No podemos acostumbrarnos

Nos sigue pareciendo vergonzoso

APOSTILLA : Personajes políticos han estado al finalizar el juicio, alabando el fallo y la trascendencia histórica. Histórico fue el hecho de la fuga del penal, unidad de acción de las organizaciones revolucionarias, e histórica fue la masacre perpetrada. 

En este juicio los fusiladores están en sus casas, otro en EEUU... fue un juicio de postín, para la galería de los que han hecho sus curriculms políticos con la muerte y la desaparición de militantes políticos.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como "coautores responsables del homicidio con alevosía" de 16 presos políticos y tres tentativas.

Los hechos se produjeron en el marco de la denominada Masacre de Trelew, perpetrada el 22 de agosto de 1972.

Tres marinos fueron condenados hoy a cadena perpetua por el asesinato de 16 presos políticos ocurrido en 1972 en la denominada "Masacre de Trelew", al ser considerado "delito de lesa humanidad" por el Tribunal Oral Federal de Chubut, que además absolvió a otros dos acusados. 

La sentencia fue leída con la presencia del gobernador Martín Buzzi en el Centro Cultural "José Hernández" de Rawson, donde se desarrolló el juicio desde mayo de este año, en una sala colmada por familiares y compañeros de los fusilados, junto a organizaciones sociales, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo y de la agrupación HIJOS, que llegaron hasta la capital provincial. 

Los jueces Enrique Guanziroli, Nora Cabrera de Monella y Juan Velázquez resolvieron condenar a Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real y Carlos Amadeo Marandino a prisión perpetua por el homicidio agravado con alevosía de 16 presos detenidos en la base y la tentativa de homicidio de otros tres. 

Asimismo, absolvieron a Jorge Bautista del cargo de encubrimiento por el cual se lo había imputado, y tampoco condenó a Rubén Paccagnini, quien al momento de ocurrir los hechos, el 22 de Agosto de 1972, era jefe de la Base Aérea "Almirante Zar" de Trelew. 

Esta decisión fue criticada por la querella y el fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, quien manifestó su disconformidad con las absoluciones y anticipó que las apelará. 

"No entendemos cómo se declara a los crímenes de lesa humanidad, pero se absuelve a Paccagnini, que fue quien retransmitió la orden de Buenos Aires para los asesinatos", aseguró. 

El desánimo por las absoluciones respondió a que Bautista, en 1972, fue el instructor enviado por la marina para realizar un informe sobre los episodios de la Base Zar y Paccagnini era jefe del enclave militar. 

Esta decisión tiró por tierra la teoría de los acusadores, quienes intentaron convencer sin aparente éxito al Tribunal de que el traslado de los detenidos a la Base Zar y su posterior fusilamiento fue un plan establecido por las máximas autoridades de la Armada y que contaba con el aval del gobierno de Alejandro Agustín Lanusse. 

Los magistrados consideraron al episodio como un "crimen de lesa humanidad" y establecieron condiciones para que los sentenciados no puedan dejar el país, aunque permanecerán en libertad hasta que las condenas queden firmes. 

Si finalmente el fallo no es revertido, cumplirán las condenas en una cárcel común. 

La sentencia será remitida al juez federal de Rawson Hugo Sastre para que insista con el pedido de extradición de Roberto Guillermo Bravo, a quien se señala también como coautor de la denominada "Masacre de Trelew". 

Bravo vive en Estados Unidos, tiene fuertes vínculos con las Fuerzas Armadas de ese país y el primer pedido de extradición que realizó la Argentina fue denegado por la justicia norteamericana. 

El Tribunal también requirió un informe médico mensual sobre el estado de salud de Horacio Mayorga, uno de los imputados durante la etapa procesal que no fue traído a juicio por su eneble condición de salud.

¡¡ Vergonzoso !!

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por la Masacre de Trelew

“Es el duelo que no nos dejaron hacer”

Familiares y amigos de las víctimas, así como las querellas y los organismos de derechos humanos, esperan una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables del fusilamiento de 16 presos y el intento de asesinato de otros tres en 1972.

  Por Ailín Bullentini

“No nos sirve un poco de justicia, sino toda. No alcanza un poco de verdad; se necesita toda”, dice Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Es en el horizonte de esos “todo” donde debe ubicarse la sentencia que familiares y amigos de las víctimas, organismos de derechos humanos y gran cantidad de habitantes de las ciudades patagónicas de Rawson y Trelew esperan este mediodía: una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables del fusilamiento de 16 presos políticos y el intento de asesinato de otros tres, hace 40 años, en la Base Almirante Zar. La Masacre de Trelew.

La esperanza respecto del destino que aguarda para los acusados en el juicio les es más fácil de poner en palabras a los familiares, revela Hilda Toschi, la compañera de Humberto Toschi, uno de los fusilados, que los sentimientos que los atraviesan en las horas previas a la decisión judicial. “La tensión me ganó el cuerpo. Faltan horas, cuarenta años después, para que al fin podamos sentir alivio”, intenta Raquel Camps, hija de uno de los tres sobrevivientes, Alberto Camps. Toschi participó de casi todo el juicio. Junto con gran parte del resto de los familiares, Camps llegará esta madrugada a la tierra de donde salió gravemente herido su papá. Escucharán la sentencia juntos.

Con el veredicto que leerán este mediodía los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Cabrera de Monella, que integran el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia, finalizará el juicio por los asesinatos de Trelew, considerados por la Fiscalía y las querellas como delitos de lesa humanidad y la “mesa de ensayo” del terrorismo de Estado cívico-militar que arrasó con 30 mil vidas entre 1976 y 1983. Docenas de testigos desfilaron ante los magistrados, las partes acusatorias y las defensas durante los más de cinco meses de debate.

“Esperamos que la sentencia sea absolutamente condenatoria de cárcel común, perpetua y efectiva. Queremos también la inmediata detención de estas personas, porque está harto comprobado que fueron culpables de dieciséis asesinatos y tres en grado de tentativa. No nos explicamos por qué todavía están en libertad”, resumió Toschi el núcleo de la esperanza que une a los familiares de las víctimas de Trelew. La bronca de tener que compartir la calle con los asesinos de sus seres queridos sigue en su sangre. Respiran y aguantan, pero siguen, como hizo ella misma el miércoles pasado, que detrás de la mesa que ocupó durante el desayuno, en una confitería de Rawson, hacía lo mismo Emilio Del Real, uno de los acusados.

Bajo esa acusación –la de ser responsables de dieciséis casos de homicidio agravado, de tres casos de tentativa y torturas–, tanto los fiscales Fernando Gélvez, Horacio Arranz y Dante Vega, como las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron la pena de prisión perpetua para los militares retirados Del Real, Luis Sosa, Rubén Paccagnini y Carlos Marandino. Los alegatos también coincidieron con el pedido de dos años de prisión efectiva para el militar retirado Jorge Bautista, juez ad hoc en la investigación militar de lo acontecido en la Base en la madrugada del 22 de agosto de 1972, acusado de encubrimiento.

También coincidieron en el pedido al Tribunal de que exija la deportación del militar retirado Roberto Bravo, que vive en Estados Unidos y fue mencionado por varios testigos –y en el fundamental relato de los sobrevivientes a la masacre, Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger, cuyas voces grabadas se escucharon por primera vez en el marco del debate que hoy termina– como uno de los partícipes del fusilamiento. Las defensas, por supuesto, exigieron la prescripción de los hechos.

La de Raquel Camps también fue su primera vez en la escucha de la voz de su papá. Y más allá de lo “épico y fantástico” que, contó, fue ese hecho histórico en su vida –un “encuentro necesario” con su padre “en la intimidad” que le permitirá desde ese momento en adelante “cerrar los ojos y escucharlo”–, la mujer que espera la sentencia de hoy para “tener alivio” también define el relato en audio de su papá y los otros sobrevivientes en el marco de los hechos: “Después de 40 años pudieron, con sus voces de aquel momento, ser testigos en el juicio a los responsables. Lo que ellos siempre quisieron. No pudieron con sus voces”.

Su sentir es confuso, por estos momentos, y la memoria de su cuerpo está viva: los efectos que sintió en el juicio y la sentencia a los responsables de la desaparición de su madre son los mismos que experimenta por estas horas: tensión, sueños repetitivos, expectativas. “Estas cosas tienen que ver con los duelos. Cuando les vi las caras arrugadas a quienes desaparecieron a mi madre me dio mucha bronca: vivieron impunes, libres, disfrutando de su familia, sus hijos, sus nietos. Nosotros, mientras, aguardamos todo esto. El juicio y la sentencia es para nosotros el duelo que no nos dejaron hacer”, intentó.

Toschi se permite utilizar sustantivos para definir las sensaciones, sin encontrar uno que la convenza del todo: dolor, placer, ¿seguridad? Entonces, completó: “Lo que siento y sentimos todo los familiares es que realmente tenemos a los asesinos donde los queríamos tener: enjuiciados, sentados en el banquillo de los acusados y que fuera la Justicia la que determinara absolutamente su culpabilidad. Llegar a la sentencia en un juicio que se nos hizo muy largo. Llegamos casi sin esperanza”.

–¿Las expectativas para hoy son las mismas que albergaban al inicio del juicio?

–No. Entonces fue la necesidad clara de rever toda la historia. Hoy, como en el aniversario, será distinto. Creo que podremos sentirlo de otra manera: que se hizo justicia. Será un momento de paz.

Las directivas de la represión

La dictadura de Lanusse decidió en 1971 atacar a la subversión “en las bases de su accionar”. Así quedó documentado en papeles desclasificados e incorporados al juicio por los fusilamientos en la Base Almirante Zar, en el que mañana se dictará sentencia.

Por Victoria Ginzberg

El 14 de junio de 1971, la Junta de Comandantes en Jefe emitió la directiva “para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión”. Allí se señalaba que “el PEN ha resuelto atacar la subversión en las bases de su accionar, mediante la incentivación de medidas concretas en todos los campos del quehacer nacional y, en particular, con la intervención del poder militar. El documento, caratulado como “secreto”, fue desclasificado por el Ministerio de Defensa y aportado por la Unidad de

Coordinación y Seguimiento de las causas vinculadas con el terrorismo de Estado de la Procuración a la investigación por la Masacre de Trelew junto con muchos otros papeles similares de la Armada, elaborados en los primeros años de la década del ’70. Este material sirve para enmarcar los fusilamientos de los presos en la Base Almirante Zar del 22 de agosto de 1972 en un contexto de persecución política general e interpretar el crimen no como un hecho aislado y descolocado, sino como una consecuencia lógica de decisiones que se tomaron en el más alto nivel del Estado. Además, da cuenta del proceso mediante el cual las Fuerzas Armadas fueron perfeccionando su participación y adecuando sus estructuras para la represión del “enemigo interno”.

En junio de 1970 una junta militar desplaza al dictador Juan Carlos Onganía y nombra a Roberto Livingston, que en ese momento era agregado militar en la Embajada argentina en los Estados Unidos. Esta presidencia de facto dura menos de un año. A fines de marzo de 1971 asume el poder el comandante en jefe del Ejército Alejandro Agustín Lanusse. Es en medio de estos cambios que se producen algunos de los documentos secretos que estaban en manos de la Marina y que fueron agregados al juicio por la Masacre de Trelew.

El 7 de agosto de 1970, el director general de Seguridad del Conase (Comisión Nacional de Seguridad), el coronel Pérez Velázquez, juntó a representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Prefectura y la Armada para tratar un asunto por pedido del “presidente”: “la forma en que las Fuerzas Armadas podrían presentar apoyo a las fuerzas policiales en la lucha contra la subversión”. A fines de septiembre, como consecuencia de aquel diálogo, se conforma en el ámbito del Ministerio de Interior la “Comisión Coordinadora para el Apoyo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a las Fuerzas Policiales”, que luego fue rebautizada como “Comisión Coordinadora para la Acción de las Fuerzas Policiales de la Nación”.

En uno de los papeles, la Armada analiza el funcionamiento de ese organismo y señala que “la lucha contra la subversión se librará en dos campos: el de las causas y el de los efectos. En el campo de los efectos, y con el fin de “neutralizarlos”, determina que se procederá a:

- “Mantener la integridad del patrimonio nacional y privado.”

- “Garantizar el estricto mantenimiento del orden y la paz interior.”

- “Individualizar y destruir la estructura subversiva.”

“Se reprimirá todo acto subversivo –define– inicialmente mediante el empleo de las fuerzas de Policía y de Seguridad y cuando éstas sean sobrepasadas o bien cuando la magnitud presumible de dichos actos lo imponga, con el empleo de las Fuerzas Armadas en la represión (...) se utilizarán todos los medios y recursos aptos que la Nación dispone, incluso el uso violento del poder militar, para mantener o reimplantar la paz interior.”

En la carpeta que trata sobre “el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión”, del 14 de junio de 1971, se afirma que existe una “falta de rapidez y severidad de la Justicia en el régimen procesal y penal, sobre todo en lo que hace al juzgamiento de delitos económicos y subversivos” y que eso “ha afectado el accionar de las Fuerzas de Seguridad y en alguna medida la cohesión de las Fuerzas Armadas” y que por lo tanto, el “PEN ha resuelto atacar la subversión en las bases de su accionar, mediante la incentivación de medidas concretas en todos los campos del quehacer nacional y en particular, con la intervención del poder militar”. También en junio de ese año empieza a funcionar la Cámara Federal en lo Penal, conocida como Camarón, un tribunal especial que entendía en los casos que involucraban a presos políticos en todo el país. “Hubo dos años y medio de planificación antes de la Masacre de Trelew. No fue un hecho aislado que se le ocurrió a (el capitán Luis Emilio) Sosa. Se produce en un contexto en el que el Estado viene preparando y adecuando su estructura represiva para luchar contra la subversión. Es una estructura inicialmente no clandestina que en algún momento empieza a cometer actos ilegales”, señala Alberto Saavedra, antropólogo e investigador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas vinculadas al terrorismo de Estado. Saavedra define que a partir del Cordobazo (29 de mayo de 1969) es que desde los más altos niveles del Estado “se genera la necesidad de readecuar las estructuras represivas en base a la lucha interna” y se define como misión prioritaria la individualización y destrucción de la “subversión”, con creciente intervención de las Fuerzas Armadas en esa tarea.

En diciembre de 1970, según un informe de inteligencia secreto que tiene el membrete del Ministerio del Interior, “el enemigo” estaba “constituido principalmente por el comunismo revolucionario, grupos religiosos tercermundistas, sectores del peronismo ortodoxo y otras corrientes izquierdistas” y buscaba “la captación de los sectores estudiantiles y gremiales para una acción subversiva que se manifiesta en importantes zonas pobladas del interior del país, preferentemente”.

Prioridad I

Algunos de los documentos reflejan el involucramiento que en ese proceso de profundización de la represión interna tuvo la Armada, la fuerza que ejecutó los fusilamientos de los presos políticos que habían escapado de la cárcel de Rawson pero que no consiguieron subirse al avión que debía sacarlos del país.

Un papel fechado en Puerto Belgrano el 16 de septiembre de 1971, dirigido al “señor director general del personal naval” y firmado por Raúl Francos, vicealmirante, comandante, y caratulado como “secreto”, revela que:

- “El 14 de junio del corriente año, luego de un análisis de la situación insurreccional que conmueve al país, la Junta de Comandantes en jefe emite la Directiva N2/71 para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión.”

- “Como consecuencia de ello, por orden del señor comandante en jefe de la Armada, emití la Operación Martillo, que sustenta su eficacia en la capacidad de obtención de Inteligencia del enemigo.”

- “Por la mencionada operación, se modifican las prioridades en el Adiestramiento de toda la Armada, pasando la prioridad I la concerniente a satisfacer la Hipótesis de Guerra. Marco Interno.”

- “Por esta circunstancia y no existiendo indicios que permitan suponer un cambio sustancial de la situación, solicito se prevea para los próximos pases generales de personal superior que todos aquellos capacitados en Inteligencia sean asignados a esta tarea, con la sola excepción de los que deben cumplir con requisitos impostergables de comando, embarco o escuela.”

Ataques

Los documentos aportados ante el tribunal que debe fallar sobre los fusilamientos de 1972 son material de debate histórico y a la vez prueba judicial. Los jueces que se decidirán sobre la suerte de cinco represores acusados por 16 asesinatos y tres intentos de asesinato deberán expedirse acerca de si estos hechos constituyen o no crímenes contra la humanidad. En ese sentido, Pablo Parenti, que dirige la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de los expedientes relacionados con la represión ilegal junto a Jorge Auat recuerda que un delito de lesa humanidad es una acción cometida como parte de “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” y que a la luz de las pruebas reunidas se puede pensar que la Masacre de Trelew se perpetró cuando ese ataque estaba empezando.

La mayoría de los fusiladores de Trelew, tranquilamente en libertad