«Nada me sugirió un intento de evasión», confesó Bautista

El ex investigador de la Armada dijo que los tiradores dispararon contra los presos hasta vacias los cargadores y que no gubo disparos de los dos lados
«Era un cuadro impactante ver la cantidad de muertos, sangre. Recorrimos sorteando cuerpos y piernas de los muertos, calabozo por calabozo», relató el procesado Jorge Bautista al declarar ayer en la reanudación del juicio por la Masacre de Trelew y describiendo su impresión del primer contacto con el lugar de los hechos.
   
El ex marino imputado de encubrimiento, fue el enviado de la Armada para investigar lo ocurrido aquella madrugada del 22 de agosto de 1972 en la que fueron fusilados 19 presos políticos.
Dijo que cuando llegó al lugar, nada le hizo pensar en un intento de fuga y que no existieron disparos de ambos lados.
Más de cuatro horas estuvo prestando declaración indagatoria Bautista, quien sólo aceptó preguntas de los integrantes del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio, y de su abogado defensor. El resto de los imputados debió esperar en una sala contigua para no escuchar el relato.  Bautista, de 86 años, había iniciado su declaración el miércoles de la semana pasada durante la inspección ocular en la Base Zar, escenario de los acontecimientos, y a la que regresó 40 años después.

Ayer se sentó frente al Tribunal y dejó a un costado un portafolios del que extrajo una carpeta con abundante documentación y anotaciones con las que acompañó gran parte de su declaración.
«Fui con la orden de determinar la responsabilidad del personal militar ante el intento de evasión de un grupo de detenidos alojados en la Base Zar», relató el ex marino sobre su designación como juez ad-hoc que motivó su llegada a Trelew el mismo 22 de agosto del ’72.
 «Pero cuando yo llego a la zona de calabozos y veo el cuadro, ni me acordé de pensar en un intento de fuga», reconoció Bautista. Para que no quedaran dudas, el juez Enrique Guanzirioli le preguntó nuevamente sobre su primera impresión en la zona de calabozos y el procesado ratificó que «nada me sugirió que ahí se podía cometer un intento de evasión, para nada, ni se me pasó por la cabeza».

TIROS DE UN SOLO LADO
Según los testimonios que recogió el propio Bautista de la declaración de los marinos imputados horas después de los hechos, el preso Mariano Pujadas habría atacado al capitán Luis Emilio Sosa cuando éste recorría el pasillo entre los calabozos. Le habría quitado el arma y disparado, pero sin alcanzar a herir a ninguno de los militares.
Bautista ordenó pericias sobre un proyectil extraído del marco de una puerta y que supuestamente correspondía al arma disparada por Pujadas, aunque no se pudieron determinar huellas en la empuñadura.
Además, el propio Bautista enfatizó durante su declaración de ayer que «no hubo tiros de los dos lados», desbaratando la teoría de que Pujadas disparó contra los marinos.
A pesar de ello, el procesado había señalado anteriormente que los militares que indagó le «describieron los hechos en una forma uniforme y sin grietas».
En cambio, sobre las declaraciones que les tomó en Puerto Belgrano a los sobrevivientes Alberto Camps y Ricardo Haidar, dijo que «los dos me demostraron que no decían la verdad».
También le tomó declaración a María Antonia Berger, de la que dijo que no tuvo predisposición.
El informe de 400 fojas elaborado por Bautista a pedido de la Armada, permanece desaparecido.

«VACIARON LOS CARGADORES»
«Fue un fuego iniciado hasta que el tirador no tiene más municiones en el cargador», dijo Bautista.
Consultado por el presidente del Tribunal, el procesado insistió en que los tiradores «vaciaron los cargadores de las pistolas PAM, que tienen 32 balas».
Mientras que «con las pistolas 45 fueron muy pocos tiros», y agregó que fueron atribuidos al cabo Carlos Marandino, de quien dijo que le llamó la atención «que hubiera tirado tan pocos tiros».
Bautista señaló como los tiradores a Bravo, Del Real, Marandino, Marchand y Herrera (estos dos últimos están fallecidos).

SE DESPEGÓ DEL RESTO
Sobre el final de su declaración testimonial, Bautista intentó despegarse del resto de los ex marinos procesados, al señalar que «jamás se podrá decir que mi obrar fue direccionado a favorecer al personal naval que intervino». Y agregó que «cualquiera sea la resolución que el Tribunal tome con respecto a los demás imputados, para mí será ajena».

Se fueron los procesados y algunos volverían recién para la sentencia

El juicio por la Masacre de Trelew podría seguir sin la presencia de todos los marinos acusados de los fusilamientos de 19 presos políticos.
   
Sólo permanece en la zona el ex cabo Carlos Marandino (63), quien está con prisión domiciliaria. Los otros cuatro procesados viajaron a su lugar de residencia. No se descarta que algunos vuelvan para la sentencia y sigan las audiencias por videoconferencia.
Los ex marinos enjuiciados, Rubén Paccagnini (85), Luis Emilio Sosa (77), Emilio Del Real (76) y Jorge Bautista (86), están en libertad, por lo tanto se fueron de la zona dado que el juicio se retomará recién el jueves próximo en el Cine Teatro José Hernández de Rawson, según determinó el Tribunal Oral Federal. Durante la primera audiencia del juicio, el Tribunal ratificó la situación de excarcelados de cuatro de los imputados, que pueden moverse con total libertad. Tienen obligación de concurrir al juicio, pero no de presenciarlo.
De todos modos, y teniendo en cuenta la edad de los procesados, los abogados defensores esperan definiciones en cuanto a la posibilidad de utilizar el sistema de videoconferencia para seguir el desarrollo de las audiencias y posibilitar así que sus clientes no regresen hasta el momento de la sentencia.
El pasado lunes comenzó el juicio contra los cinco ex marinos por el fusilamiento de 19 militantes de organizaciones armadas durante la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de Trelew.

VIDEOCONFERENCIA
Cuando se reanuden las audiencias el jueves próximo a las 10 de la mañana, el Tribunal que preside el juez Enrique Guanzirioli deberá resolver si permite que algunos de los imputados que tengan problemas de salud que les impida asistir, puedan seguir las audiencias por videoconferencia.
El defensor del procesado Bautista ya realizó la petición, y remarcó la intención de su cliente, quien está acusado de encubrimiento, de prestar declaración testimonial en la próxima audiencia.
Bautista fue el único de los procesados que participó de la inspección ocular que se realizó el pasado jueves en la Base Zar, escenario de los hechos que se investigan.

Encarnación Díaz: recuerdos de la masacre y de la solidaridad con los presos de Trelew

Acudió con sus 83 años a todas las audiencias del juicio por la Masacre de Trelew, desde el pasado lunes, como estuvo presente antes en toda actividad en memoria de los prisioneros fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Trelew.

“Aquel 22 de agosto el pueblo de Trelew quedó consternado y en un primer momento con cierta parálisis”, rememoró Encarnación Díaz.
“Aquel 22 de agosto el pueblo de Trelew quedó consternado y en un primer momento con cierta parálisis, que equivalía a decir: `¿cómo se animaron a tanto?`”, dijo Encarnación, con la misma lucidez con la que habló el domingo último, en la víspera del comienzo del juicio, en un multitudinario acto en la base Zar, próxima a la ciudad.
Su indignación no cesa, ni aún 40 años después: “además, los oficiales de la Armada faltaron a su palabra, porque los jóvenes se rindieron en el aeropuerto (tras la fuga del penal de Rawson del 15 de agosto) después de que les prometieron garantías. Pactaron frente a los medios de prensa y el juez (Alejandro) Godoy”.

 
Acordaron que los devolverían a la misma cárcel, la Unidad 6, pero “llegó la orden de llevarlos a la base” Zar, donde el 22 de agosto fusilaron a los 19 prisioneros recapturados, de los cuales ese día murieron 16 y otros tres sobrevivieron con graves heridas.
¿Qué tenía que ver Encarnación con los fusilados? Ella se había radicado en Trelew en 1958, el mismo año en que Chubut adquirió la condición de provincia. Era docente. Y a comienzos de los ‘70 se sumó a la Comisión de Solidaridad constituida por vecinos “a partir del momento en que trajeron aquí, al penal de (la vecina) Rawson a los detenidos políticos”.
“En la U6 estuvieron detenidos no solamente estos jóvenes, que después de la fuga fueron asesinados, había además muchísimos presos sin proceso, sin indicación alguna de por qué estaban detenidos pero con la calificación de ‘delincuentes subversivos’”.
Sobre esta calificación genérica, que la dictadura aplicaba a todos los presos políticos y sociales, Encarnación relata lo que llama “una pequeña anécdota”.
“El doctor Hipólito Solari Yrigoyen, que estaba detenido allí, quería tener sus lentes para poder escribir o leer y la esposa se los llevó a la U6. Cuando el carcelero se los fue a entregar, le dijo que tenía que firmar un papel que decía: ‘consta la entrega al delincuente subversivo Hipólito Solari Yrigoyen…’. El se negó a firmarlo. Prefirió quedarse sin sus lentes, antes que convalidar esa calificación”, relató.

 
La entrevistada se disculpa: “sé que estos reportajes tienen que ser cortos pero yo haría una historia de los pequeños detalles, muchas veces más elocuentes que los grandes trazos”.
Así, cuenta que el sindicalista y líder del “cordobazo” Agustín Tosco, al salir de la cárcel en Rawson, cumplió su primer deseo de ir al mar, donde se mojó los pies, porque, explicó a quienes lo acompañaban, en la noche oía desde su celda el rumor del océano.
“Esta gente luchadora, así como es gente de acción, también es poeta con su accionar. Hay poesía en la acción de un ser que lucha por los otros”, acotó.

 
Agregó que “la cárcel de Rawson en esa época estaba llena de sindicalistas”, entre los cuales el “Gringo” Tosco, dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba y de la CGT de los Argentinos.
“Tosco era un modelo de sindicalista honesto, combativo, con el sentido de combatir por los intereses de los trabajadores”, que “ni siquiera se tomaba a pleno su licencia gremial”, sino que periódicamente “volvía a su lugar de trabajo para estar cerca de los compañeros”.
El 15 de agosto de 1972 se fugaron de la cárcel de Rawson 25 prisioneros que integraban las organizaciones FAR, ERP y Montoneros, seis de los cuales consiguieron completar el escape en avión rumbo a Chile, mientras los 19 restantes, que no llegaron a tiempo, se rendían con garantías incumplidas por sus captores.

 
“De alguna manera la fuga está considerada como un derecho, una tendencia casi natural del hombre prisionero, especialmente en dictadura. Tanto es así que, efectuada una fuga, no se pena en sí mismo por la fuga. Se abre, sí, una investigación por el hecho de cómo fue”, reflexionó Encarnación.

Delito de lesa humanidad

Todas las fichas en el juicio oral

La Secretaría de DD.HH. de la Nación y la fiscalía plantean que la Masacre de Trelew es un delito de lesa humanidad. La decisión del tribunal es crucial para poder avanzar en las condenas de los imputados por los fusilamientos.

 Por Ailín Bullentini

Para las partes que cumplen con la función de acusar en la causa de la Masacre de Trelew, el asesinato de los 16 presos políticos y el intento de homicidio de los tres sobrevivientes en el marco del fusilamiento cometido por miembros de la Marina en la base Almirante Zar de esa ciudad de Chubut el 22 de agosto de 1972 es un delito de lesa humanidad. “La querella de la Secretaría de Derechos Humanos no tiene dudas al respecto”, planteó el abogado que la representa, Germán Kexel. La postura del organismo en el juicio que comenzó hace una semana en Rawson coincide con el objetivo de la Fiscalía, a cargo del fiscal general de Rawson, Fernando Gelvez, y su colega de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz. Sin embargo, una serie de recursos interpuestos en la etapa de instrucción por algunos de los cinco acusados que exigían la prescripción de los delitos –pasaron más de 40 años– originaron un fallo de la Cámara de Casación Nacional que puso todas las fichas sobre la mesa del juicio oral. “Cuestión de hecho y prueba que deberá definirse en la etapa oral”, mencionó la Cámara entonces, tras rechazar los pedidos de las defensas y llevar a la “cárcel a los culpables” reclamado por los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos al máximo de suspenso posible. “Es lo crucial en la investigación. Sólo si el tribunal los considera delitos de lesa humanidad podremos hablar de la existencia de la imprescriptibilidad de los crímenes y, por ende, probar los diferentes grados de responsabilidad de los acusados”, advirtió Gelvez.

El interrogante sobre la naturaleza de los fusilamientos es eje principal del emblemático juicio que en ésta, su segunda semana de avance, contará con la declaración de uno de los acusados, el marino Jorge Bautista –imputado por encubrimiento– y de los primeros testigos de las partes acusadoras. ¿En qué elementos, entonces, se basaron para considerarlos delitos de lesa humanidad la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos? La posición de ambas apunta a los contextos previo y posterior en el que se produjeron los asesinatos de los jóvenes militantes políticos de las organizaciones armadas Montoneros, FAR y PRT-ERP y aseguran sin vacilar: la Masacre de Trelew es el germen del terrorismo de Estado, del “genocidio argentino de 1976”.

La investigación de los fusilamientos comenzó con la denuncia de los abogados involucrados en la temática de derechos humanos Alberto Pedroncini y David Baigún, presentada en 2005 ante la Justicia Federal porteña. “Entre la documentación que presentaron figura un manual de reglamentos del Ejército elaborado en 1968 y que rigió desde entonces, la mayoría firmados por el entonces jefe del Ejército Agustín Lanusse, que describen mecanismos psicológicos, operaciones antisubversivas, exterminio del elemento subversivo, operaciones contra la guerrilla urbana”, apuntó Kexel. El documento había sido presentado entonces por la defensa del represor Santiago Riveros en el marco de una causa en la que estaba imputado por violación a los derechos humanos con el objetivo de hacer responsables de los crímenes a las más altas autoridades militares. “Sirvió como prueba de la categoría de lesa humanidad de la masacre porque permitía describir el contexto represivo inmediatamente anterior a la dictadura militar. El Ejército argentino ya había escrito y publicado reglamentos para proceder ante el accionar de un enemigo en la población civil, el ‘subversivo’ como lo llamaron, aquel que pensaba distinto, con el objetivo de eliminarlo”, apuntó Kexel.

“Contamos con abundante prueba documental y testimonial, como es el caso de la compañera de una de las víctimas, Rubén Bonet, Alicia Bonet –estaba clandestina cuando su compañero fue asesinado–, o el detalle de la Cámara Federal, que la dictadura de Lanusse creó especialmente para juzgar a presos políticos, que confirman la situación de persecución a determinadas organizaciones políticas, que esa persecución se estaba dando desde antes de la madrugada del fusilamiento, que era manifiesta, que hubo represión ilegal y que este hecho fue el inicio del terrorismo de Estado”, de 1976, comentó el fiscal general de Rawson que participó en la investigación desde el momento en que de la Justicia porteña pasó a la de la capital chubutense, poco después de la radicación de la denuncia.

La Cámara Federal mencionada por Gelvez, conocida como el “Camarón”, también es un elemento que destacó Kexel, “un fuero antisubversivo creado ad hoc con reglas particulares y a miles de kilómetros de sus familiares”, apuntó el representante de la Secretaría de DD.HH. Fue el juez Jorge Quiroga, integrante del “Camarón”, quien interrogó a los 19 militantes que tras intentar fugarse de la unidad penal 6 de Rawson, el 15 de agosto de 1972, fueron encerrados en la base Zar hasta su muerte, el 22 de ese mes.

Para Kexel, “el post 22 de agosto de 1972 termina de explicar los hechos”: la persecución y la desaparición de la familia Pujadas (los vínculos directos de Mariano Pujadas, otra de las víctimas, están casi todos desaparecidos), la desaparición forzada de los tres sobrevivientes de los hechos (Alberto Camps fue asesinado el 16 de agosto de 1977; María Antonia Berger y Ricardo Haidar continúan desaparecidos) y la muerte de otros tres chicos que tras la balacera habían quedado vivos (Bonet, Miguel Polti y Alfredo Kohon), a quienes dejaron morir sin atención médica son algunos de los elementos que “explican la continuidad represiva en el terrorismo de Estado. El genocidio argentino del ’76 no empezó de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se venía trabajando hacía rato”, concluyó.

“Los habían rematado sin más”

Miguel Marileto, el funebrero que preparó los cadáveres de los fusilados en Trelew.

Puso los cuerpos de los dieciséis jóvenes en los cajones y selló los féretros. “Vi que Pujadas era quien había recibido más balazos. Vi que la mujer de Santucho tenía tres tiros en la panza, donde cargaba un bebé”, relata.

 Por Ailín Bullentini

Desde Trelew

Son tres las imágenes que Miguel Marileo no puede borrar de su memoria. Tres escenas que lo acompañan desde sus años de empleado multiuso en la única funeraria de Trelew, hace más de 40 años: Un pequeño y humilde rancho en las afueras de la ciudad que se convirtió en el hogar huérfano de una “jovencita sola”, los restos calcinados de 25 bomberos que quedaron atrapados en un incendio en Puerto Madryn y los cuerpos acribillados de las víctimas de la masacre de Trelew. A pesar de que la mantuvo escondida bajo otros recuerdos durante décadas, Miguel retornó a esa última historia con la facilidad de quien memoriza un cuento: “Los habían dejado en el suelo, en dos hileras. Cada uno tenía al costado de su cabeza una bolsita con las balas que los habían matado. Fue una barbaridad”, desgranó en detalles junto con Página/12 y reconstruyó su versión de la historia.

Los tac-tac-tac de alguien que golpeó la persiana de su cuarto lo despertaron el 22 de agosto, diez minutos antes de la medianoche, y la escena funciona muy bien como punta del ovillo que Marileo comienza a desenmarañar. Entre la oscuridad del cuarto que daba a la vereda de una calle residencial de Trelew y el sueño de un día perturbador, Miguel se incorporó en el borde de su cama, abrió la ventana del lado de adentro y pispió entre las rendijas de los postigos. Uniforme. Camión verde oliva. “Milicos”, susurró. “¿Sí?”, alzó la voz.

–¿Miguel Marileo?

–Sí.

–Me va a tener que acompañar a la base.

–¿Pasó algo con los muchachos, Migue? ¿Qué hicieron? –le preguntó su mujer.

–Nada, no vi a los muchachos. Debe ser por los pibes.

Con el último zapato, el funebrero se calzó coraje. Dejó a su mujer desvelada y subió en el cajón del camión de Infantería de Marina que lo esperaba, motor en marcha, en la calle. Reconoció al dueño de la funeraria en el asiento del acompañante. Se acomodó entre colimbas. Sospechó del “capo” que estaba sentado en una de las esquinas del acoplado militar. “Muchas tiritas en el brazo del uniforme: milico de por vida. No como los colimbas, que están un año y pasan –definió–. Nunca me cayeron bien los verdes, yo tenía las mismas ideas que los chicos asesinados. Yo quería un país distinto.”

Nadie le explicó nada, siquiera su jefe, pero Miguel sabía cuál era la razón por la que lo habían arrancado de su rutina esa noche. Contaba con algunos indicios, claro. Las ansias del “soldadito” que, al oído, le consultó por la opinión de la gente del pueblo respecto de las muertes de la noche anterior habían funcionado de guiño. Las dos hileras de ataúdes abiertos y vacíos extendidas en la sala de entrada del edificio central de la Base Almirante Zar, y la valija con herramientas y la garrafa para soldar que su jefe bajó del camión que los introdujo en territorio aeronaval confirmaron sus certezas.
El preludio

A los 18 años –principios de los ’60–, Miguel comenzó a trabajar en la empresa funeraria de su padrino, “el señor Martello”. Siempre con un ojo puesto en la política, víctima asidua de las “corridas” con las que los militares desarmaban reuniones en aquellos tiempos, olió sangre en el traslado de los 19 presos políticos, el 15 de agosto de 1972, desde el Aeropuerto de Trelew, adonde habían llegado tras su fuga de la Unidad Penal 6 de Rawson, a la base Zar. “Los van a hacer pelota, les decía a mis compañeros de trabajo. Nadie me creyó”, rescató, desde el sillón de su casa actual, ubicada a vuelta de esquina de la que dejó aquella noche, casi 40 años atrás.

Tampoco se equivocó entonces. La “bola” de los 16 asesinatos –los de los militantes de Montoneros, ERP y FAR Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Suárez, Humberto Toschi y Jorge Ulla– corrió rápido por ese pueblo chubutense. Tan rápido, que el jefe de Marileo supo, no bien comenzó aquel 22 de agosto laborable, que los marinos llegarían hasta la funeraria a comprar los féretros. “Aparecieron en el local cerca de las cuatro de la tarde. Pusieron un camión de culata, pidieron 16 cajones de madera y caja de metal interna, los cargaron, pagaron y se fueron”, detalló y repitió las palabras que su padrino le había confiado al final del día: “Nos van a venir a buscar, Miguel. Van a querer que hagamos el trabajo”.
El trabajo

Los cajones abiertos y vacíos los esperaban en la sala de recepción del edificio adonde Miguel y su jefe fueron conducidos por los colimbas que viajaron con ellos en el camión. “Suba, venga, baje y haga. Ahí sólo había órdenes para nosotros. Yo me quejaba un poco, pero mi jefe era una tumba”, recordó. Pasillo a la izquierda mediante, la antesala de las celdas donde habían estado encerrados los “fugados” de la U6 era el lugar donde exhibían sus cuerpos. Dos hileras de ocho cuerpos jóvenes, desnudos, ensangrentados y mutilados porque “en enfermería los habían abierto para sacarles las balas”. Al lado de cada cabeza, un paquetito transparente con el nombre del muerto y los proyectiles verdugos. En una esquina, los tres sobrevivientes –Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar– esperaban “de-sangrándose” que los trasladaran a Puerto Belgrano.

Miguel se asomó a las celdas “chiquitas, el pasillo angosto, las ventanas enrejadas. ¿Quién se puede escapar de un lugar así? A estos pibes los fusilaron sin más”, consideró, como tomando coraje para volver al momento en que encajonó los restos de esos jóvenes y selló con estaño los féretros para siempre. El silencio permite reacomodar imágenes, recuperar sensaciones, reindignarse.

“La verdad... sentí una impotencia –retomó Marileo, que hoy pisa los 68 años y sería un coetáneo de las víctimas de la masacre–... Caminé entre todos. Los miré, los revisé. Vi que Pujadas era quien había recibido más balazos, porque estaba abierto de acá (se toca la garganta) hasta el ombligo y tenía como diez impactos. Vi que la mujer de Santucho tenía tres tiros en la panza donde cargaba un bebé. Estaría de cinco meses. Y con Sabelli me di cuenta de que los habían rematado sin más, indefensos. Una chica de pelo bien largo, me acuerdo. No tenía impactos en el cuerpo. No le veía orificios. Entonces le pasé la mano por detrás de la cabeza para levantarla y llevarla a su cajón. En la nuca tenía el hueco de la bala... Uno solo.”

Entre la una y las seis de la madrugada del 23 de agosto de 1972, entre el desorden de las órdenes contradictorias impartidas por uno y otro “señor de rango alto”, Miguel y su jefe sellaron cada cadáver en un féretro. Durante algunas horas fueron custodiados por conscriptos “aunque los capos andaban dando vueltas por ahí”. En la mitad de la noche, un “soldadito” se acercó a Miguel: “Mire jefe que nosotros no fuimos. ¿Sabe, no? Fue la patota de Sosa” (por el ex capitán Luis Emilio Sosa, uno de los acusados en el juicio). Luego del episodio, al chico “se lo llevaron a la rastra, quién sabe adónde y nos cuidaron los de uniforme con tiritas”, que incluso los invitaron con un café. Con el trabajo terminado y las herramientas recogidas, Miguel “quería desaparecer de ahí, nos iban a matar”. Su jefe, en cambio, no emitió palabra más que para pedirle que hiciera como él y se callara.

–Bueno, terminamos. Nos vamos.

–Sí, terminaron. Pero no se van. Por ahora, no se van.

Recién a las 18 los llevaron a la empresa, de regreso a Trelew.

30 años de silencio

“Agarré la valijita de las herramientas, el soldador y salté del camión. Desde arriba, el tipo que me custodió durante el viaje, capitán era, no sé, me selló la boca: ‘Vos de lo que viste, nada. Acordate que tenés un pibe de dos años, una familia. Cuidala’.” Marileo llegó a su casa, se dio un baño y le contó a su esposa qué había pasado. “Le prometí que no lo contaría nunca”, sostuvo frente a Página/12.

Durante algunas semanas, el teléfono de su casa no paró de sonar. La prensa de Buenos Aires, que había cubierto las horas posteriores al fusilamiento de los 16 militantes, estaba desesperada por hablar con el funebrero. El cajón en el que él guardó su historia se abrió mucho después: “No di una entrevista hasta 2003, cuando Mariana (Arruti, la directora del documental que reconstruye la historia de la masacre) me pidió que le contara. Y lo hice”. Luego prestó declaración en la causa que la semana pasada llegó a la instancia de juicio oral. Ahora, espera que “la Justicia alcance a los culpables”.

Las paredes que fueron testigos de la masacre

El tribunal que juzga los fusilamientos de Trelew, recorrio con uno de los acusados la Base Almirante Zar, donde se produjeron los asesinatos.
El acusado Jorge Bautista, quien estuvo a cargo del registro castrense de lo ocurrido en la Base Almirante Zar, detalló cómo encontró la escena del crimen el 22 de agosto de 1972, dónde estaban los cuerpos, la sangre y las marcas de “rasguños” en las celdas.

 Por Ailín Bullentini

Desde Trelew

“Puede ser que éste sea el pasillo, pero no lo recuerdo... ¿Y esta puerta da a la Plaza de Armas? Ni idea.” Ciegos parecieron los primeros pasos que el militar retirado Jorge Bautista, acusado de encubrimiento en el juicio por la Masacre de Trelew, dio ayer en el recorrido al edificio central de la Base Almirante Zar, escenario de los fusilamientos cometidos el 22 de agosto de 1972, ordenado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Parecieron, pero no lo fueron. Porque quien estuvo a cargo del registro castrense de lo ocurrido en las celdas de la base el 22 de agosto de 1972 relató casi de memoria cómo estaban distribuidos los 19 presos políticos en ocho celdas, hasta allí trasladados por militares luego de su intento de fuga del penal de Rawson, y reveló que no todas las víctimas fatales de la masacre fallecieron en el momento. Ese dato, particularmente, fue considerado por la querella de los familiares de las víctimas como el más importante de la jornada: “Indica que a algunas víctimas las dejaron morir”, definió la abogada del CELS Carolina Varsky. Sentado en uno de los bancos que adornan austeramente el hall de entrada del edificio central del predio que la fuerza aeronaval controla, a quince minutos de la ciudad de Trelew, rígidamente serio, apoyaba sus manos en el bastón del que se vale para caminar y fijaba su mirada en el afuera.

La batahola que armó la comitiva judicial –su abogado defensor, los de las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos, los fiscales y los jueces– lo despertó del letargo. Se sumó al tumulto que emprendió el reconocimiento del lugar y, sin mediar pedido del tribunal o preguntas de las partes, comenzó a describir cómo había sido 40 años atrás, cuando hizo la “investigación” militar del hecho, por la que está acusado de encubrir la masacre.

“Las celdas se enfrentaban a lo largo y el pasillo corredor desembocaba en una sala que era bastante más grande de lo que es ahora”, repitió el balbuceo el único acusado que participó del reconocimiento, ya anoticiado de que su avejentada humanidad era el punto de mayor atención del recorrido. De cerca lo seguía su abogado, Gerardo Ibáñez.

El recorrido por el edificio comenzó cuando el secretario judicial abrió una de las tantas fojas del expediente de la causa en la que figura un plano del lugar. Un primer pasillo que se abre a la izquierda del hall central, ese con el que Bautista jugó a confundirse durante los primeros momentos, condujo a la comitiva al espacio en donde se ubicaban las celdas que albergaron los últimos días de los 16 presos políticos fusilados. “Esta puerta no estaba, no existía”, balbuceó Bautista mientras los magistrados intentaban sin éxito localizar esa abertura en el mapa del expediente. Hoy, esa puerta es la frontera entre dos ambientes que, aquel 22 de agosto de 1972, fueron uno dividido en varios mínimos. Con los años el sitio fue convertido en un centro cultural para la memoria y, por ende, modificado. Los ladrillos que subdividían la sala en celdas hoy no existen y, en su lugar, una serie de cintas azules pegadas en el piso dibujan la disposición de los cubículos y le dan existencia al corredor en el que cayeron los muertos. Pegados en las paredes perimetrales con cinta de papel, los nombres de los presos obliga a quien camine por allí a sentir la presencia de sus cuerpos desangrados o desangrándose en el suelo.

Bautista accedió a contestar preguntas, aunque siempre bajo el paraguas de que su memoria “no es del todo confiable”. Recitó, cual formación de un equipo de fútbol, la distribución de los presos políticos fugados de Rawson en las celdas de la base: “La primera celda del ala izquierda, como se le llamó en el sumario, estaba vacía. En la segunda estaba (Mariano) Pujadas –las cintas pegadas en la puerta de esa celda, que todavía existe, ubican allí también a Carlos Astudillo y Eduardo Capello–. En la tercera creo que estaba (José) Mena –tampoco se equivocó, los nombres en la pared completan el cubículo con Jorge Ulla y Humberto Suárez–. Al lado estaban las chicas María Antonia (Berger), Ana María (Villarreal de Santucho) y (María Angélica) Sabelli. Al lado, (Humberto) Toschi y (Rubén) Bonet; y al lado (Miguel) Polti y (Alberto) Del Rey. A la derecha, frente a las chicas de la izquierda estaban las otras chicas, (Clarisa) Lea Place y (Susana) Lesgart, luego venía la celda de (Alfredo) Kohon y (Ricardo) Haidar y después (Alberto) Camps y (Mario) Delfino”.

Sin embargo, no fue tan puntilloso a la hora de justificar tales conocimientos. Es que el hombre había viajado a la base desde Buenos Aires específicamente para realizar la “investigación militar” de lo ocurrido. “Lo sé porque investigué. Tenía que entender quiénes eran y dónde estaban encerradas las personas cuyos nombres me llegaban de enfermería en una tarjeta que sólo decía cuántas balas se les había sacado del cuerpo”, apuntó.

Lo que supo no bien llegó fue el estado de la escena del fusilamiento, algo que, en partes, se prestó a reconstruir ayer. Así, Bautista confirmó que cuando llegó encontró proyectiles en el piso del pasillo, marcas de balas en las paredes y en las puertas de algunas celdas –“rasguños”– y manchas de sangre, además de los cuerpos, claro, de los 16 muertos.

–¿Había sangre en los calabozos? –inquirió Guanziroli.

–Había rastros de algunas personas que habían reptado hacia las celdas, pero dentro de los calabozos propiamente dichos no había nada. A la entrada del pasillo de las celdas, en el hall en el que de-sembocaba ese pasillo, había más densidad de gente.

–¿De cadáveres?

–Cadáveres, sí. Había más cadáveres que en el fondo. Indudablemente los cadáveres los tenían que dejar para que los viera el juez. Los heridos, que los habían sacado de acá, acá y acá (señaló en donde estarían ubicadas las celdas de Berger, Camps y Haidar) y creo que había uno más...

–¿Cómo uno más?

–Sí, a mí de la enfermería me dijeron: Bonet acaba de morir.

Para la querella de los familiares, ése fue uno de los datos más importantes de lo comentado por Bautista ayer, ya que “indica que las víctimas fatales en un inicio fueron menos de los 16 que finalmente murieron y que a los que estaban heridos en un comienzo los dejaron morir”, apuntó Varsky. Para la fiscalía, el recorrido por la base, acompañado de la narración en vivo y en directo de uno de los acusados, “aportó mucho ya que gran parte de su relato coincide con lo versado en la causa por el perito oficial que revisó el espacio en cuanto a la distribución de los calabozos y sus dimensiones”, detalló el fiscal que actuó en la instrucción de la investigación, Fernando Gelvez. El TOF, finalmente, decidió que Bautista amplíe su relato en la próxima audiencia del juicio, que será el jueves de la semana que viene.

Segunda jornada del juicio por la Masacre de Trelew, “a buen ritmo”

El juicio por la Masacre de Trelew perpetrada por marinos en 1972 avanza "a buen ritmo", señalaron este martes querellantes de la causa, al concluir la segunda jornada del juicio que se desarrolla en Rawson, Chubut.

"Lo que más nos interesa es la sentencia definitiva, que establezca las responsabilidades penales, y estamos avanzando a buen ritmo", dijo este martes en horas de la tarde a Télam el abogado Eduardo Hualpa, que representa a parte de los familiares de los 19 fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada en Trelew.

En el mismo sentido, su colega Carolina Varsky, querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), subrayó que "lo  más importante es que finalmente comenzó el juicio y llegar a una sentencia pronto, ojalá, para nosotros, condenatoria".

Este martes se completó la lectura de las declaraciones indagatorias que los imputados ya habían dado durante la instrucción y "probablemente la semana próxima estemos en condiciones de empezar con las audiencias testimoniales", detalló.

Tras cumplir pasos procesales este miércoles desde las 10 en la base Zar, el debate proseguirá en el Centro Cultural José Hernández en Rawson y la siguiente audiencia se realizará el jueves de la semana próxima, anunció el juez Enrique Guanziroli, quien integra el tribunal junto Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella.

Además, el magistrado exhortó este martes a la tarde a las partes a revisar el número de testigos convocados en principio, a fin de reducirlo si es posible y así acelerar el avance de la causa, criterio que compartieron las querellas.

"Son cerca de 80 testigos. La idea es poder trabajar con las otras dos querellas" y desistir de la presentación de aquellos que no supongan un aporte significativo a la prueba, "para poder avanzar lo más rápido posible", dijo Varsky.

En cuanto a la pena que solicitarán para los autores de los delitos investigados, la abogada del CELS anticipó que, por su tipo, "corresponde prisión perpetua, en tanto son 16 homicidios y tres tentativas".

Esta es la pena pretendida respecto de los oficiales Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el suboficial Carlos Morandino, todos de la Armada, acusados de homidicio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos.

En cambio, pedirán una punición menor para el oficial Jorge Bautista, el instructor nombrado por la cúpula naval de la época, acusado de encubrir el fusilamiento de 19 prisioneros políticos, 16 de los cuales murieron en la madrugada de aquel 22 de agosto, hace 40 años.

Sobre la decisión adoptada del Tribunal de desestimar el pedido de prisión efectiva en cárcel común, adoptada en la primera jornada del juicio, Varsky dijo que los querellantes entienden "las razones" de los camaristas.

"Esperamos que el Tribunal garantice la presencia de los imputados en los momentos en que se los requiera y hasta la sentencia", añadió.

Hualpa opinó de modo coincidente y señaló que, "por supuesto, en caso de cualquier incumplimiento" de los imputados, "vamos a volver a plantear la prisión efectiva" para los mismos.

En otro orden, el letrado consideró "muy importante el apoyo del público (a la realización del juicio), la presencia de vecinos, militantes y organizaciones" en las audiencias.

"Es muy importante respetar los derechos y garantías de los imputados pero también la memoria, el reclamo histórico de que esto se juzgue", puntualizó.

Sobre la estrategia de la defensa de los acusados, entre ellas afirmar que los delitos investigados son prescriptibles, Hualpa señaló que éste "es un punto grueso que se va a definir en esta sentencia".

"Nuestros argumentos son fuertes en el sentido de que estos son delitos de lesa humanidad, cometidos desde el poder del Estado, por motivos ideológicos, políticos o raciales, entre otros", sostuvo.

También Varsky enfatizó que "son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, que el Estado debe investigar" para sancionar a sus responsables, y recordó además que la Masacre de Trelew está en "la génesis de lo que después se conoció como terrorismo de Estado" de la última dictadura.

La lectura de las indagatorias en la segunda audiencia dejó a la vista las contradicciones entre las declaraciones de los oficiales imputados, que en la instrucción convalidaron la versión oficial de la dictadura sobre un supuesto nuevo "intento de fuga", y la declaración del cabo Morandino.

Este último, que estaba de guardia en el área de la celdas cuando los fusilamientos, dijo en las indagatorias que Sosa y los otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, antes de abrir fuego con metralletas PAM sobre los 19 prisioneros.

También afirmó que, después de las ráfagas del fusilamiento, escuchó disparos aislados con pistola calibre 45, en coincidencia con los testimonios y pericias que indican que varios heridos fueron ramatados mediante tiros de gracia en la nuca.

Morandino admitió además que sus superiores le ordenaron mentirle al instructor Bautista, para encubrir después el fusilamiento, y no hablar de lo ocurrido con terceros.

En las indagatorias leídas desde este martes por la mañana, Morandino relató también que en 1973, cuando se retiraba la dictadura de entonces (1966-73), la Armada lo envió en comisión a Estados Unidos por un año y medio, hasta 1975, cuando pasó a retiro.

Y dijo que después fue chofer del agregado naval de la embajada argentina en Estados Unidos hasta diciembre de 2004.

Difícilmente estas decisiones de la Armada puedan interpretarse  como algo diferente a un "premio" a Morandino, que lo mantenía lejos del país y callado, un silencio que rompió recién al ser indagado en 2008 durante la instrucción del juicio.