Otro pedido de perpetua para los cuatro acusados

La Secretaría de DD.HH. también pidió perpetua para cuatro acusados

La Secretaría de Derechos Humanos pidió prisión perpetua para cuatro acusados por 16 homicidios agravados y tres tentativas cometidos hace 40 años en la Masacre de Trelew, la misma pena solicitada por la querella de familiares de los presos políticos fusilados en 1972.

"El debate jurídico y político de los últimos diez años hizo posible que hoy estemos aquí. Tenemos oportunidad de hacer justicia para los fusilados de Trelew", dijo Germán Kexel, quien representa junto a su colega Martín Rico a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio que se desarrolla en Rawson, la capital de Chubut.

Rico solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como coautores de los 16 homicidios y tres tentativas, delitos que las querellas consideraron crímenes de lesa humanidad.

Respecto del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez militar tras los fusilamientos de 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, pidió también dos años de prisión y requirió además que, en todos los casos, las eventuales penas sean de cumplimiento efectivo en cárcel común.

Igual que la querella de los familiares, que se desarrolló entre el lunes y el martes últimos, también la que representa a la  Secretaría de Derechos Humanos solicitó que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, investigue a Lisandro Iván Lois, que en 1972 se desempeñaba como médico de la base Zar, como probable encubridor.

Además pidió que este juez insista en reclamar a Estados Unidos la extradición del represor Roberto Bravo, negada en el pasado, y sobre el cual la querella de familiares propició un pedido de  deportación por falsear su declaración jurada en ese país.

La Secretaría de Derechos Humanos incluyó otros dos pedidos al juez federal de Rawson: que investigue la responsabilidad del oficial naval Jorge Barreto respecto de los hechos investigados y que instruya exámenes médicos periódicos al procesado almirante (RE) Horacio Mayorga, ausente en este juicio por razones de salud.

En el alegato que comenzó este martes y terminó este miércoles, esta querella sostuvo que Sosa, Del Real y Marandino fueron coautores materiales del fusilamiento de los 19 prisioneros que, el 15 de agosto 1972, después de fugarse de la cárcel de Rawson y cercados por militares, se rindieron con garantías en el aeropuerto de Trelew.

En cuanto a Paccagnini, que era el jefe de la base Zar y de la Fuerza Aeronaval 3 en el momento de los hechos, lo consideró autor mediato penalmente responsable de los mismos homicidios y tentativas y pidió igual pena que para los autores  materiales.

Esta querella imputó a Paccagnini "la transmisión de la orden de fusilar a los 19 militantes políticos", que procedía, afirmó, del dictador Alejandro Agustín Lanusse.

"En el momento del fusilamiento (en la madrugada del 22 de agosto), estaba en la base y a los pocos minutos en la zona de calabozos", la escena del crimen, donde en "en ese momento había seis sobrevivientes" con graves heridas.

Pero "Paccagnini no tomó la decisión de trasladarlos a un hospital" hasta pasado el mediodía, cuando tres de ellos ya habían fallecido y al menos uno, Pedro Bonet, había sido rematado con un "tiro de gracia" en la cabeza.

Esta tarde debían comenzar su alegato final los fiscales Horacio Arranz, Fernando Gelvez y Dante Vega pero la audiencia se suspendió para mañana, según fuentes de la causa, debido a una descompensación de la jueza Nora María Cabrera de Monella.

La magistrada integra el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia junto a los jueces Pedro De Diego y Enrique Guanziroli, quien lo preside en el juicio por la Masacre de Trelew

Según previsiones anteriores a la suspensión de la audiencia de esta tarde, la semana próxima alegarán las defensas de los acusados, seguirían eventuales réplicas, contrarréplicas y el Tribunal dictaría sentencia a mediados de octubre próximo.

Pedido de perpetua para cuatro marinos acusados

“Cada uno cumplió una función en el plan”

“Se encontraba en curso ya una persecución contra una parte de la población civil” que debe ser considerada como “crímenes de lesa humanidad”, dijeron los abogados. Pidieron la deportación del marino Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos.

 Por Ailín Bullentini

Por considerar que fueron responsables de dieciséis casos de homicidios, tres tentativas y torturas, la querella de los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew pidió prisión perpetua para los marinos retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el ex cabo Carlos Marandino, cuatro de los cinco acusados por los fusilamientos sucedidos en esa ciudad el 22 de agosto de 1972. Para Jorge Bautista, quien en la época de los hechos actuó como juez ad hoc de instrucción militar, el equipo jurídico compuesto por las abogadas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky y Daiana Fusca y el chubutense Eduardo Hualpa solicitó la pena de dos años de cárcel por encubridor de los delitos. A más de 40 años de los hechos, los abogados consideraron los crímenes como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. “Para el momento en el que se producen los hechos de la causa se encontraba en curso ya una persecución contra una parte de la población civil que por su magnitud, características y sistematicidad, debe ser considerada como suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”, sentenciaron los abogados de la querella ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que comenzó en mayo de este año, en Rawson, a juzgar la masacre. Además, pidieron la deportación del marino Roberto Bravo, cuya extradición fue denegada por la Justicia de Estados Unidos, donde reside desde 1974, y la investigación del médico Lisandro Lois –quien firmó los certificados de defunción de algunas de las víctimas de los fusilamientos– por “encubridor”.

Varsky concluyó ayer el alegato de la primera querella del juicio, que reclamó la misma pena para cuatro de los cinco acusados: “Todos como coautores funcionales de los delitos de homicidio, tentativa en tres casos, y torturas. Cada uno cumplió una función en el plan de asesinato”, explicó Varsky a este diario.

Según el análisis de los abogados, acorde con las pruebas expuestas en el debate –los testimonios de los testigos que declararon, los de los tres sobrevivientes aportados en diferentes registros y documentos varios–, “está claro que Sosa, Del Real y Marandino dispararon”. A Paccagnini se lo acusa “en base a una autoría mediata: por ser el jefe de la base; por ser el primero en ingresar al lugar de los hechos inmediatamente después de ocurridos los fusilamientos y también como responsable de las torturas que recibieron los presos en la base entre el 16 de agosto –cuando se entregan en el aeropuerto de Trelew tras la fuga trunca– y el 22 y de sus condiciones de detención allí”.

A Bautista lo acusaron de encubridor de los asesinatos y pidieron por ese delito dos años de prisión de cumplimiento efectivo, que es la pena que el Código Penal de aquellos años establece –se toma la pena más benigna–. No obstante apuntaron que su cargo también es de lesa humanidad porque “la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad alcanza no sólo a esos hechos per se, sino también a las autoridades del Estado que toleren su perpetuación”, explicó la abogada.

La querella de los familiares de las víctimas había comenzado a fundamentar su pedido el lunes. Esa primera parte del alegato, un repaso detallado de lo ocurrido durante el debate judicial, sirvió para contextualizar los asesinatos, “abrazar” el pedido de condena y otorgarle sentido: “La normativa represiva, las reglamentaciones de las Fuerzas Armadas que seguían los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional y las enseñanzas de la Escuela Francesa; la creación de un fuero antisubversivo y el Camarón –la Cámara Nacional en lo Penal, que tenía jurisdicción en todo el país para tratar exclusivamente casos de militantes políticos–, una fuerte represión a la población civil, la práctica sistemática de torturas, detenciones arbitrarias y las primeras desapariciones forzadas de personas”, enumeró en diálogo con Página/12 Varsky.

Ayer, al final del alegato concluyó que “la Masacre de Trelew no fue un hecho aislado, producto de decisiones circunstanciales o de algún descontrol ocasional. Por el contrario, se produce en un marco de pleno desarrollo de un plan general de ataque a un grupo de la población civil, definido en forma genérica como ‘comunistas’, ‘subversivos’, ‘terroristas’”. Según entendió el equipo de letrados, ese plan, “por su magnitud, características y sistematicidad” es razón “suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”.

Según los registros, Bravo reside en Estados Unidos desde 1974. A principios de 2008, el Estado argentino solicitó su extradición en el marco de la investigación de los fusilamientos de Trelew. La corte de Florida la denegó. Ayer, las abogadas del CELS y Hualpa solicitaron al Tribunal su deportación “en tanto quedó acreditado en el juicio que es uno de los autores del plan de asesinar a los militantes y que ni la Justicia militar, con Bautista a cargo de la instrucción militar, ni la Cámara Federal, el Camarón, avanzaron hace 40 años en investigar sobre los responsables de la masacre”.

Por último, el alegato pide que la Justicia investigue a Lisandro Lois, quien fue médico de la base y firmó los certificados de defunción de las víctimas que sobrevivieron en un primer momento al tiroteo, pero que luego mueren –es el caso de Pedro Bonet–. “A esas personas nadie les dio asistencia. Pedimos que se lo investigue por encubrimiento.” Lois fue, años más tarde, jefe de Sanidad de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar.

La mesa de ensayo

 Por Ailín Bullentini

“En palabras del mismo Duhalde (en referencia al ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis), Trelew fue la mesa de ensayo, el prólogo de todo lo que vino después”, mencionó el abogado Martín Rico, quien junto con Germán Kexel comenzó ayer a exponer los alegatos de esa secretaría en el juicio por la Masacre de Trelew ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, tarea que culminará hoy con el pedido de condenas. El razonamiento, que desembocará en la calificación de los fusilamientos como delitos de lesa humanidad, considera que “el plan criminal que imperó durante la última dictadura militar argentina no empieza en 1976. Todas las características de ese plan están presentes en Trelew, no sólo puntualmente el 22 de agosto, sino en las condiciones de detención en la base, en la incomunicación de los presos. Todo es parte de un mismo plan”, resumió Rico

La voz de los sobrevivientes de Trelew

En el juicio por la masacre del 22 de agosto de 1972, se escuchó una grabación de Berger, Haidar y Camps.
El sonidista José Khusnir tomó los testimonios de los tres presos que sobrevivieron a los fusilamientos en el breve lapso que estuvieron libres antes de desaparecer. El relato de las responsabilidades de los acusados Sosa y Bravo.

 Por Ailín Bullentini

“Nosotros somos los sobrevivientes de la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972.” Es lo primero que se le escucha decir al “combatiente” de la “organización Montoneros” Ricardo Haidar en una narración oral a tres voces que compartió junto con los integrantes de las FAR María Antonia Berger y Alberto Camps, diez meses después de “ganarle al enemigo” y cuatro años y medio antes de desaparecer para siempre. Tal vez por eso, el audio de esa historia es tan impactante: hace añicos el silencio que algunos creyeron volver eterno con borrarlos de la faz de la tierra. Entonces, a cuarenta años de las ráfagas de ametralladoras y del pacto de sostenimiento de una versión inventada, los cuerpos que les ganaron a las balas hablan –no ya por boca de otros, como en La Patria Fusilada, del poeta desaparecido Paco Urondo– de los fusilamientos y de los fusiladores. “Lo que me cuestionaba y nos cuestionábamos es que esos tipos son (eran) irrescatables; que todo lo que había pasado nuestro pueblo no les importa ni cinco”, dice Berger en un momento de la descripción, en referencia al “capitán (Luis) Sosa” y al “teniente (Guillermo) Bravo”, cuya extradición no fue aprobada por el gobierno de los Estados Unidos en donde reside, el único con vida que falta en el banquillo de los acusados.

“El régimen en la base era intimidatorio y buscaba nuestra reacción. Los que nos custodiaban tenían orden de hacerlo con bala en recámara y sin seguro; éramos trasladados con las manos en la nuca y apuntados por varias armas”, cuenta Camps, congelado en el tiempo de una cinta de sonido, la última prueba sumada a la masacre de Trelew que entró en la etapa de los alegatos ayer. “Se ve en las palabras que dijo Sosa al día siguiente de la fuga: ‘La próxima no habrá negociación; los vamos a cagar a tiros’. La intimidación tenía caracteres alarmantes. Emitían disparos al aire; al compañero Mariano Pujadas lo hicieron barrer desnudo y a la vista, apuntado por las armas; nos hacían acostar desnudos en el piso a una temperatura de diez grados bajo cero”, ejemplifica el santafesino.

Las condiciones de la detención en la Base Almirante Zar, así como la descripción del comportamiento de Sosa y Bravo, son lo más importante a nivel probatorio que el audio aporta al juicio. Sin embargo, el detalle minucioso del momento de los fusilamientos y el instante mismo en que la versión oficial de los hechos es construida, datos ya conocidos, no dejan de provocar estupor. Grabada por el director de cine y sonidista José Khusnir, la entrevista a los sobrevivientes fue escuchada en el marco de la última audiencia de testimonios del proceso oral. Khusnir grabó el relato para una película que Pino Solanas nunca editó, y lo guardó. En pocos años, el audio se convirtió en un tesoro demasiado peligroso. Temeroso, las metió en un bolso y lo llevó consigo a su exilio en México durante la última dictadura. Varios años después, durante un homenaje a Raymundo Gleyzer, se lo prometió a la viuda de Pedro Bonet –una víctima de Trelew– y ésta las puso a disposición de la cineasta Mariana Arruti en épocas de la filmación de su documental Trelew. De allí, la historia llegó hasta el proceso que busca dar justicia a los fusilamientos.

“Hicieron tanto para eliminarlos y sin embargo resurgieron sus voces. Fue un acto de justicia poética”, definió el abogado de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Germán Kexel, quien además coincidió con su par Eduardo Hualpa, de la querella de los familiares de las víctimas, en que la versión oída “coincide perfectamente con que los sobrevivientes ofrecen en La Patria... y en los juicios civiles (material que se incorporó en la causa a través de los documentos secretos encontrados en la Armada)”. “El audio fue realmente conmovedor: un viaje que obligó hasta a Sosa a trasladarse en el tiempo y a ver con sus propios ojos esa verdad que él quiere ocultar”, mencionó Hualpa, que ayer comenzó su alegato (ver aparte).
Los fusiladores

Camps: –Estábamos a cargo del capitán Sosa y del teniente Bravo. El teniente Bravo estaba a cargo de un equipo de guardia, eran cuatro guardias durante el día, pero él, que era el verdugo típico, el tipo que constantemente provoca, buscaba estar en tres. Constantemente nos sometía a sanciones, nos hacía desnudar, tirarnos al piso o ponernos desnudos contra la pared sin ningún motivo. Era el prototipo del cínico. Al lado de eso, después venía y buscaba la charla amable. Tenía frases típicas como “a éstos en vez de alimentarlos, deberíamos matarlos”, “ya van a ver que al terror guerrilla se lo combate con el terror antiguerrilla”. Era el prototipo del cancherito, del sobrador. Era característico su cinismo.

Haidar: –El capitán Sosa mostró dos caras. Una que tuvo en las negociaciones y otra a partir de que nosotros pasamos a estar en sus manos. Es un individuo prepotente y que en su momento mostró decisión de matarnos realmente. Cínico, también. Venía, se arrimaba para vernos en qué condiciones estábamos, un poco gozando con el espectáculo. Mostraba también con todas sus actitudes estar a distancias siderales de lo que sentía y pensaba y piensa el pueblo. Una mentalidad enfermiza, reaccionaria y gorila. Nos puteaba: “¡Qué van a hacer ustedes, combatientes del pueblo! Ustedes son asesinos, delincuentes”.

Berger: –Nunca nos reconocían como parte del pueblo. Tanto Sosa como Bravo siempre trataban de mostrarnos así, como los asesinos o como los delincuentes. En ese sentido, no nos respetaban. Ahora, por otro lado, sí tenían una especie de admiración porque pese a que nos gritaban nosotros teníamos el ánimo alto. Pese a todas las amenazas siempre nos reíamos, estábamos contentos y eso no podían soportarlo y no podían comprenderlo.
Ráfagas de ametralladora

De manera casi igual a cómo lo relató ante el grabador de Paco Urondo el día en que aguardaban la libertad del “Devotazo”, Berger recordó, una vez más y para una película que nunca fue, cómo los “hicieron formar” en la madrugada del 22 a las tres y media de la mañana “con patadas en las puertas”. “En un determinado momento comienzan los disparos. Me sorprendo mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya cuatro disparos encima.” Mencionó que después de ver a “la Santucho” muerta se dio cuenta de que los estaban “fusilando” y detalló que el “tiro de gracia” que recibió en la cara le hizo sentir “una explosión en la cabeza”. Camps aseguró comprender “inmediatamente que es una masacre, que es la muerte para todos”. Resultó herido en el momento de los remates, al igual que Haidar.

Sin embargo, mechado entre el devenir métrico del desenvolvimiento de los asesinatos en sí, el montonero santafesino reveló el instante en el que, heridos y desangrándose en el piso de las celdas en que los habían encerrado durante una semana, oyeron la primera explicación formal de la versión oficial y mentirosa de los hechos: “Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajena a los hechos y que tal vez explicarían la razón de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujadas le había querido quitar la pistola al capitán Sosa”.

La grabación finaliza con un análisis de la masacre que los sobrevivientes realizan en esa época. Durante esos escasos diez meses, los combatientes de las organizaciones armadas populares no sólo habían salvado sus vidas, sino también habían vuelto a la cárcel y recuperado su libertad, creían, para siempre. “Para nosotros el sobrevivir a una encerrona, una ratonera en la que se mirara para donde se mirara estaba todo cubierto, es una limitación del enemigo”, evalúa –en presente eterno– Haidar, quien además destaca que el “invento” de una versión ficticia de los hechos para integrantes de la fuerza se debe a que “ellos tienen contradicciones internas y que no todos tienen las características de Bravo y de Sosa”. Para Berger, la masacre intentó “la eliminación física” y con ella “dar un golpe fuerte a la guerrilla y aislar a los combatientes del pueblo. Lo que pasa después, sobre todo con el velatorio de los compañeros, muestra hasta qué punto nadie se creyó la historia que contaron los milicos”.
Los alegatos finales

Según la querella de los familiares de las víctimas de los fusilamientos del 22 de agosto de 1972, la Masacre de Trelew fue “un hito en el plan clandestino de represión, que alcanzó su máxima intensidad durante la última dictadura”. Así comenzó el abogado Eduardo Hualpa, uno de los integrantes de esa querella, los alegatos finales en el marco del juicio por los hechos sucedidos hace cuarenta años. Hualpa expuso los hechos previos al fusilamiento que causó 16 muertes y heridas graves a otros tres prisioneros en la base Almirante Zar de la Armada, desde la fuga, una semana antes, de 25 detenidos del penal de Rawson, la capital de Chubut. Hoy continuará su colega Carolina Varsky con el pedido de penas para los cinco acusados.

Etapa final del juicio contra los cuatro marinos.

Comienzan los alegatos en una semana clave
En primera fila, Encarnación de Mulhall, presente.

RAWSON (AV).- Con los alegatos de los abogados querellantes en representación de los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew, los letrados Eduardo Hualpa y Carolina Varsky -que son aportados por el CELS- comienza hoy la etapa final del juicio contra cuatro marinos acusados por los 16 homicidios de presos políticos y tres intentos de asesinato con lesiones gravísimas y uno por el presunto encubrimiento de esos hechos, considerados delitos de lesa humanidad y acaecidos hace 40 años.

Como desde principios de mayo, cuando comenzaron las audiencias, en la primera fila estará nuevamente Encarnación Díaz de Mulhall. La mujer, que el 4 de enero próximo cumplirá 84 años, fue protagonista de aquellos hechos. Mientras los presos políticos estuvieron en la Unidad Penal 6 de Rawson, Encarnación y su marido, el abogado Abel Mulhall -fallecido años atrás- fueron, junto a otros habitantes de la zona, integrantes de la Comisión de Apoyo y Solidaridad con los Presos Políticos. Detenidos por sus acciones políticas y sindicales unos doscientos militantes del ERP, FAR y Montoneros, entre otras agrupaciones, habían sido confinados a esta alejada cárcel, para mantenerlos aislados. Como los demás, ella fue designada apoderada, instituto que permitía a las autoridades tener identificados a quienes colaboraban con los internos del penal.

"El 15 de agosto -día de la fuga- estaba cosiendo y me enteré por la radio. Mi marido fue hasta el Aeropuerto pero no lo dejaron pasar, ya había un cerco muy amplio", recuerda Encarnación. Los recuerdos de la jornada del 22 de agosto, cuando fueron acribillados los 19 recapturados en aquel intento de huida, los tiene más borrosos. "Esos shocks emocionales provocan que uno olvide algunos detalles", dice. Lo que no puede olvidar fue la sensación de "anonadamiento". Asegura que "no lo podíamos creer, sabíamos de los riesgos de torturas que existían, ya que por algo habían violado el pacto de honor hecho ante la prensa y ante un juez para llevarlos a la base Almirante Zar, en lugar de trasladarlos de nuevo al Penal, pero nunca imaginamos tanto horror."

Casi dos meses más tarde, el 11 de octubre de aquel año, Encarnación, su marido y otros catorce integrantes del grupo de Teatro y de la comisión de Apoyo, fueron detenidos en operativos realizados de madrugada y trasladados en un avión Hércules a la cárcel de Devoto. "Nuestras detenciones, sumadas a los crímenes ocurridos el 22 de agosto, motivaron que el pueblo se reuniera en asambleas y explotara toda la bronca... Si no hubiera sido por eso, quién sabe qué hubiera sido de nosotros", asegura la mujer.

Hoy, atentamente como cada jornada de juicio, Encarnación escuchará los alegatos. "Tengo asistencia perfecta por el deber moral de estar presente acá. Es mi forma de homenajear a esa gente joven representativa de una generación entera que casi fue liquidada. Que se levantó contra las dictaduras, que querían una sociedad más libre, más justa, más sana. Más allá de si se comparte o no la lucha armada, ¿quién no comparte esos valores?".

Y concluye: "Yo ya voy a cumplir 84 años, han muerto muchos de los que conformamos aquella comisión. Tengo el deber moral de venir a dar testimonio. Por eso mi presencia aquí, cada día".

Masacre de Trelew: Terminó la etapa de testimonios

La voz de las víctimas

En la audiencia de ayer se escuchó un audio de los tres sobrevivientes a los fusilamientos. Declaró el sonidista que lo guardó durante todos estos años. El lunes comenzarán los alegatos. El fallo llegará promediando octubre.

 Por Ailín Bullentini

Con las voces de María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar culminó, ayer, el debate judicial por la Masacre de Trelew. El audio, escondido hasta el momento, de una entrevista en la que los tres sobrevivientes de los fusilamientos que la Marina cometió el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar contaron su versión de la historia, fue el último testimonio que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia escuchará en el marco del juicio que entró en su recta final; lo precedieron una escueta aunque suficiente declaración del sonidista que lo atesoró durante casi cuarenta años y los dichos del perito físico Rodolfo Pregliasco. En diálogo con Página/12, las querellas de los familiares de las 16 víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación evaluaron el camino recorrido –más de treinta testimonios en poco más de cuatro meses– y consideraron que “sobran las pruebas” para calificar los hechos como delitos de lesa humanidad. El lunes, las partes acusatorias iniciarán la etapa de alegatos, que se extenderá durante el resto de la semana. El fallo de los jueces llegará promediando octubre.

“Creemos que el bagaje probatorio ha sido completo para contextualizar y probar la lesa humanidad de los delitos investigados, determinar que se trató de fusilamientos ordenados por las altas autoridades de la base, quienes recibieron el mensaje desde las jerarquías militares correspondientes (en referencia al dictador Agustín Lanusse)”, concluyó el representante de la secretaría nacional, Germán Kexel. En representación de las familias, Eduardo Hualpa evaluó que “el impacto más fuerte del proceso fue el hecho de que se pudo discutir, a cuarenta años de estos hechos, la verdad histórica y también la verdad jurídica”.

Muchos de los elementos acumulados durante el juicio son testimonios de familiares de las víctimas, de ex presos políticos y ex conscriptos que permitieron, más que echar por tierra la versión oficial de los hechos –un intento de fuga de parte de los presos políticos–, dar a los asesinatos un contexto de persecución de parte del gobierno de facto que explicaría su intencionalidad concreta.

También se sumaron pruebas nuevas durante el proceso oral que demuestran “la intención de las Fuerzas Armadas de esconder la masacre”, apuntó Kexel. La entrevista en formato audio de los tres sobrevivientes a los fusilamientos, aportada por la cineasta Mariana Arruti –directora del documental que investiga la masacre y testigo en el juicio– y escuchada en la audiencia de ayer se suma a la documentación encontrada en la Armada sobre los juicios civiles que las familias de algunos de los presos políticos asesinados habían iniciado inmediatamente después de los hechos. Además, el TOF aceptó como prueba un CD elaborado por la Unidad Fiscal de Seguimiento de Juicios de Derechos Humanos, que contiene documentos periodísticos que suman a la contextualización histórica de los fusilamientos. “La lucha de los familiares y de los organismos de derechos humanos logró reabrir la historia argentina para cerrar algunas heridas”, concluyó Hualpa. Queda esperar que los jueces dicten las máximas penas.