El juicio por la Masacre de Trelew perpetrada por marinos en 1972 avanza "a buen ritmo", señalaron este martes querellantes de la causa, al concluir la segunda jornada del juicio que se desarrolla en Rawson, Chubut.
"Lo que más nos interesa es la sentencia definitiva, que establezca las responsabilidades penales, y estamos avanzando a buen ritmo", dijo este martes en horas de la tarde a Télam el abogado Eduardo Hualpa, que representa a parte de los familiares de los 19 fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada en Trelew.
En el mismo sentido, su colega Carolina Varsky, querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), subrayó que "lo más importante es que finalmente comenzó el juicio y llegar a una sentencia pronto, ojalá, para nosotros, condenatoria".
Este martes se completó la lectura de las declaraciones indagatorias que los imputados ya habían dado durante la instrucción y "probablemente la semana próxima estemos en condiciones de empezar con las audiencias testimoniales", detalló.
Tras cumplir pasos procesales este miércoles desde las 10 en la base Zar, el debate proseguirá en el Centro Cultural José Hernández en Rawson y la siguiente audiencia se realizará el jueves de la semana próxima, anunció el juez Enrique Guanziroli, quien integra el tribunal junto Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella.
Además, el magistrado exhortó este martes a la tarde a las partes a revisar el número de testigos convocados en principio, a fin de reducirlo si es posible y así acelerar el avance de la causa, criterio que compartieron las querellas.
"Son cerca de 80 testigos. La idea es poder trabajar con las otras dos querellas" y desistir de la presentación de aquellos que no supongan un aporte significativo a la prueba, "para poder avanzar lo más rápido posible", dijo Varsky.
En cuanto a la pena que solicitarán para los autores de los delitos investigados, la abogada del CELS anticipó que, por su tipo, "corresponde prisión perpetua, en tanto son 16 homicidios y tres tentativas".
Esta es la pena pretendida respecto de los oficiales Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el suboficial Carlos Morandino, todos de la Armada, acusados de homidicio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos.
En cambio, pedirán una punición menor para el oficial Jorge Bautista, el instructor nombrado por la cúpula naval de la época, acusado de encubrir el fusilamiento de 19 prisioneros políticos, 16 de los cuales murieron en la madrugada de aquel 22 de agosto, hace 40 años.
Sobre la decisión adoptada del Tribunal de desestimar el pedido de prisión efectiva en cárcel común, adoptada en la primera jornada del juicio, Varsky dijo que los querellantes entienden "las razones" de los camaristas.
"Esperamos que el Tribunal garantice la presencia de los imputados en los momentos en que se los requiera y hasta la sentencia", añadió.
Hualpa opinó de modo coincidente y señaló que, "por supuesto, en caso de cualquier incumplimiento" de los imputados, "vamos a volver a plantear la prisión efectiva" para los mismos.
En otro orden, el letrado consideró "muy importante el apoyo del público (a la realización del juicio), la presencia de vecinos, militantes y organizaciones" en las audiencias.
"Es muy importante respetar los derechos y garantías de los imputados pero también la memoria, el reclamo histórico de que esto se juzgue", puntualizó.
Sobre la estrategia de la defensa de los acusados, entre ellas afirmar que los delitos investigados son prescriptibles, Hualpa señaló que éste "es un punto grueso que se va a definir en esta sentencia".
"Nuestros argumentos son fuertes en el sentido de que estos son delitos de lesa humanidad, cometidos desde el poder del Estado, por motivos ideológicos, políticos o raciales, entre otros", sostuvo.
También Varsky enfatizó que "son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, que el Estado debe investigar" para sancionar a sus responsables, y recordó además que la Masacre de Trelew está en "la génesis de lo que después se conoció como terrorismo de Estado" de la última dictadura.
La lectura de las indagatorias en la segunda audiencia dejó a la vista las contradicciones entre las declaraciones de los oficiales imputados, que en la instrucción convalidaron la versión oficial de la dictadura sobre un supuesto nuevo "intento de fuga", y la declaración del cabo Morandino.
Este último, que estaba de guardia en el área de la celdas cuando los fusilamientos, dijo en las indagatorias que Sosa y los otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, antes de abrir fuego con metralletas PAM sobre los 19 prisioneros.
También afirmó que, después de las ráfagas del fusilamiento, escuchó disparos aislados con pistola calibre 45, en coincidencia con los testimonios y pericias que indican que varios heridos fueron ramatados mediante tiros de gracia en la nuca.
Morandino admitió además que sus superiores le ordenaron mentirle al instructor Bautista, para encubrir después el fusilamiento, y no hablar de lo ocurrido con terceros.
En las indagatorias leídas desde este martes por la mañana, Morandino relató también que en 1973, cuando se retiraba la dictadura de entonces (1966-73), la Armada lo envió en comisión a Estados Unidos por un año y medio, hasta 1975, cuando pasó a retiro.
Y dijo que después fue chofer del agregado naval de la embajada argentina en Estados Unidos hasta diciembre de 2004.
Difícilmente estas decisiones de la Armada puedan interpretarse como algo diferente a un "premio" a Morandino, que lo mantenía lejos del país y callado, un silencio que rompió recién al ser indagado en 2008 durante la instrucción del juicio.
"Lo que más nos interesa es la sentencia definitiva, que establezca las responsabilidades penales, y estamos avanzando a buen ritmo", dijo este martes en horas de la tarde a Télam el abogado Eduardo Hualpa, que representa a parte de los familiares de los 19 fusilados el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada en Trelew.
En el mismo sentido, su colega Carolina Varsky, querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), subrayó que "lo más importante es que finalmente comenzó el juicio y llegar a una sentencia pronto, ojalá, para nosotros, condenatoria".
Este martes se completó la lectura de las declaraciones indagatorias que los imputados ya habían dado durante la instrucción y "probablemente la semana próxima estemos en condiciones de empezar con las audiencias testimoniales", detalló.
Tras cumplir pasos procesales este miércoles desde las 10 en la base Zar, el debate proseguirá en el Centro Cultural José Hernández en Rawson y la siguiente audiencia se realizará el jueves de la semana próxima, anunció el juez Enrique Guanziroli, quien integra el tribunal junto Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella.
Además, el magistrado exhortó este martes a la tarde a las partes a revisar el número de testigos convocados en principio, a fin de reducirlo si es posible y así acelerar el avance de la causa, criterio que compartieron las querellas.
"Son cerca de 80 testigos. La idea es poder trabajar con las otras dos querellas" y desistir de la presentación de aquellos que no supongan un aporte significativo a la prueba, "para poder avanzar lo más rápido posible", dijo Varsky.
En cuanto a la pena que solicitarán para los autores de los delitos investigados, la abogada del CELS anticipó que, por su tipo, "corresponde prisión perpetua, en tanto son 16 homicidios y tres tentativas".
Esta es la pena pretendida respecto de los oficiales Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el suboficial Carlos Morandino, todos de la Armada, acusados de homidicio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos.
En cambio, pedirán una punición menor para el oficial Jorge Bautista, el instructor nombrado por la cúpula naval de la época, acusado de encubrir el fusilamiento de 19 prisioneros políticos, 16 de los cuales murieron en la madrugada de aquel 22 de agosto, hace 40 años.
Sobre la decisión adoptada del Tribunal de desestimar el pedido de prisión efectiva en cárcel común, adoptada en la primera jornada del juicio, Varsky dijo que los querellantes entienden "las razones" de los camaristas.
"Esperamos que el Tribunal garantice la presencia de los imputados en los momentos en que se los requiera y hasta la sentencia", añadió.
Hualpa opinó de modo coincidente y señaló que, "por supuesto, en caso de cualquier incumplimiento" de los imputados, "vamos a volver a plantear la prisión efectiva" para los mismos.
En otro orden, el letrado consideró "muy importante el apoyo del público (a la realización del juicio), la presencia de vecinos, militantes y organizaciones" en las audiencias.
"Es muy importante respetar los derechos y garantías de los imputados pero también la memoria, el reclamo histórico de que esto se juzgue", puntualizó.
Sobre la estrategia de la defensa de los acusados, entre ellas afirmar que los delitos investigados son prescriptibles, Hualpa señaló que éste "es un punto grueso que se va a definir en esta sentencia".
"Nuestros argumentos son fuertes en el sentido de que estos son delitos de lesa humanidad, cometidos desde el poder del Estado, por motivos ideológicos, políticos o raciales, entre otros", sostuvo.
También Varsky enfatizó que "son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, que el Estado debe investigar" para sancionar a sus responsables, y recordó además que la Masacre de Trelew está en "la génesis de lo que después se conoció como terrorismo de Estado" de la última dictadura.
La lectura de las indagatorias en la segunda audiencia dejó a la vista las contradicciones entre las declaraciones de los oficiales imputados, que en la instrucción convalidaron la versión oficial de la dictadura sobre un supuesto nuevo "intento de fuga", y la declaración del cabo Morandino.
Este último, que estaba de guardia en el área de la celdas cuando los fusilamientos, dijo en las indagatorias que Sosa y los otros tres oficiales le ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, antes de abrir fuego con metralletas PAM sobre los 19 prisioneros.
También afirmó que, después de las ráfagas del fusilamiento, escuchó disparos aislados con pistola calibre 45, en coincidencia con los testimonios y pericias que indican que varios heridos fueron ramatados mediante tiros de gracia en la nuca.
Morandino admitió además que sus superiores le ordenaron mentirle al instructor Bautista, para encubrir después el fusilamiento, y no hablar de lo ocurrido con terceros.
En las indagatorias leídas desde este martes por la mañana, Morandino relató también que en 1973, cuando se retiraba la dictadura de entonces (1966-73), la Armada lo envió en comisión a Estados Unidos por un año y medio, hasta 1975, cuando pasó a retiro.
Y dijo que después fue chofer del agregado naval de la embajada argentina en Estados Unidos hasta diciembre de 2004.
Difícilmente estas decisiones de la Armada puedan interpretarse como algo diferente a un "premio" a Morandino, que lo mantenía lejos del país y callado, un silencio que rompió recién al ser indagado en 2008 durante la instrucción del juicio.
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