. También graficó con precisión el estado en que ella y su familia vivían antes de las muertes, así como la persecución de parte de las fuerzas de seguridad que sufrieron ella y el resto de las personas vinculadas con las víctimas de la Masacre de Trelew, que en ella significó la clandestinidad y el exilio y que en muchos otros casos culminó en la desaparición o muerte. “Con esa explicación se prueba que en Trelew se aplicó el terrorismo de Estado”, apuntó. Para Kexel, esa contextualización “demostró la continuidad represiva del Estado desde la masacre y la posiciona como punto de partida en el accionar del terrorismo de Estado en el país”.

Sobre el final de su presentación, Bonet miró fijo a los jueces Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella: “Sea cual sea su sentencia, ustedes van a escribir una página fundamental y sus nombres quedarán inscriptos en la historia. Si los condenan, ese día los familiares que quedamos vivos podremos enterrar en paz y dignidad a los 19 muertos de Trelew. Y si no, seguiré luchando como hace 40 años”. La sala la aplaudió.
 Por Rolando Tobarez

viernes, 18 de mayo de 2012

Iván Bonet en Trelew: “Estoy muy orgulloso de haber venido”

Iván Bonet, el nieto de Rubén Pedro Bonet, llegó por primera vez a Trelew en busca de su historia.
Las preguntas lo trajeron a Trelew. Y mañana regresa a Francia con las respuestas que consiguió, sin todavía saber muy bien que hará con ellas.

Durante estos días en la zona, Iván Bonet conoció personas y cosas que le ayudaron a completar algunas piezas de esa parte que le falta, que fue su abuelo militante.

Ayer, en el acto por los 39 años de la Masacre de Trelew, el joven francés aclaró: “Esta fue la semana más linda de estos cuatro meses que estuve en Argentina”.

Su permanencia en el país fue motivada por una pasantía realizada en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), como contacto previo a la maestría en gestión de ONG’s.

En diálogo con Jornada, Iván comentó que su hermano mayor también eligió la dictadura militar en Argentina como parte de sus estudios. Es que su abuela paterna, Alicia, siempre mantuvo viva la historia de Rubén Pedro. “No tengo una fecha cierta desde cuando sé lo que pasó. Nos contaron todo desde que somos chicos”, aseguró Bonet. “Mi abuela estaba involucrada en el tema desde el 72, y los nietos estamos aprendiendo. Se trata de seguir contando la historia, de saber lo que ocurrió, de dónde venimos y de quiénes somos”, agregó.

El joven comentó que su familia avaló su decisión de venir, “pero los que más empujaron fueron los integrantes de la Apdh. Yo pensaba venir pero no estaba seguro y ellos me convencieron. Estoy muy orgulloso de haber venido acá y haber descubierto todo esto”.

“¿Qué es lo primero que le voy a contar a mi abuela?”, reflexionó. Y expresó: “No sé, depende de ella. Porque cuando vaya a verla no sé que va a pasar. Veremos. Creo que empezaré con la semana que pasé en Trelew. Igual yo también tengo preguntas para ellos, así que veremos”.#

jueves, 17 de mayo de 2012

«Nada me sugirió un intento de evasión», confesó Bautista

El ex investigador de la Armada dijo que los tiradores dispararon contra los presos hasta vacias los cargadores y que no gubo disparos de los dos lados
«Era un cuadro impactante ver la cantidad de muertos, sangre. Recorrimos sorteando cuerpos y piernas de los muertos, calabozo por calabozo», relató el procesado Jorge Bautista al declarar ayer en la reanudación del juicio por la Masacre de Trelew y describiendo su impresión del primer contacto con el lugar de los hechos.
   
El ex marino imputado de encubrimiento, fue el enviado de la Armada para investigar lo ocurrido aquella madrugada del 22 de agosto de 1972 en la que fueron fusilados 19 presos políticos.
Dijo que cuando llegó al lugar, nada le hizo pensar en un intento de fuga y que no existieron disparos de ambos lados.
Más de cuatro horas estuvo prestando declaración indagatoria Bautista, quien sólo aceptó preguntas de los integrantes del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio, y de su abogado defensor. El resto de los imputados debió esperar en una sala contigua para no escuchar el relato.  Bautista, de 86 años, había iniciado su declaración el miércoles de la semana pasada durante la inspección ocular en la Base Zar, escenario de los acontecimientos, y a la que regresó 40 años después.

Ayer se sentó frente al Tribunal y dejó a un costado un portafolios del que extrajo una carpeta con abundante documentación y anotaciones con las que acompañó gran parte de su declaración.
«Fui con la orden de determinar la responsabilidad del personal militar ante el intento de evasión de un grupo de detenidos alojados en la Base Zar», relató el ex marino sobre su designación como juez ad-hoc que motivó su llegada a Trelew el mismo 22 de agosto del ’72.
 «Pero cuando yo llego a la zona de calabozos y veo el cuadro, ni me acordé de pensar en un intento de fuga», reconoció Bautista. Para que no quedaran dudas, el juez Enrique Guanzirioli le preguntó nuevamente sobre su primera impresión en la zona de calabozos y el procesado ratificó que «nada me sugirió que ahí se podía cometer un intento de evasión, para nada, ni se me pasó por la cabeza».

TIROS DE UN SOLO LADO

Según los testimonios que recogió el propio Bautista de la declaración de los marinos imputados horas después de los hechos, el preso Mariano Pujadas habría atacado al capitán Luis Emilio Sosa cuando éste recorría el pasillo entre los calabozos. Le habría quitado el arma y disparado, pero sin alcanzar a herir a ninguno de los militares.
Bautista ordenó pericias sobre un proyectil extraído del marco de una puerta y que supuestamente correspondía al arma disparada por Pujadas, aunque no se pudieron determinar huellas en la empuñadura.
Además, el propio Bautista enfatizó durante su declaración de ayer que «no hubo tiros de los dos lados», desbaratando la teoría de que Pujadas disparó contra los marinos.
A pesar de ello, el procesado había señalado anteriormente que los militares que indagó le «describieron los hechos en una forma uniforme y sin grietas».
En cambio, sobre las declaraciones que les tomó en Puerto Belgrano a los sobrevivientes Alberto Camps y Ricardo Haidar, dijo que «los dos me demostraron que no decían la verdad».
También le tomó declaración a María Antonia Berger, de la que dijo que no tuvo predisposición.
El informe de 400 fojas elaborado por Bautista a pedido de la Armada, permanece desaparecido.

«VACIARON LOS CARGADORES»

«Fue un fuego iniciado hasta que el tirador no tiene más municiones en el cargador», dijo Bautista.
Consultado por el presidente del Tribunal, el procesado insistió en que los tiradores «vaciaron los cargadores de las pistolas PAM, que tienen 32 balas».
Mientras que «con las pistolas 45 fueron muy pocos tiros», y agregó que fueron atribuidos al cabo Carlos Marandino, de quien dijo que le llamó la atención «que hubiera tirado tan pocos tiros».
Bautista señaló como los tiradores a Bravo, Del Real, Marandino, Marchand y Herrera (estos dos últimos están fallecidos).

SE DESPEGÓ DEL RESTO

Sobre el final de su declaración testimonial, Bautista intentó despegarse del resto de los ex marinos procesados, al señalar que «jamás se podrá decir que mi obrar fue direccionado a favorecer al personal naval que intervino». Y agregó que «cualquiera sea la resolución que el Tribunal tome con respecto a los demás imputados, para mí será ajena».

Se fueron los procesados y algunos volverían recién para la sentencia

El juicio por la Masacre de Trelew podría seguir sin la presencia de todos los marinos acusados de los fusilamientos de 19 presos políticos.
   
Sólo permanece en la zona el ex cabo Carlos Marandino (63), quien está con prisión domiciliaria. Los otros cuatro procesados viajaron a su lugar de residencia. No se descarta que algunos vuelvan para la sentencia y sigan las audiencias por videoconferencia.
Los ex marinos enjuiciados, Rubén Paccagnini (85), Luis Emilio Sosa (77), Emilio Del Real (76) y Jorge Bautista (86), están en libertad, por lo tanto se fueron de la zona dado que el juicio se retomará recién el jueves próximo en el Cine Teatro José Hernández de Rawson, según determinó el Tribunal Oral Federal. Durante la primera audiencia del juicio, el Tribunal ratificó la situación de excarcelados de cuatro de los imputados, que pueden moverse con total libertad. Tienen obligación de concurrir al juicio, pero no de presenciarlo.
De todos modos, y teniendo en cuenta la edad de los procesados, los abogados defensores esperan definiciones en cuanto a la posibilidad de utilizar el sistema de videoconferencia para seguir el desarrollo de las audiencias y posibilitar así que sus clientes no regresen hasta el momento de la sentencia.
El pasado lunes comenzó el juicio contra los cinco ex marinos por el fusilamiento de 19 militantes de organizaciones armadas durante la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de Trelew.

VIDEOCONFERENCIA
Cuando se reanuden las audiencias el jueves próximo a las 10 de la mañana, el Tribunal que preside el juez Enrique Guanzirioli deberá resolver si permite que algunos de los imputados que tengan problemas de salud que les impida asistir, puedan seguir las audiencias por videoconferencia.
El defensor del procesado Bautista ya realizó la petición, y remarcó la intención de su cliente, quien está acusado de encubrimiento, de prestar declaración testimonial en la próxima audiencia.
Bautista fue el único de los procesados que participó de la inspección ocular que se realizó el pasado jueves en la Base Zar, escenario de los hechos que se investigan.

martes, 15 de mayo de 2012

Encarnación Díaz: recuerdos de la masacre y de la solidaridad con los presos de Trelew

Acudió con sus 83 años a todas las audiencias del juicio por la Masacre de Trelew, desde el pasado lunes, como estuvo presente antes en toda actividad en memoria de los prisioneros fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Trelew.

“Aquel 22 de agosto el pueblo de Trelew quedó consternado y en un primer momento con cierta parálisis”, rememoró Encarnación Díaz.
“Aquel 22 de agosto el pueblo de Trelew quedó consternado y en un primer momento con cierta parálisis, que equivalía a decir: `¿cómo se animaron a tanto?`”, dijo Encarnación, con la misma lucidez con la que habló el domingo último, en la víspera del comienzo del juicio, en un multitudinario acto en la base Zar, próxima a la ciudad.
Su indignación no cesa, ni aún 40 años después: “además, los oficiales de la Armada faltaron a su palabra, porque los jóvenes se rindieron en el aeropuerto (tras la fuga del penal de Rawson del 15 de agosto) después de que les prometieron garantías. Pactaron frente a los medios de prensa y el juez (Alejandro) Godoy”.
 
Acordaron que los devolverían a la misma cárcel, la Unidad 6, pero “llegó la orden de llevarlos a la base” Zar, donde el 22 de agosto fusilaron a los 19 prisioneros recapturados, de los cuales ese día murieron 16 y otros tres sobrevivieron con graves heridas.
¿Qué tenía que ver Encarnación con los fusilados? Ella se había radicado en Trelew en 1958, el mismo año en que Chubut adquirió la condición de provincia. Era docente. Y a comienzos de los ‘70 se sumó a la Comisión de Solidaridad constituida por vecinos “a partir del momento en que trajeron aquí, al penal de (la vecina) Rawson a los detenidos políticos”.
“En la U6 estuvieron detenidos no solamente estos jóvenes, que después de la fuga fueron asesinados, había además muchísimos presos sin proceso, sin indicación alguna de por qué estaban detenidos pero con la calificación de ‘delincuentes subversivos’”.
Sobre esta calificación genérica, que la dictadura aplicaba a todos los presos políticos y sociales, Encarnación relata lo que llama “una pequeña anécdota”.
“El doctor Hipólito Solari Yrigoyen, que estaba detenido allí, quería tener sus lentes para poder escribir o leer y la esposa se los llevó a la U6. Cuando el carcelero se los fue a entregar, le dijo que tenía que firmar un papel que decía: ‘consta la entrega al delincuente subversivo Hipólito Solari Yrigoyen…’. El se negó a firmarlo. Prefirió quedarse sin sus lentes, antes que convalidar esa calificación”, relató.
 
La entrevistada se disculpa: “sé que estos reportajes tienen que ser cortos pero yo haría una historia de los pequeños detalles, muchas veces más elocuentes que los grandes trazos”.
Así, cuenta que el sindicalista y líder del “cordobazo” Agustín Tosco, al salir de la cárcel en Rawson, cumplió su primer deseo de ir al mar, donde se mojó los pies, porque, explicó a quienes lo acompañaban, en la noche oía desde su celda el rumor del océano.
“Esta gente luchadora, así como es gente de acción, también es poeta con su accionar. Hay poesía en la acción de un ser que lucha por los otros”, acotó.
 
Agregó que “la cárcel de Rawson en esa época estaba llena de sindicalistas”, entre los cuales el “Gringo” Tosco, dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba y de la CGT de los Argentinos.
“Tosco era un modelo de sindicalista honesto, combativo, con el sentido de combatir por los intereses de los trabajadores”, que “ni siquiera se tomaba a pleno su licencia gremial”, sino que periódicamente “volvía a su lugar de trabajo para estar cerca de los compañeros”.
El 15 de agosto de 1972 se fugaron de la cárcel de Rawson 25 prisioneros que integraban las organizaciones FAR, ERP y Montoneros, seis de los cuales consiguieron completar el escape en avión rumbo a Chile, mientras los 19 restantes, que no llegaron a tiempo, se rendían con garantías incumplidas por sus captores.
 
“De alguna manera la fuga está considerada como un derecho, una tendencia casi natural del hombre prisionero, especialmente en dictadura. Tanto es así que, efectuada una fuga, no se pena en sí mismo por la fuga. Se abre, sí, una investigación por el hecho de cómo fue”, reflexionó Encarnación.

domingo, 13 de mayo de 2012

Delito de lesa humanidad

Todas las fichas en el juicio oral

La Secretaría de DD.HH. de la Nación y la fiscalía plantean que la Masacre de Trelew es un delito de lesa humanidad. La decisión del tribunal es crucial para poder avanzar en las condenas de los imputados por los fusilamientos.

 Por Ailín Bullentini

Para las partes que cumplen con la función de acusar en la causa de la Masacre de Trelew, el asesinato de los 16 presos políticos y el intento de homicidio de los tres sobrevivientes en el marco del fusilamiento cometido por miembros de la Marina en la base Almirante Zar de esa ciudad de Chubut el 22 de agosto de 1972 es un delito de lesa humanidad. “La querella de la Secretaría de Derechos Humanos no tiene dudas al respecto”, planteó el abogado que la representa, Germán Kexel. La postura del organismo en el juicio que comenzó hace una semana en Rawson coincide con el objetivo de la Fiscalía, a cargo del fiscal general de Rawson, Fernando Gelvez, y su colega de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz. Sin embargo, una serie de recursos interpuestos en la etapa de instrucción por algunos de los cinco acusados que exigían la prescripción de los delitos –pasaron más de 40 años– originaron un fallo de la Cámara de Casación Nacional que puso todas las fichas sobre la mesa del juicio oral. “Cuestión de hecho y prueba que deberá definirse en la etapa oral”, mencionó la Cámara entonces, tras rechazar los pedidos de las defensas y llevar a la “cárcel a los culpables” reclamado por los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos al máximo de suspenso posible. “Es lo crucial en la investigación. Sólo si el tribunal los considera delitos de lesa humanidad podremos hablar de la existencia de la imprescriptibilidad de los crímenes y, por ende, probar los diferentes grados de responsabilidad de los acusados”, advirtió Gelvez.

El interrogante sobre la naturaleza de los fusilamientos es eje principal del emblemático juicio que en ésta, su segunda semana de avance, contará con la declaración de uno de los acusados, el marino Jorge Bautista –imputado por encubrimiento– y de los primeros testigos de las partes acusadoras. ¿En qué elementos, entonces, se basaron para considerarlos delitos de lesa humanidad la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos? La posición de ambas apunta a los contextos previo y posterior en el que se produjeron los asesinatos de los jóvenes militantes políticos de las organizaciones armadas Montoneros, FAR y PRT-ERP y aseguran sin vacilar: la Masacre de Trelew es el germen del terrorismo de Estado, del “genocidio argentino de 1976”.

La investigación de los fusilamientos comenzó con la denuncia de los abogados involucrados en la temática de derechos humanos Alberto Pedroncini y David Baigún, presentada en 2005 ante la Justicia Federal porteña. “Entre la documentación que presentaron figura un manual de reglamentos del Ejército elaborado en 1968 y que rigió desde entonces, la mayoría firmados por el entonces jefe del Ejército Agustín Lanusse, que describen mecanismos psicológicos, operaciones antisubversivas, exterminio del elemento subversivo, operaciones contra la guerrilla urbana”, apuntó Kexel. El documento había sido presentado entonces por la defensa del represor Santiago Riveros en el marco de una causa en la que estaba imputado por violación a los derechos humanos con el objetivo de hacer responsables de los crímenes a las más altas autoridades militares. “Sirvió como prueba de la categoría de lesa humanidad de la masacre porque permitía describir el contexto represivo inmediatamente anterior a la dictadura militar. El Ejército argentino ya había escrito y publicado reglamentos para proceder ante el accionar de un enemigo en la población civil, el ‘subversivo’ como lo llamaron, aquel que pensaba distinto, con el objetivo de eliminarlo”, apuntó Kexel.

“Contamos con abundante prueba documental y testimonial, como es el caso de la compañera de una de las víctimas, Rubén Bonet, Alicia Bonet –estaba clandestina cuando su compañero fue asesinado–, o el detalle de la Cámara Federal, que la dictadura de Lanusse creó especialmente para juzgar a presos políticos, que confirman la situación de persecución a determinadas organizaciones políticas, que esa persecución se estaba dando desde antes de la madrugada del fusilamiento, que era manifiesta, que hubo represión ilegal y que este hecho fue el inicio del terrorismo de Estado”, de 1976, comentó el fiscal general de Rawson que participó en la investigación desde el momento en que de la Justicia porteña pasó a la de la capital chubutense, poco después de la radicación de la denuncia.

La Cámara Federal mencionada por Gelvez, conocida como el “Camarón”, también es un elemento que destacó Kexel, “un fuero antisubversivo creado ad hoc con reglas particulares y a miles de kilómetros de sus familiares”, apuntó el representante de la Secretaría de DD.HH. Fue el juez Jorge Quiroga, integrante del “Camarón”, quien interrogó a los 19 militantes que tras intentar fugarse de la unidad penal 6 de Rawson, el 15 de agosto de 1972, fueron encerrados en la base Zar hasta su muerte, el 22 de ese mes.

Para Kexel, “el post 22 de agosto de 1972 termina de explicar los hechos”: la persecución y la desaparición de la familia Pujadas (los vínculos directos de Mariano Pujadas, otra de las víctimas, están casi todos desaparecidos), la desaparición forzada de los tres sobrevivientes de los hechos (Alberto Camps fue asesinado el 16 de agosto de 1977; María Antonia Berger y Ricardo Haidar continúan desaparecidos) y la muerte de otros tres chicos que tras la balacera habían quedado vivos (Bonet, Miguel Polti y Alfredo Kohon), a quienes dejaron morir sin atención médica son algunos de los elementos que “explican la continuidad represiva en el terrorismo de Estado. El genocidio argentino del ’76 no empezó de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se venía trabajando hacía rato”, concluyó.

“Los habían rematado sin más”

Miguel Marileto, el funebrero que preparó los cadáveres de los fusilados en Trelew.

Puso los cuerpos de los dieciséis jóvenes en los cajones y selló los féretros. “Vi que Pujadas era quien había recibido más balazos. Vi que la mujer de Santucho tenía tres tiros en la panza, donde cargaba un bebé”, relata.

 Por Ailín Bullentini

Desde Trelew

Son tres las imágenes que Miguel Marileo no puede borrar de su memoria. Tres escenas que lo acompañan desde sus años de empleado multiuso en la única funeraria de Trelew, hace más de 40 años: Un pequeño y humilde rancho en las afueras de la ciudad que se convirtió en el hogar huérfano de una “jovencita sola”, los restos calcinados de 25 bomberos que quedaron atrapados en un incendio en Puerto Madryn y los cuerpos acribillados de las víctimas de la masacre de Trelew. A pesar de que la mantuvo escondida bajo otros recuerdos durante décadas, Miguel retornó a esa última historia con la facilidad de quien memoriza un cuento: “Los habían dejado en el suelo, en dos hileras. Cada uno tenía al costado de su cabeza una bolsita con las balas que los habían matado. Fue una barbaridad”, desgranó en detalles junto con Página/12 y reconstruyó su versión de la historia.

Los tac-tac-tac de alguien que golpeó la persiana de su cuarto lo despertaron el 22 de agosto, diez minutos antes de la medianoche, y la escena funciona muy bien como punta del ovillo que Marileo comienza a desenmarañar. Entre la oscuridad del cuarto que daba a la vereda de una calle residencial de Trelew y el sueño de un día perturbador, Miguel se incorporó en el borde de su cama, abrió la ventana del lado de adentro y pispió entre las rendijas de los postigos. Uniforme. Camión verde oliva. “Milicos”, susurró. “¿Sí?”, alzó la voz.

–¿Miguel Marileo?

–Sí.

–Me va a tener que acompañar a la base.

–¿Pasó algo con los muchachos, Migue? ¿Qué hicieron? –le preguntó su mujer.

–Nada, no vi a los muchachos. Debe ser por los pibes.

Con el último zapato, el funebrero se calzó coraje. Dejó a su mujer desvelada y subió en el cajón del camión de Infantería de Marina que lo esperaba, motor en marcha, en la calle. Reconoció al dueño de la funeraria en el asiento del acompañante. Se acomodó entre colimbas. Sospechó del “capo” que estaba sentado en una de las esquinas del acoplado militar. “Muchas tiritas en el brazo del uniforme: milico de por vida. No como los colimbas, que están un año y pasan –definió–. Nunca me cayeron bien los verdes, yo tenía las mismas ideas que los chicos asesinados. Yo quería un país distinto.”

Nadie le explicó nada, siquiera su jefe, pero Miguel sabía cuál era la razón por la que lo habían arrancado de su rutina esa noche. Contaba con algunos indicios, claro. Las ansias del “soldadito” que, al oído, le consultó por la opinión de la gente del pueblo respecto de las muertes de la noche anterior habían funcionado de guiño. Las dos hileras de ataúdes abiertos y vacíos extendidas en la sala de entrada del edificio central de la Base Almirante Zar, y la valija con herramientas y la garrafa para soldar que su jefe bajó del camión que los introdujo en territorio aeronaval confirmaron sus certezas.
El preludio

A los 18 años –principios de los ’60–, Miguel comenzó a trabajar en la empresa funeraria de su padrino, “el señor Martello”. Siempre con un ojo puesto en la política, víctima asidua de las “corridas” con las que los militares desarmaban reuniones en aquellos tiempos, olió sangre en el traslado de los 19 presos políticos, el 15 de agosto de 1972, desde el Aeropuerto de Trelew, adonde habían llegado tras su fuga de la Unidad Penal 6 de Rawson, a la base Zar. “Los van a hacer pelota, les decía a mis compañeros de trabajo. Nadie me creyó”, rescató, desde el sillón de su casa actual, ubicada a vuelta de esquina de la que dejó aquella noche, casi 40 años atrás.

Tampoco se equivocó entonces. La “bola” de los 16 asesinatos –los de los militantes de Montoneros, ERP y FAR Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Suárez, Humberto Toschi y Jorge Ulla– corrió rápido por ese pueblo chubutense. Tan rápido, que el jefe de Marileo supo, no bien comenzó aquel 22 de agosto laborable, que los marinos llegarían hasta la funeraria a comprar los féretros. “Aparecieron en el local cerca de las cuatro de la tarde. Pusieron un camión de culata, pidieron 16 cajones de madera y caja de metal interna, los cargaron, pagaron y se fueron”, detalló y repitió las palabras que su padrino le había confiado al final del día: “Nos van a venir a buscar, Miguel. Van a querer que hagamos el trabajo”.
El trabajo

Los cajones abiertos y vacíos los esperaban en la sala de recepción del edificio adonde Miguel y su jefe fueron conducidos por los colimbas que viajaron con ellos en el camión. “Suba, venga, baje y haga. Ahí sólo había órdenes para nosotros. Yo me quejaba un poco, pero mi jefe era una tumba”, recordó. Pasillo a la izquierda mediante, la antesala de las celdas donde habían estado encerrados los “fugados” de la U6 era el lugar donde exhibían sus cuerpos. Dos hileras de ocho cuerpos jóvenes, desnudos, ensangrentados y mutilados porque “en enfermería los habían abierto para sacarles las balas”. Al lado de cada cabeza, un paquetito transparente con el nombre del muerto y los proyectiles verdugos. En una esquina, los tres sobrevivientes –Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar– esperaban “de-sangrándose” que los trasladaran a Puerto Belgrano.

Miguel se asomó a las celdas “chiquitas, el pasillo angosto, las ventanas enrejadas. ¿Quién se puede escapar de un lugar así? A estos pibes los fusilaron sin más”, consideró, como tomando coraje para volver al momento en que encajonó los restos de esos jóvenes y selló con estaño los féretros para siempre. El silencio permite reacomodar imágenes, recuperar sensaciones, reindignarse.

“La verdad... sentí una impotencia –retomó Marileo, que hoy pisa los 68 años y sería un coetáneo de las víctimas de la masacre–... Caminé entre todos. Los miré, los revisé. Vi que Pujadas era quien había recibido más balazos, porque estaba abierto de acá (se toca la garganta) hasta el ombligo y tenía como diez impactos. Vi que la mujer de Santucho tenía tres tiros en la panza donde cargaba un bebé. Estaría de cinco meses. Y con Sabelli me di cuenta de que los habían rematado sin más, indefensos. Una chica de pelo bien largo, me acuerdo. No tenía impactos en el cuerpo. No le veía orificios. Entonces le pasé la mano por detrás de la cabeza para levantarla y llevarla a su cajón. En la nuca tenía el hueco de la bala... Uno solo.”

Entre la una y las seis de la madrugada del 23 de agosto de 1972, entre el desorden de las órdenes contradictorias impartidas por uno y otro “señor de rango alto”, Miguel y su jefe sellaron cada cadáver en un féretro. Durante algunas horas fueron custodiados por conscriptos “aunque los capos andaban dando vueltas por ahí”. En la mitad de la noche, un “soldadito” se acercó a Miguel: “Mire jefe que nosotros no fuimos. ¿Sabe, no? Fue la patota de Sosa” (por el ex capitán Luis Emilio Sosa, uno de los acusados en el juicio). Luego del episodio, al chico “se lo llevaron a la rastra, quién sabe adónde y nos cuidaron los de uniforme con tiritas”, que incluso los invitaron con un café. Con el trabajo terminado y las herramientas recogidas, Miguel “quería desaparecer de ahí, nos iban a matar”. Su jefe, en cambio, no emitió palabra más que para pedirle que hiciera como él y se callara.

–Bueno, terminamos. Nos vamos.

–Sí, terminaron. Pero no se van. Por ahora, no se van.

Recién a las 18 los llevaron a la empresa, de regreso a Trelew.

30 años de silencio

“Agarré la valijita de las herramientas, el soldador y salté del camión. Desde arriba, el tipo que me custodió durante el viaje, capitán era, no sé, me selló la boca: ‘Vos de lo que viste, nada. Acordate que tenés un pibe de dos años, una familia. Cuidala’.” Marileo llegó a su casa, se dio un baño y le contó a su esposa qué había pasado. “Le prometí que no lo contaría nunca”, sostuvo frente a Página/12.

Durante algunas semanas, el teléfono de su casa no paró de sonar. La prensa de Buenos Aires, que había cubierto las horas posteriores al fusilamiento de los 16 militantes, estaba desesperada por hablar con el funebrero. El cajón en el que él guardó su historia se abrió mucho después: “No di una entrevista hasta 2003, cuando Mariana (Arruti, la directora del documental que reconstruye la historia de la masacre) me pidió que le contara. Y lo hice”. Luego prestó declaración en la causa que la semana pasada llegó a la instancia de juicio oral. Ahora, espera que “la Justicia alcance a los culpables”.

viernes, 11 de mayo de 2012

Las paredes que fueron testigos de la masacre

El tribunal que juzga los fusilamientos de Trelew, recorrio con uno de los acusados la Base Almirante Zar, donde se produjeron los asesinatos.
El acusado Jorge Bautista, quien estuvo a cargo del registro castrense de lo ocurrido en la Base Almirante Zar, detalló cómo encontró la escena del crimen el 22 de agosto de 1972, dónde estaban los cuerpos, la sangre y las marcas de “rasguños” en las celdas.

 Por Ailín Bullentini

Desde Trelew

“Puede ser que éste sea el pasillo, pero no lo recuerdo... ¿Y esta puerta da a la Plaza de Armas? Ni idea.” Ciegos parecieron los primeros pasos que el militar retirado Jorge Bautista, acusado de encubrimiento en el juicio por la Masacre de Trelew, dio ayer en el recorrido al edificio central de la Base Almirante Zar, escenario de los fusilamientos cometidos el 22 de agosto de 1972, ordenado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Parecieron, pero no lo fueron. Porque quien estuvo a cargo del registro castrense de lo ocurrido en las celdas de la base el 22 de agosto de 1972 relató casi de memoria cómo estaban distribuidos los 19 presos políticos en ocho celdas, hasta allí trasladados por militares luego de su intento de fuga del penal de Rawson, y reveló que no todas las víctimas fatales de la masacre fallecieron en el momento. Ese dato, particularmente, fue considerado por la querella de los familiares de las víctimas como el más importante de la jornada: “Indica que a algunas víctimas las dejaron morir”, definió la abogada del CELS Carolina Varsky. Sentado en uno de los bancos que adornan austeramente el hall de entrada del edificio central del predio que la fuerza aeronaval controla, a quince minutos de la ciudad de Trelew, rígidamente serio, apoyaba sus manos en el bastón del que se vale para caminar y fijaba su mirada en el afuera.

La batahola que armó la comitiva judicial –su abogado defensor, los de las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos, los fiscales y los jueces– lo despertó del letargo. Se sumó al tumulto que emprendió el reconocimiento del lugar y, sin mediar pedido del tribunal o preguntas de las partes, comenzó a describir cómo había sido 40 años atrás, cuando hizo la “investigación” militar del hecho, por la que está acusado de encubrir la masacre.

“Las celdas se enfrentaban a lo largo y el pasillo corredor desembocaba en una sala que era bastante más grande de lo que es ahora”, repitió el balbuceo el único acusado que participó del reconocimiento, ya anoticiado de que su avejentada humanidad era el punto de mayor atención del recorrido. De cerca lo seguía su abogado, Gerardo Ibáñez.

El recorrido por el edificio comenzó cuando el secretario judicial abrió una de las tantas fojas del expediente de la causa en la que figura un plano del lugar. Un primer pasillo que se abre a la izquierda del hall central, ese con el que Bautista jugó a confundirse durante los primeros momentos, condujo a la comitiva al espacio en donde se ubicaban las celdas que albergaron los últimos días de los 16 presos políticos fusilados. “Esta puerta no estaba, no existía”, balbuceó Bautista mientras los magistrados intentaban sin éxito localizar esa abertura en el mapa del expediente. Hoy, esa puerta es la frontera entre dos ambientes que, aquel 22 de agosto de 1972, fueron uno dividido en varios mínimos. Con los años el sitio fue convertido en un centro cultural para la memoria y, por ende, modificado. Los ladrillos que subdividían la sala en celdas hoy no existen y, en su lugar, una serie de cintas azules pegadas en el piso dibujan la disposición de los cubículos y le dan existencia al corredor en el que cayeron los muertos. Pegados en las paredes perimetrales con cinta de papel, los nombres de los presos obliga a quien camine por allí a sentir la presencia de sus cuerpos desangrados o desangrándose en el suelo.

Bautista accedió a contestar preguntas, aunque siempre bajo el paraguas de que su memoria “no es del todo confiable”. Recitó, cual formación de un equipo de fútbol, la distribución de los presos políticos fugados de Rawson en las celdas de la base: “La primera celda del ala izquierda, como se le llamó en el sumario, estaba vacía. En la segunda estaba (Mariano) Pujadas –las cintas pegadas en la puerta de esa celda, que todavía existe, ubican allí también a Carlos Astudillo y Eduardo Capello–. En la tercera creo que estaba (José) Mena –tampoco se equivocó, los nombres en la pared completan el cubículo con Jorge Ulla y Humberto Suárez–. Al lado estaban las chicas María Antonia (Berger), Ana María (Villarreal de Santucho) y (María Angélica) Sabelli. Al lado, (Humberto) Toschi y (Rubén) Bonet; y al lado (Miguel) Polti y (Alberto) Del Rey. A la derecha, frente a las chicas de la izquierda estaban las otras chicas, (Clarisa) Lea Place y (Susana) Lesgart, luego venía la celda de (Alfredo) Kohon y (Ricardo) Haidar y después (Alberto) Camps y (Mario) Delfino”.

Sin embargo, no fue tan puntilloso a la hora de justificar tales conocimientos. Es que el hombre había viajado a la base desde Buenos Aires específicamente para realizar la “investigación militar” de lo ocurrido. “Lo sé porque investigué. Tenía que entender quiénes eran y dónde estaban encerradas las personas cuyos nombres me llegaban de enfermería en una tarjeta que sólo decía cuántas balas se les había sacado del cuerpo”, apuntó.

Lo que supo no bien llegó fue el estado de la escena del fusilamiento, algo que, en partes, se prestó a reconstruir ayer. Así, Bautista confirmó que cuando llegó encontró proyectiles en el piso del pasillo, marcas de balas en las paredes y en las puertas de algunas celdas –“rasguños”– y manchas de sangre, además de los cuerpos, claro, de los 16 muertos.

–¿Había sangre en los calabozos? –inquirió Guanziroli.

–Había rastros de algunas personas que habían reptado hacia las celdas, pero dentro de los calabozos propiamente dichos no había nada. A la entrada del pasillo de las celdas, en el hall en el que de-sembocaba ese pasillo, había más densidad de gente.

–¿De cadáveres?

–Cadáveres, sí. Había más cadáveres que en el fondo. Indudablemente los cadáveres los tenían que dejar para que los viera el juez. Los heridos, que los habían sacado de acá, acá y acá (señaló en donde estarían ubicadas las celdas de Berger, Camps y Haidar) y creo que había uno más...

–¿Cómo uno más?

–Sí, a mí de la enfermería me dijeron: Bonet acaba de morir.

Para la querella de los familiares, ése fue uno de los datos más importantes de lo comentado por Bautista ayer, ya que “indica que las víctimas fatales en un inicio fueron menos de los 16 que finalmente murieron y que a los que estaban heridos en un comienzo los dejaron morir”, apuntó Varsky. Para la fiscalía, el recorrido por la base, acompañado de la narración en vivo y en directo de uno de los acusados, “aportó mucho ya que gran parte de su relato coincide con lo versado en la causa por el perito oficial que revisó el espacio en cuanto a la distribución de los calabozos y sus dimensiones”, detalló el fiscal que actuó en la instrucción de la investigación, Fernando Gelvez. El TOF, finalmente, decidió que Bautista amplíe su relato en la próxima audiencia del juicio, que será el jueves de la semana que viene.

martes, 8 de mayo de 2012

Segunda jornada del juicio por la Masacre de Trelew, “a buen ritmo”

El juicio por la Masacre de Trelew perpetrada por marinos en 1972 avanza "a buen ritmo", señalaron este martes querellantes de la causa, al concluir la segunda jornada del juicio que se desarrolla en Rawson, Chubut.

"Lo que más nos interesa es la sentencia definitiva, que establezca las responsabilidades penales, y estamos avanzando a buen ritmo", dijo este martes en horas de la tarde a Télam el abogado Eduardo Hualpa, que representa a parte de los familiares de los 19 fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada en Trelew.

En el mismo sentido, su colega Carolina Varsky, querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), subrayó que "lo  más importante es que finalmente comenzó el juicio y llegar a una sentencia pronto, ojalá, para nosotros, condenatoria".

Este martes se completó la lectura de las declaraciones indagatorias que los imputados ya habían dado durante la instrucción y "probablemente la semana próxima estemos en condiciones de empezar con las audiencias testimoniales", detalló.

Tras cumplir pasos procesales este miércoles desde las 10 en la base Zar, el debate proseguirá en el Centro Cultural José Hernández en Rawson y la siguiente audiencia se realizará el jueves de la semana próxima, anunció el juez Enrique Guanziroli, quien integra el tribunal junto Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella.

Además, el magistrado exhortó este martes a la tarde a las partes a revisar el número de testigos convocados en principio, a fin de reducirlo si es posible y así acelerar el avance de la causa, criterio que compartieron las querellas.

"Son cerca de 80 testigos. La idea es poder trabajar con las otras dos querellas" y desistir de la presentación de aquellos que no supongan un aporte significativo a la prueba, "para poder avanzar lo más rápido posible", dijo Varsky.

En cuanto a la pena que solicitarán para los autores de los delitos investigados, la abogada del CELS anticipó que, por su tipo, "corresponde prisión perpetua, en tanto son 16 homicidios y tres tentativas".

Esta es la pena pretendida respecto de los oficiales Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el suboficial Carlos Morandino, todos de la Armada, acusados de homidicio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos.

En cambio, pedirán una punición menor para el oficial Jorge Bautista, el instructor nombrado por la cúpula naval de la época, acusado de encubrir el fusilamiento de 19 prisioneros políticos, 16 de los cuales murieron en la madrugada de aquel 22 de agosto, hace 40 años.

Sobre la decisión adoptada del Tribunal de desestimar el pedido de prisión efectiva en cárcel común, adoptada en la primera jornada del juicio, Varsky dijo que los querellantes entienden "las razones" de los camaristas.

"Esperamos que el Tribunal garantice la presencia de los imputados en los momentos en que se los requiera y hasta la sentencia", añadió.

Hualpa opinó de modo coincidente y señaló que, "por supuesto, en caso de cualquier incumplimiento" de los imputados, "vamos a volver a plantear la prisión efectiva" para los mismos.

En otro orden, el letrado consideró "muy importante el apoyo del público (a la realización del juicio), la presencia de vecinos, militantes y organizaciones" en las audiencias.

"Es muy importante respetar los derechos y garantías de los imputados pero también la memoria, el reclamo histórico de que esto se juzgue", puntualizó.

Sobre la estrategia de la defensa de los acusados, entre ellas afirmar que los delitos investigados son prescriptibles, Hualpa señaló que éste "es un punto grueso que se va a definir en esta sentencia".

"Nuestros argumentos son fuertes en el sentido de que estos son delitos de lesa humanidad, cometidos desde el poder del Estado, por motivos ideológicos, políticos o raciales, entre otros", sostuvo.

También Varsky enfatizó que "son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, que el Estado debe investigar" para sancionar a sus responsables, y recordó además que la Masacre de Trelew está en "la génesis de lo que después se conoció como terrorismo de Estado" de la última dictadura.

La lectura de las indagatorias en la segunda audiencia dejó a la vista las contradicciones entre las declaraciones de los oficiales imputados, que en la instrucción convalidaron la versión oficial de la dictadura sobre un supuesto nuevo "intento de fuga", y la declaración del cabo Morandino.

Este último, que estaba de guardia en el área de la celdas cuando los fusilamientos, dijo en las indagatorias que Sosa y los otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, antes de abrir fuego con metralletas PAM sobre los 19 prisioneros.

También afirmó que, después de las ráfagas del fusilamiento, escuchó disparos aislados con pistola calibre 45, en coincidencia con los testimonios y pericias que indican que varios heridos fueron ramatados mediante tiros de gracia en la nuca.

Morandino admitió además que sus superiores le ordenaron mentirle al instructor Bautista, para encubrir después el fusilamiento, y no hablar de lo ocurrido con terceros.

En las indagatorias leídas desde este martes por la mañana, Morandino relató también que en 1973, cuando se retiraba la dictadura de entonces (1966-73), la Armada lo envió en comisión a Estados Unidos por un año y medio, hasta 1975, cuando pasó a retiro.

Y dijo que después fue chofer del agregado naval de la embajada argentina en Estados Unidos hasta diciembre de 2004.

Difícilmente estas decisiones de la Armada puedan interpretarse  como algo diferente a un "premio" a Morandino, que lo mantenía lejos del país y callado, un silencio que rompió recién al ser indagado en 2008 durante la instrucción del juicio.

El "Gringo" que convenció al carcelero

Está el hecho que trasciende, que hace historia.

Y están los hechos que hacen a esa historia pero van por sus laterales. Son los que Raymond Carr definía como los "núcleos sueltos" sin los cuales no habría un núcleo central: la historia tal cual trasciende, pero que se desliga de ellos.

Desde esta perspectiva, la fuga y masacre en Trelew tienen alcance nacional. Pero sus "núcleos sueltos" tocan muy de cerca a Carmen de Patagones y Viedma. Veamos:

El "Gringo" Domingo Mena fue uno de los fundadores del PRT, génesis de su ala militar: el ERP. En 1972 Mena, descendiente de una familia del norte argentino de larga tradición católica, estaba preso en Trelew desde 1971. A metros, en otras celdas, Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo.

A lo largo de aquel 72 Mena, hombre culto, de hablar suave, con cautela se encargó de captar a un carcelero: Facio, descendiente de una numerosa familia de Viedma. Facio le pidió 10 millones de pesos para ayudar a la fuga que se planeaba. Tenía deudas. El pedido "lo hizo casi con vergüenza, y después de tratarlo cotidianamente nos daba la impresión de que sin pago también nos hubiese ayudado. No pensábamos que pudiera traicionarnos, aunque en realidad no nos quedaba más alternativa que confiar", confiesa Gorriarán Merlo en sus sabrosas memorias.

El ERP accedió al pedido de Facio: cinco millones antes de la fuga, luego el resto.

Pero Facio nunca cobraría ese resto.

Una madrugada, meses después de la fuga y masacre, sonó el timbre en la casa de Facio, en Trelew.

–Venimos de parte del "Gringo" Mena –le dijeron a través de la puerta. Facio confió.

Abrió creyendo que llegaba el resto de la plata. No pudo frotarse las manos.

Está desaparecido.

¿Qué fue de Mena, en tanto?

Tras la fuga, paso por Chile y estadía mediante en Cuba, volvió a la Argentina semanas antes de las elecciones de 1973. Quizá ingresó junto a Santucho y Gorriarán Merlo.

Chile, cruce de Los Andes, estadía en Neuquén durante unos días. Luego, en tren, rumbo a Buenos Aires.

Pasaron los años. Años de sangre y muerte. Llegó el golpe del 76. En la tarde del 19 de julio un capitán del Ejército que venía de prestar servicios en la VI Brigada de Infantería de Neuquén, irrumpió al frente de cuatro suboficiales. La balacera tuvo ida y vuelta. Dice la historia que el capitán se trabó en lucha cuerpo a cuerpo con el jefe del ERP, Mario Santucho. Murieron los dos. El capitán se llamaba Leonetti.

Y cayó también Benito Urteaga, el segundo del ala militar de ERP, que comenzaba ser historia.

Esa noche, en otro lugar del Gran Buenos Aires, eran secuestrados Mena y su esposa, Ana Lanzillotto. Junto a otra hermana –quizá melliza– militan en el ERP.

Descendientes de otra familia con larga estela de historia en La Rioja, las dos están desaparecidas.

Mena y Ana tenían un bebé de meses. El grupo que los secuestró, lo hizo llegar a familiares. Se llamaba Ramiro.

Una hermana mayor de la mamá se hizo cargo de él. Estaba casada con un farmacéutico radical y riojano que llegó a Carmen de Patagones cuando arrancaban los 60. Gaggioti de apellido. Ahí se crió Ramiro, cursó el secundario en el veterano San José.

Ramiro tomó los hábitos. Visitó a Gorriarán Merlo cuando éste fue detenido por la democracia. Luego se fue de misionero a África.

Volvió al país hace pocos años. Armó pareja. Vive en el norte. Cruzó los 40. Con mucha historia a cuesta.
CARLOS TORRENGO carlostorrengo@hotmail.com

Con los acusados libres

El tribunal desestimó la detención de los cuatro imputados por el fusilamiento de diecinueve presos políticos. Hoy tendrán oportunidad de hablar.

 Por Ailín Bullentini

El silencio que reinó en la audiencia inaugural del juicio por la Masacre de Trelew mutó en ovación cuando la Fiscalía pidió la detención inmediata en cárcel común de cuatro de los cinco imputados. La desestimación del pedido de parte del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia no cayó bien entre los familiares de las 16 víctimas fatales y los tres sobrevivientes del fusilamiento que las fuerzas de seguridad y militares cometieron en la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, el 22 de agosto de 1972. Sin embargo, “un día más o un día menos en el camino de estas bestias humanas a la cárcel no es lo más importante de la jornada. Lo fundamental es que comenzó a consolidarse un hecho de justicia”, remarcó Julio Ulla, quien espera que el asesinato de su hermano Jorge se salde con los responsables condenados. Ayer, además, se leyó la elevación a juicio de la causa, que señala a Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Carlos Morandino como responsables de los 16 homicidios y de tres tentativas, y a Jorge Bautista, acusado de encubrimiento. Para hoy se espera el inicio del debate con la invitación a los imputados a declarar. El tribunal integrado por Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella rechazó el pedido que presentó la Fiscalía, y al que adhirieron las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación porque “no acompañó elementos nuevos de convicción para variar el criterio” en relación a la situación de los acusados, explicó tras finalizar la audiencia Guanziroli. Es decir que la Fiscalía no aportó elementos que permitieran pensar que hay peligro de fuga.

El pedido de cárcel común e inmediata para los marinos Paccagnini, Sosa y Del Real y para el cabo Morandino apuntaba a “evitar que sucedan hechos que entorpezcan la investigación o los imputados se fuguen”. Para sostenerlo, la Fiscalía había citado antecedentes de otros tribunales que hicieron lugar a pedidos similares. La excepción realizada al marino Batista tiene que ver con la gravedad del delito que se le imputa, de encubrimiento. Existen aún dos militares más relacionados con los asesinatos que no ocupan bancos de acusados: Guillermo Bravo es uno de los fusiladores que sigue en libertad en Estados Unidos, donde la Justicia desestimó la extradición pedida por Argentina; Horacio Mayorga fue salvado por un cuadro de ACV.

La primera audiencia del juicio que intenta resolver los fusilamientos de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart cometidos en Trelew hace casi 40 años se llevó a cabo a sala llena y con una multitud copando la puerta del teatro José Hernández, de Rawson. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos y Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas viajaron hacia esa ciudad patagónica para estar presentes. “Un silencio sepulcral reinó en la sala durante la audiencia, mientras se leyeron las acusaciones y las probables penas. Pero la tensión estalló cuando los fiscales pidieron la detención inmediata en una cárcel común. El silencio se quebró en una ovación, aplausos cerrados y griterío”, narró Julio Ulla, un santafesino un año menor que su hermano Jorge, fusilado aquella noche de agosto del ’72 en las celdas de la base Zar.

Para Ulla, “hace muchos años que estas bestias humanas (los acusados) deberían haber caído presos. Pero un día más o menos no interesa tanto, porque lo que llega en breve es la justicia”. Su padre, contó a Página/12, denunció al entonces presidente de facto Alejandro Lanusse por el asesinato de su hijo en una solicitada que publicó un día después de ocurrida la matanza. Volvió a hacerlo no bien el país recuperó la democracia, en diciembre de 1983, cuando exigió que el Estado investigara las muertes. “Mi familia veía muy difícil todo, pero con este gobierno recuperamos la sensación de que la justicia sería posible”, mencionó.

Raquel Camps es hija de Alberto Camps, quien junto con Antonia Berger y René Haidar sobrevivió a los tiros de gracia, pero fue asesinado el 16 de agosto de 1975 (una fecha “nada casual”, dirá). Para ella, que los acusados estén en libertad “no es ninguna gracia” y “es difícil asimilarlo”. Sin embargo, confía en los próximos tres meses, durante los que más de 70 testigos expondrán sus verdades ante el tribunal de Comodoro Rivadavia. “Nuestro mayor anhelo es llegar a un nuevo 22 de agosto con esos culpables presos”, reveló.