El "Gringo" que convenció al carcelero

Está el hecho que trasciende, que hace historia.

Y están los hechos que hacen a esa historia pero van por sus laterales. Son los que Raymond Carr definía como los "núcleos sueltos" sin los cuales no habría un núcleo central: la historia tal cual trasciende, pero que se desliga de ellos.

Desde esta perspectiva, la fuga y masacre en Trelew tienen alcance nacional. Pero sus "núcleos sueltos" tocan muy de cerca a Carmen de Patagones y Viedma. Veamos:

El "Gringo" Domingo Mena fue uno de los fundadores del PRT, génesis de su ala militar: el ERP. En 1972 Mena, descendiente de una familia del norte argentino de larga tradición católica, estaba preso en Trelew desde 1971. A metros, en otras celdas, Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo.

A lo largo de aquel 72 Mena, hombre culto, de hablar suave, con cautela se encargó de captar a un carcelero: Facio, descendiente de una numerosa familia de Viedma. Facio le pidió 10 millones de pesos para ayudar a la fuga que se planeaba. Tenía deudas. El pedido "lo hizo casi con vergüenza, y después de tratarlo cotidianamente nos daba la impresión de que sin pago también nos hubiese ayudado. No pensábamos que pudiera traicionarnos, aunque en realidad no nos quedaba más alternativa que confiar", confiesa Gorriarán Merlo en sus sabrosas memorias.

El ERP accedió al pedido de Facio: cinco millones antes de la fuga, luego el resto.

Pero Facio nunca cobraría ese resto.

Una madrugada, meses después de la fuga y masacre, sonó el timbre en la casa de Facio, en Trelew.

–Venimos de parte del "Gringo" Mena –le dijeron a través de la puerta. Facio confió.

Abrió creyendo que llegaba el resto de la plata. No pudo frotarse las manos.

Está desaparecido.

¿Qué fue de Mena, en tanto?

Tras la fuga, paso por Chile y estadía mediante en Cuba, volvió a la Argentina semanas antes de las elecciones de 1973. Quizá ingresó junto a Santucho y Gorriarán Merlo.

Chile, cruce de Los Andes, estadía en Neuquén durante unos días. Luego, en tren, rumbo a Buenos Aires.

Pasaron los años. Años de sangre y muerte. Llegó el golpe del 76. En la tarde del 19 de julio un capitán del Ejército que venía de prestar servicios en la VI Brigada de Infantería de Neuquén, irrumpió al frente de cuatro suboficiales. La balacera tuvo ida y vuelta. Dice la historia que el capitán se trabó en lucha cuerpo a cuerpo con el jefe del ERP, Mario Santucho. Murieron los dos. El capitán se llamaba Leonetti.

Y cayó también Benito Urteaga, el segundo del ala militar de ERP, que comenzaba ser historia.

Esa noche, en otro lugar del Gran Buenos Aires, eran secuestrados Mena y su esposa, Ana Lanzillotto. Junto a otra hermana –quizá melliza– militan en el ERP.

Descendientes de otra familia con larga estela de historia en La Rioja, las dos están desaparecidas.

Mena y Ana tenían un bebé de meses. El grupo que los secuestró, lo hizo llegar a familiares. Se llamaba Ramiro.

Una hermana mayor de la mamá se hizo cargo de él. Estaba casada con un farmacéutico radical y riojano que llegó a Carmen de Patagones cuando arrancaban los 60. Gaggioti de apellido. Ahí se crió Ramiro, cursó el secundario en el veterano San José.

Ramiro tomó los hábitos. Visitó a Gorriarán Merlo cuando éste fue detenido por la democracia. Luego se fue de misionero a África.

Volvió al país hace pocos años. Armó pareja. Vive en el norte. Cruzó los 40. Con mucha historia a cuesta.
CARLOS TORRENGO carlostorrengo@hotmail.com

Con los acusados libres

El tribunal desestimó la detención de los cuatro imputados por el fusilamiento de diecinueve presos políticos. Hoy tendrán oportunidad de hablar.

 Por Ailín Bullentini

El silencio que reinó en la audiencia inaugural del juicio por la Masacre de Trelew mutó en ovación cuando la Fiscalía pidió la detención inmediata en cárcel común de cuatro de los cinco imputados. La desestimación del pedido de parte del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia no cayó bien entre los familiares de las 16 víctimas fatales y los tres sobrevivientes del fusilamiento que las fuerzas de seguridad y militares cometieron en la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, el 22 de agosto de 1972. Sin embargo, “un día más o un día menos en el camino de estas bestias humanas a la cárcel no es lo más importante de la jornada. Lo fundamental es que comenzó a consolidarse un hecho de justicia”, remarcó Julio Ulla, quien espera que el asesinato de su hermano Jorge se salde con los responsables condenados. Ayer, además, se leyó la elevación a juicio de la causa, que señala a Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Carlos Morandino como responsables de los 16 homicidios y de tres tentativas, y a Jorge Bautista, acusado de encubrimiento. Para hoy se espera el inicio del debate con la invitación a los imputados a declarar. El tribunal integrado por Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella rechazó el pedido que presentó la Fiscalía, y al que adhirieron las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación porque “no acompañó elementos nuevos de convicción para variar el criterio” en relación a la situación de los acusados, explicó tras finalizar la audiencia Guanziroli. Es decir que la Fiscalía no aportó elementos que permitieran pensar que hay peligro de fuga.

El pedido de cárcel común e inmediata para los marinos Paccagnini, Sosa y Del Real y para el cabo Morandino apuntaba a “evitar que sucedan hechos que entorpezcan la investigación o los imputados se fuguen”. Para sostenerlo, la Fiscalía había citado antecedentes de otros tribunales que hicieron lugar a pedidos similares. La excepción realizada al marino Batista tiene que ver con la gravedad del delito que se le imputa, de encubrimiento. Existen aún dos militares más relacionados con los asesinatos que no ocupan bancos de acusados: Guillermo Bravo es uno de los fusiladores que sigue en libertad en Estados Unidos, donde la Justicia desestimó la extradición pedida por Argentina; Horacio Mayorga fue salvado por un cuadro de ACV.

La primera audiencia del juicio que intenta resolver los fusilamientos de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart cometidos en Trelew hace casi 40 años se llevó a cabo a sala llena y con una multitud copando la puerta del teatro José Hernández, de Rawson. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos y Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas viajaron hacia esa ciudad patagónica para estar presentes. “Un silencio sepulcral reinó en la sala durante la audiencia, mientras se leyeron las acusaciones y las probables penas. Pero la tensión estalló cuando los fiscales pidieron la detención inmediata en una cárcel común. El silencio se quebró en una ovación, aplausos cerrados y griterío”, narró Julio Ulla, un santafesino un año menor que su hermano Jorge, fusilado aquella noche de agosto del ’72 en las celdas de la base Zar.

Para Ulla, “hace muchos años que estas bestias humanas (los acusados) deberían haber caído presos. Pero un día más o menos no interesa tanto, porque lo que llega en breve es la justicia”. Su padre, contó a Página/12, denunció al entonces presidente de facto Alejandro Lanusse por el asesinato de su hijo en una solicitada que publicó un día después de ocurrida la matanza. Volvió a hacerlo no bien el país recuperó la democracia, en diciembre de 1983, cuando exigió que el Estado investigara las muertes. “Mi familia veía muy difícil todo, pero con este gobierno recuperamos la sensación de que la justicia sería posible”, mencionó.

Raquel Camps es hija de Alberto Camps, quien junto con Antonia Berger y René Haidar sobrevivió a los tiros de gracia, pero fue asesinado el 16 de agosto de 1975 (una fecha “nada casual”, dirá). Para ella, que los acusados estén en libertad “no es ninguna gracia” y “es difícil asimilarlo”. Sin embargo, confía en los próximos tres meses, durante los que más de 70 testigos expondrán sus verdades ante el tribunal de Comodoro Rivadavia. “Nuestro mayor anhelo es llegar a un nuevo 22 de agosto con esos culpables presos”, reveló.

"Acá se conocieron mis padres"

María Raquel Camps caminó la Unidad Penal Nº 6 y sintió el mismo frío que su madre Rosa Pargas describió en sus poemas escritos en esas celdas. Revivió el dolor de su padre, Alberto Camps, sobreviviente de la masacre de Trelew pero muerto luego en la dictadura.

Ayer, antes de desarrollarse el acto de homenaje en el gimnasio de la cárcel, María Raquel ingresó a las celdas, miró la foto de su padre, recorrió los pasillos y continuó buscando fragmentos de su propia historia.

"Es importantísimo esto que está ocurriendo después de 40 años. Pero no me causa ninguna felicidad, no voy a festejar, la masacre significó mucho dolor para nosotros porque después vinieron muchas cosas, mi papá fue asesinado el 16 de agosto del 77 y mi mamá secuestrada y desaparecida, creo que nos marcó muchísimo esto. Después de 40 años estamos acá, buscando que nos vean las caras", sostuvo.

Dijo que ver la cara de los acusados del intento de asesinato de su padre y de la muerte de 16 de sus compañeros le da "mucha impotencia, porque están inmutables, los veo viejos y mis viejos eran muy jóvenes cuando se fueron, pero el odio solamente arruina al que odia".

María Raquel nació en la clandestinidad. "La masacre de Trelew es una frase que me siguió durante mucho tiempo, porque aparte Trelew significa bastante por otra cosa, mis papás se conocieron en el penal de Rawson y de ahí nunca más se separaron y acá yo empecé a reconstruir mi historia".

Recordó que su padre "dejó mucho testimonio escrito y dicho. Eso es un tesoro para los hijos. Tener su palabra, su pensamiento".

Y concluyó: "A mí me tocó vivir otra historia. Yo trato a veces de renombrarme en esto y decir: bueno yo también soy una víctima del terrorismo de Estado. Yo también soy una sobreviviente de esto y soy una huérfana producida por el genocidio también". Pero "estos juicios implican un nunca más, no tengo dudas".

La fiscalía y la querella pidieron la detención inmediata de cuatro de los procesados

Pidieron al tribunal la detención de los capitanes Luis Sosa, Emilio Del Real y Rubén Paccagnini y del cabo Carlos Marandino. Se juzga lo ocurrido en agosto de 1972, cuando 16 prisioneros fueron fusilados por oficiales de la Armada.  Masacre de Trelew:   

 La fiscalía y las querellas del juicio oral por la Masacre de Trelew pidieron este mediodía la detención inmediata de cuatro de los cinco procesados y por tal motivo el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia pasó a cuarto intermedio para pronunciarse.  La fiscalía solicitó el encarcelamiento basándose en la jurisprudencia de otros juicios por delitos de lesa humanidad y solo exceptuó "por el momento" a Jorge Bautista, acusado de encubrimiento.  De esta forma, la Fiscalía pidió la detención de los capitanes Luis Sosa, Emilio Del Real y Rubén Paccagnini y del cabo Carlos Marandino.  El juicio oral contra cinco acusados por la Masacre de Trelew, concretada el 22 de agosto de 1972 por integrantes de la Armada, comenzó con numeroso público que colmó la amplia sala del Centro Cultural José Hernández de Rawson.  

El juez Enrique Guanziroli, quien integra el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia junto a Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella, ordenó la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía, que acusa a los imputados por homicidio agravado de 16 prisioneros y otros tres en grado de tentativa, todos en la base aeronaval Almirante Zar.  El requerimiento detalla los hechos desde la fuga de un grupo de prisioneros políticos del penal de Rawson, el 15 de agosto de 1972, hasta la rendición pactada de 19 de ellos en el viejo aeropuerto de Trelew, hoy Centro de la Memoria, y su posterior fusilamiento en el área de celdas de la base Zar, en la madrugada del 22 de agosto, hace casi 40 años.  En ese marco, el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, destacó el inicio del juicio y aseguró, a través de su cuenta de twitter: "Con Néstor y Cristina cada vez más Memoria, más Verdad y más Justicia".  Por los hechos están acusados los capitanes Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, éste último por encubrimiento, y el cabo Carlos Marandino.  

Eludieron el banquillo de los acusados el almirante Horacio Mayorga, ya que el Cuerpo de Medicina Forense consideró que por razones de salud mental no está en condiciones de defenderse en juicio, y el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos, país donde reside.  

Sobre los hechos de 1972, la acusación subraya que la negociación con oficiales navales tras la cual se entregaron 19 evadidos, luego de obtener la promesa de garantías, fue presenciada por el juez Alejandro Godoy, abogados y periodistas.  No obstante esos compromisos tomados por los oficiales de la Armada, relata que, "en la madrugada del 22 de agosto (...) aproximadamente entre las 2.30 y 3.30”, los acusados Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido de apellido Herrera “se presentaron en el lugar de detención”.  “Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”.  Les ordenaron luego que se formaran "algunos orientados hacia el ingreso del mismo y otros hacia las celdas de enfrente", con la vista hacia el suelo, "tras lo cual junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos”, consigna el mismo texto.  Como consecuencia de la lluvia de disparos o de los llamados tiros de gracia fallecieron 16 de los 19 prisioneros fusilados.  

Fueron asesinados Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.  “En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el resultado de muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado”, puntualiza la elevación a juicio.  

Los tres sobrevivientes señalaron a Bravo como el oficial que recorrió los calabozos para rematar con un disparo de gracia en la nuca a los fusilados.  

Morandino, el suboficial que estaba de guardia en los calabozos, declaró que Sosa y otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y también dijo que le ordenaron mentirle al instructor de la Armada, Enrique Bautista, para encubrir después el fusilamiento.  

La fiscalía señala la responsabilidad política directa en la masacre de la dictadura encabezada entonces por Alejandro Lanusse, además de la responsabilidad penal de los imputados en la causa como ejecutores materiales del fusilamiento ordenado por la superioridad y, en un caso, por encubrimiento.  Con la lectura de la requisitoria fiscal y luego de la prueba acumulada contra los imputados, se puso en marcha esta mañana el juicio oral y público por la Masacre de Trelew.

Un día histórico en Trelew

Luego de cuarenta años, hoy se inicia el proceso contra los cinco represores, que se encuentran en libertad. Ayer, familiares de las víctimas y militantes de organizaciones políticas y de derechos humanos recorrieron la base Almirante Zar.

 Por Alejandra Dandan

Casi cuarenta años después, los fusiladores de los dieciséis presos políticos asesinados el 22 de agosto de 1972 en la base naval Almirante Zar de Trelew comenzarán a ser juzgados a partir de hoy por esos crímenes. Las mujeres, hijos y hermanos de aquellos militantes llegaron a la provincia de Chubut para participar del proceso y como en una especie de inicio ritual ayer recorrieron el mismo camino que ellos hicieron en esos días. “Abrazados, unidos, muy juntos”, como dijeron salieron desde la cárcel de Rawson, pasaron por el aeropuerto y luego entraron en la Base Naval. “Es muy emocionante esto porque para no-sotros no pasaron cuarenta años”, dice Alicia de Bonet, la mujer de Rubén Bonet, dirigente del ERP, uno de los fusilados. “En lo que vivimos no hay rupturas de tiempo, ni distancia. Hay continuidad, porque nunca bajamos los brazos en la lucha por la justicia, es la continuidad que se interrumpirá cuando logremos empezar a ver la salida del túnel, cuando comience este juicio.”

Durante el fin de semana fueron llegando hasta la ciudad familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas. Llegó Raquel Camps, la hija de Adrián Camps; también Luis Lea Laplace, hermano de Clarisa; Guido Quieto, hijo de Roberto, e Hilda de Toschi, esposa de Humberto. Llegaron también madres de Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos e Hijos, representantes de La Cámpora y del Movimiento Evita. A ellos se sumó el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, y Marcelo Duhalde, que encabezaron un homenaje a Eduardo Luis Duhalde –el fallecido ex secretario de Derechos Humanos–, uno de los abogados que llevaron adelante las tensas negociaciones por la liberación de los presos y las del primer grupo que logró aterrizar en Chile. Uno de los que estaban en el vuelo de los que sobrevivieron a la fuga de la cárcel fue Fernando Vaca Narvaja, ex dirigente de Montoneros que también está en Rawson. “Pasaron casi cuarenta años y quizá sea un poco tarde, pero el juicio es muy importante”, dijo ayer. “Después del fracaso de la segunda fuga, cuando diecinueve compañeros quedaron retenidos en la base Almirante Zar, Pedro Bonet y Mariano Pujadas pudieron hablar con algunos periodistas y advirtieron que pedían garantías a la Justicia para que no se repitiera lo que había pasado con los obreros de la Patagonia Rebelde”, recordó.

Esa será una de las reconstrucciones que empezarán a escucharse en el juicio a los cinco marinos encargados del fusilamiento: son los capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio del Real; los capitanes de navío Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y el cabo Carlos Marandino. Sosa era segundo jefe del Batallón de Infantería Marina de la base, la persona que dio su “palabra de honor” en el aeropuerto y prometió que los presos iban a ser devueltos a la cárcel de Rawson y una de las personas que en la madrugada del 22 de agosto recorrieron el pasillo de las celdas dando los tiros de gracia. Del Real y Morandino son dos de los fusiladores. Paccagnini era el responsable de la base y jefe directo de ellos. Y Bautista hizo el sumario que respaldó la versión del intento de fuga. No son todos los responsables. Guillermo Roberto Bravo es uno de los fusiladores que siguen en libertad en Estados Unidos porque un juez de Florida no aceptó la extradición al considerar que era una causa “política”. Y Horacio Mayorga, que fue quien ordenó el traslado del aeropuerto a la base Almirante Zar, no será juzgado porque está con un cuadro de ACV.

Alicia ahora repite los nombres de quienes sí serán juzgados, uno por uno. Todavía no puede creerlo: el sábado, durante una conferencia de prensa, se enteró de que ninguno de los cinco acusados llegará al juicio detenido. “Para nosotros fue una desagradable y terrible sorpresa –dijo–: cuando nos enteramos nos cayó como una paliza, quedamos todos sin palabras, ahora ellos deberán presentarse personalmente y sólo si no se presentan la Justicia los debe ir a buscar.”

El juicio, que se extenderá durante tres meses, tendrá audiencias todos los días de esta semana. Se hará en el Teatro José Hernández de Rawson. Estará a cargo del Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia, integrado por Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella. Los fiscales son Horacio Arranz y Fernando Gelvez.

El juicio a los fusiladores del ’72

Los acusados son los capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio Del Real, los capitanes de navío Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, y el cabo Carlos Marandino. Hoy se recordará a las víctimas y al fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, dieciséis presos políticos fueron asesinados en la Base Almirante Zar.

Mañana a las diez de la mañana, en el teatro José Hernández de la ciudad de Rawson, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia comenzará a juzgar a cinco marinos por la Masacre de Trelew, como pasó a la historia el fusilamiento de dieciséis presos políticos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de la Armada Argentina. El gran ausente del juicio, el primero por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, será el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, identificado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como quien recorrió los calabozos para dar los tiros de gracia. Ciudadano norteamericano desde 1987, localizado por Página/12 en Miami como titular del RGB Group en 2009, el Ñato Bravo sigue libre e impune gracias al juez Robert Dube, miembro de la Corte de Florida, quien rechazó el pedido de extradición con el argumento de que las declaraciones de los sobrevivientes “no son creíbles” y que en todo caso no correspondía la extradición por tratarse de “delitos políticos”.

La causa por la masacre de 1972 se abrió a pedido del CELS, en representación de familiares de los fusilados, tras la reapertura de las investigaciones por crímenes de la última dictadura. La Armada había instruido un sumario en base a su falacia habitual: intento de fuga repelido por marinos con todos los muertos en el bando contrario y ni un rasguño en el propio. El juez federal de Trelew, Hugo Sastre, tomó decenas de testimoniales a personas que trabajaban en la base y a principios de 2008 ordenó las detenciones, que incluían a Bravo.

Los cinco imputados que finalmente se sentarán en el banquillo son los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real, los capitanes de navío Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista, y el cabo Carlos Amadeo Marandino. Sosa recorrió los calabozos junto con Bravo para dar los tiros de gracia, según le contaron los sobrevivientes a Paco Urondo, que en base a sus relatos publicó La Patria fusilada. Treinta y cinco años después, citado a indagatoria, Sosa declaró que mientras inspeccionaba los calabozos recibió “una patada de karate” que lo dejó conmocionado y cuando intentó reincorporarse “ya habían empezado a tirar las ametralladoras PAM”. Dijo que alcanzó a ver “cuatro bocas de fuego desde tres metros” e identificó a tres de los fusiladores: Bravo, Del Real y Marandino. El suboficial Marandino, a su turno, declaró que esa noche estaba de guardia hasta que le ordenaron abrir las puertas de los calabozos y retirarse. El capitán Paccagnini era entonces el jefe de la base Zar, superior inmediato de los fusiladores. El capitán Bautista fue el responsable del sumario interno que respaldó la versión del intento de fuga, por lo que será juzgado por encubrimiento. Marandino dijo que le ordenaron mentir para respaldar la historia oficial.

El segundo gran ausente del juicio será el contraalmirante retirado Horacio Mayorga, entonces comandante de la Aviación Naval. Mayorga fue quien ordenó trasladar a los guerrilleros capturados a la base Zar y no al penal de Rawson como había prometido la Armada y quien llegó a reivindicar la masacre ante su tropa. “La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa”, dijo. El viejo marino, golpista ya en 1955, célebre apologista de la dictadura, fue procesado como cómplice necesario pero quedó fuera del juicio gracias a sus problemas de salud.

Las actividades previas a la audiencia inicial, bajo el lema “Los juicios son ahora”, comenzaron ayer con una conferencia de prensa de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas, y con un taller de capacitación para periodistas organizado por el programa Memoria en Movimiento, de la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional. Hoy a la tarde se realizará un homenaje a las víctimas y luego al fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, abogado de presos políticos al tiempo de la masacre, con la inauguración de un acceso al Centro Cultural por la Memoria que funciona en el ex Aeropuerto Viejo de Trelew, donde se entregaron los presos políticos fugados de la cárcel de Rawson que una semana después serían fusilados.

El tribunal que tendrá la responsabilidad histórica de juzgar la Masacre de Trelew está integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora María Cabrera de Monella, que escucharán a unos setenta testigos. En representación del Ministerio Público actuarán los fiscales Horacio Arranz y Fernando Gelvez.

Lunes 7 de mayo : Inicio del juicio