martes, 31 de julio de 2012

Un testimonio impactante en la Masacre de Trelew

Esa madrugada de agosto Agustín Magallanes se despertó por lo que describió como interminables ráfagas de metralleta.
“Al fondo del pasillo había sangre, algunos se arrastraban y se escuchaban quejidos de dolor”, relató Magallanes.
Por Rolando Tobarez

Despierto a la fuerza, la madrugada del 22 de agosto del ´72 Agustín Magallanes vio un grupo de oficiales discutiendo a los gritos en la entrada de los calabozos de la Base Almirante Zar. Aprovechó para colarse por el pasillo angosto y quedó mudo. “Vi los cuerpos amontonados tirados en el piso de la entrada, los detenidos inmóviles uno encima del otro, acribillados, hechos un colador de tiros. Al fondo del pasillo había sangre, algunos se arrastraban y se escuchaban quejidos de dolor”.

Antes se encontró a su jefe, el teniente Roberto Bravo, que prendía un cigarrillo sentado en un banco largo, ya fuera de la zona de los presos muertos. Habían pasado apenas minutos de los disparos. No se llevaba para nada bien con Magallanes. “Le pregunté qué había pasado y me contestó una incoherencia: Acá se termina mi carrera, me dijo. Luego me maltrató y me echó. Para mí fue una cosa impactante y traumática que me afectó”.

El testigo declaró ayer en el juicio por la Masacre de Trelew. Fueron 3 horas y media en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson con detalles clave para la causa. En agosto del ´72 era oficial de la Infantería de Marina y uno de sus superiores era el capitán Luis Emilio Sosa. La madrugada del 22 Magallanes dormía a pocos metros del lugar. Lo despertaron las ráfagas. “Fueron muchísimos tiros de secuencias muy largas, lo cual no era habitual porque lo que se aconseja son ráfagas cortas e interrumpidas. Era como si se hubiesen prendido al disparador de la ametralladora y no que a alguien se le haya escapado un disparo”.

Corrió a la guardia apenas vestido, junto con otros compañeros. Pensó que era un ataque a la Base. En el hall del edificio principal vio mucho desorden y gritos. Todos iban y venían. El lío era tal que a nadie se le ocurrió prender las luces. Se encontró con un suboficial de guardia. “Estaba refugiado en un rincón, arrinconado y asustado. Fue el primero que me dijo que los tiros venían del calabozo”.

No recuerda quién de los dos alertó por teléfono al jefe de la unidad, Rubén Paccagnini, quien llegó y empezó a discutir y repartir órdenes a los gritos. “Entró rápido y exaltado. Nunca lo había visto así. Pidió desalojar porque había muchos curiosos, como si fuese un accidente”. Magallanes aseguró que el único que trató de tranquilizar a la tropa fue el jefe de la Infantería de Marina, Alfredo Fernández.

En cuanto pudo llegó a los calabozos. Atravesó la discusión de los oficiales. Ya había médicos y enfermeros. Y cadáveres tirados con los pies sobre el pasillo y el tronco dentro de la celda. “El médico iba persona por persona tomando el pulso con un estetoscopio y un maletín, me pidió ayuda y tuve que correr los cuerpos de la entrada para que pudiera pasar. Los corrí, el médico pasó y se dedicó a los que estaban heridos. Ninguno había salido del pasillo”. Le dijo al tribunal que la ropa de los guerrilleros estaba rota por varios impactos de bala. Era fácil darse cuenta porque no estaban muy abrigados. Colaboró en la escena hasta que alguien lo echó.

Antes el testigo había sido contradictorio y casi no había dado estos detalles. Hasta que el fiscal federal Fernando Gélvez exigió que se lea su primera declaración, repleta de datos. “No puede ser que le falle la memoria justo ahora”, se molestó. “Si lo dije en esa ocasión lo sostengo. Sucede que no quiero resultar perjudicado por una palabra mal dicha ni confundir lo que realmente recuerdo con lo que leí luego acerca de los hechos”, se justificó Magallanes, temeroso del falso testimonio.

Luego de esa madrugada participó de la reconstrucción en los calabozos que ordenó el juez militar, Jorge Bautista, el 23 de agosto. Un fotógrafo subido a una escalera registró el simulacro y un uniformado lo escribió a máquina, paso por paso. Sobre una mesa las armas que se usaron. Quienes se ubicaron como tiradores fueron Bravo, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Marchant. Los dos primeros con pistola, los otros con metralleta. Ni Sosa ni el contador Raúl Herrera portaron armas.

Ese día Sosa relató la versión oficial ante Bautista, que Magallanes escuchó de primera mano: el capitán había pasado entre la fila de presos, le manotearon el arma, forcejeó y ordenó a los otros cuatro disparar. Ante el juez militar esos cuatro admitieron ser quienes abrieron fuego. Sosa se zambulló en un calabozo para no ser herido. “Sin embargo el pasillo era muy angosto y hombro contra hombro no cabían 3 personas, de eso estoy seguro”, aclaró el testigo entorpeciendo la versión. “Yo cerré los ojos porque simularon apuntarme a mí y eso me impresionó”. La distancia entre marinos y presos había sido muy poca. Otros militares presenciaron la reconstrucción de Bautista.

El día de la Masacre, como sucedió con todas las jerarquías, Magallanes y otros oficiales fueron reunidos por Fernández en una oficina de la Base. Oyeron la versión oficial del intento de fuga. “Yo la creí pero luego de la reconstrucción esa hipótesis entró en crisis. Yo no hubiese pasado armado entre dos filas de gente peligrosa”, le dijo al tribunal. “Eso no es lógico porque la única forma de pasar era tocarse y el consejo es poner distancia siempre”.

El testigo describió a Sosa como un militar “de esos que les gusta mortificar el cuerpo del resto de la gente para forjarse y hacerse más duro”. Magallanes era responsable de mantener el parque automotor de la Base. Pero igual el capitán lo hacía correr diez kilómetros cada mañana.

Días después de los hechos los protagonistas se esfumaron de Trelew. Sosa y Bravo ya eran fantasmas pero nadie se atrevió a preguntar por ellos. “Desaparecieron, dejaron de ejercer sus mandos y lo pude notar porque el contacto con ellos era parte de nuestra rutina y que por ejemplo, Bravo era quien recibía mi parte diario”, graficó Magallanes.

Entre ambos jefes “había una relación muy estrecha y se llevaban muy bien”. Según su recuerdo, “coincidían en la manera de conducirse y de hacer las cosas en el trabajo. Siempre estaban de acuerdo y Bravo solía apoyarse en Sosa, por lo cual no había posibilidad de modificar ni recurrir las decisiones que se tomaban”.

El testigo admitió que el personal de la Base se sorprendió al enterarse de la presencia de Herrera en los calabozos esa madrugada. “¿Qué hacía un contador en actividades así? Nos daba curiosidad porque no era lo habitual. Todo lo que pasaba era bastante anormal y yo traté de vivir en silencio todo lo que me tocó pasar”.

Magallanes confirmó lo que otros testigos contaron: Sosa fue el responsable de elegir y organizar a los hombres que serían parte de una guardia especial para los guerrilleros. Ese cuerpo sólo le respondía a él. “Separó a un grupo que se dedicaría a eso y no saldría de la Base. Él decidía quién saldría a rastrillajes y controles de tránsito y quiénes se quedaría al control de los detenidos”.

jueves, 26 de julio de 2012

"En la Base Zar había olor a muerte y mucha gente nerviosa con estado de ánimo alterado"

 Lo reveló Carlos Neira, ex colimba en agosto del ´72. Dijo que la llegada de los presos a los calabozos alteró toda la rutina militar. Y que el clima que respiró esa semana lo golpeó muy fuerte por el resto de su vida. "Hubo cosas que no eran normales", aseguró. Datos de la entrega en el aeropuerto.
Explícito. Neira rememoró un clima espeso entre la jerarquía militar, movilizada por los fusilamientos.
Por Rolando Tobarez

Yo nunca lo había sentido pero lo que había era olor a muerte y hasta se pudo ver un camión bajando los ataúdes". Así relató el ex conscripto Carlos Alberto Neira lo que vio la tarde del 22 de agosto, en la Base Almirante Zar. Fue uno de los testigos que reanudó el juicio por la Masacre de Trelew, ayer en el Cine Teatro "José Hernández" de Rawson.

También recordó la llegada a la zona de dos colectivos con familiares de los 19 fusilados esa madrugada. "Fue un clima muy duro y lamentable porque había chiquitos y todos lloraban". A los presos los vio fugazmente, cuando alguna vez le tocó custodiar el pasillo mientras de a uno los conducían al baño desde los calabozos.

En 1972 Neira era un oficinista más de la Base. Pero el 21 de agosto le tocó hacer guardia en una entrada a Rawson. Como jugaba de local conocía a más gente que sus compañeros y controlaba mejor. Le llamó la atención el movimiento nocturno de vehículos de la Marina hacia la capital, que hacían señas de luces para pasar. "Oí que llamaban al regimiento de Esquel para pedir refuerzos y custodiar el dique; eso me intrigó", le dijo ayer al tribunal.

Ya eran las 7 del 22 de agosto. Un tal teniente Galíndez llegó a ese puesto de guardia. Ansioso, Neira le preguntó qué había pasado. Insistió. "Lo único que me dijo fue que había un intento de evasión y varios muertos". Regresó a la Base y olió la muerte. Supo de los sobrevivientes porque le preguntaron su grupo sanguíneo. Habían donado marinos de todos los grados.

"Había mil versiones, tantas como las que se dijeron en radio, televisión, revistas y diarios. Los oficiales decían que habían intentado escaparse y había gente con preocupaciones diferentes: algunos por lo que había pasado y otros porque se quedaban sin franco", dijo el testigo. Según su recuerdo los presos políticos "no podían escaparse a ningún lado porque el sector era cerrado y estaba siempre muy custodiado". Neira calculó que entre todas las divisiones, en la Base había 1.200 uniformados.

En la unidad todo cambió con la llegada de los detenidos tras su entrega en el aeropuerto. La rutina militar se disolvió y los tratos personales se endurecieron. "El clima era muy desagradable y había mucha gente nerviosa, con estados de ánimo alterados. Hubo cosas que no eran normales, como que un oficial rete a un suboficial a los gritos delante de la tropa; nunca había visto un trato así", graficó.

El ex colimba percibió que las órdenes y los horarios se trastocaron. "Yo mismo soy un ejemplo porque nunca había hecho guardia, pero la noche del 21 sí". Neira casi se quebró al explicar que "tenía 21 años y hacía un servicio militar que no había elegido. Todo esto me golpeó muy fuerte porque me quedó la gran duda de qué había pasado. Uno se siente muy mal y es desagradable". Ya ni siquiera volvió a trabajar a su oficina, a la que definió como "zona intangible". Es que la habían usado para interrogar a los fusilados.

El 15 de agosto era feriado pero ante la toma del aeropuerto, Neira se tomó el primer vehículo militar que fue al lugar para ayudar a su jefe, el teniente Troitiño, que megáfono en mano exigía la entrega de los 19 fugados. De lo contrario su orden era atacarlos. "Me dijo que el tema estaba complicado. Había luz hacia afuera pero el interior del edificio estaba oscuro y por los parlantes del aeropuerto nos advertían que si avanzábamos, iban a disparar. Tampoco querían entregarse".

Cuando todos dudaban llegó el capitán Sosa. Le dijo a Troitiño que iba a parlamentar pero cuando escuchó la advertencia de los fugados retrocedió: "Si atacamos esto va a ser una masacre". Sosa se decidió, tiró al piso su casco y su cartuchera y se metió al aeropuerto pese a la amenaza de abrir fuego de los guerrilleros. Adentro les prometió regresarlos a la Unidad 6 de Rawson. Neira fue testigo de la entrega de las armas y del acuerdo con los marinos.

El micro se desvió a la Base. "Al llegar a la guardia había lío porque les prometieron llevarlos al penal pero los fugados no sabían que estaba tomado. Estaban recalientes y recriminaban que no se había cumplido lo pactado. Por eso hubo revuelo", relató Neira, quien aclaró que el operativo de esos días trágicos "no era algo muy organizado militarmente". Él mismo seguía con pantalón de civil, por el apuro

Masacre de Trelew: dos ex conscriptos echaron por tierra la versión de la fuga

Carlos Neira y Walter Steiner cumplían el servicio militar obligatorio en la Base Almirante Zar al momento de la histórica fuga del penal de Trelew. Aseguraron que desde el primer momento la explicación oficial de la matanza era inverosimil.
 

Por: Gerardo Aranguren

Dos ex conscriptos que hicieron el servicio militar obligatorio en la Base Almirante Zar declararon ayer en el juicio oral por la Masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972 en el reinicio de las audiencias luego del receso de invierno. A las 10:30, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dio inicio al debate en el que se escucharon los testimonios de Carlos Neira y Walter Steiner, dos ex conscriptos destinados a la Base Aeronaval de Trelew durante la toma y fuga del Penal de Rawson, la posterior captura y el fusilamiento de los 19 presos políticos que no lograron escapar.
Con su voz cavernosa, que retumbaba en el Centro Cultural José Hernández de Rawson, Neira recordó como "difíciles" esos momentos que debió pasar como soldado a los 21 años cuando cumplía funciones administrativas en el edificio de guardia. Desde Buenos Aires, los acusados Luis Emilio Sosa, Rubén Paccagnini, Emilio del Real y Carlos Marandino seguían su testimonio por videoconferencia en el Consejo de la Magistratura.
"Hubo un intento de evasión, hay varios muertos", fue lo primero que escuchó el ex colimba sobre la masacre. Se lo comentó un superior mientras prestaba funciones en un control policial en el ingreso de Rawson al que había sido designado desde que los detenidos habían sido trasladados a los calabozos de la Base.
Al día siguiente, a las 13 o 14 del 22 de agosto, volvió a la Base Aeronaval. Neira no encontró las palabras para describir el clima que se vivía: "No conozco el olor, pero se podría decir que había olor a muerto", señaló y recordó haber visto cómo bajaban de un camión los ataúdes que iban a destinar para los 16 militantes asesinados esa madrugada.
"Mil versiones empezaron a circular. La versión oficial era que habían intentado escapar pero desde el primer momento en que me lo dijeron no lo podía creer porque no podían ir a ningún lado en los calabozos, era muy cerrado, tenían que salir por la guardia y estaba muy custodiada, por cuatro o cinco personas."
Al ser consultado sobre los sobrevivientes, el testigo recordó que cuando llegó a la Base ese día le preguntaron cuál era su grupo sanguíneo. "Había movimiento en la enfermería y todos habían estado dando sangre, pero la mía no les servía", agregó. Según los testimonios de los tres sobrevivientes, la sangre habría sido para María Antonia Berger, quien recibió atención médica junto a Alberto Camps y Ricardo Haidar recién diez horas después de que los ametrallaran.
"¿Dónde estaba el 15 de agosto, el día de la fuga?", le preguntó la fiscalía. "Estaba de franco porque era feriado. Cuando me enteré, me presenté en la Base y de ahí fui al Aeropuerto de Trelew", en ese momento todavía tomado por los 19 presos políticos que no habían logrado llegar a tiempo. Estaba a cargo el teniente Miguel Troitiño hasta que llegó el capitán Luis Emilio Sosa, ahora acusado en el juicio, señalado como quien junto a Roberto Bravo dispararon los tiros de gracia a los detenidos. "Va a ser una masacre esto, así que voy a ir", escuchó Neira que le dijo Sosa a Troitiño e ingresó al Aeropuerto luego de quitarse la cartuchera con su arma. "Salió a los 20 minutos y dio instrucciones para llevar un vehículo para cuando se entregaran." Luego de rendirse, los 19 presos fueron llevados a la Base Almirante Zar. Cuando llegó el testigo junto al resto del personal militar no pudo ingresar “porque había algún lío” ya que “Sosa les había prometido que los iba a llevar al penal de Rawson y en cambio los habían llevado a la base”, recordó

lunes, 2 de julio de 2012

“El muerto genera protesta y movilización. El desaparecido, paralización total”

La directora y guionista del documental Trelew Mariana Arruti asistió junto a Soledad Capello, madre del fusilado Eduardo Capello, a una charla para estudiantes de la escuela de periodismo TEA. Allí, a poco de cumplirse cuarenta años de la Masacre de Trelew, hablaron de sus experiencias en torno al hecho histórico.

“El muerto genera protesta y movilización. El desaparecido, paralización total”, afirmó Mariana Arruti ante alumnos de TEA el lunes 21 de mayo en el Paseo La Plaza. Sostuvo que a partir del asesinato de los dieciséis presos políticos en Trelew, la última dictadura militar entendió que los muertos se convirtieron en héroes, y sus rostros en los símbolos de lucha. Por eso, años más tarde, decidieron crear la figura del desaparecido como diseño represivo, para difundir terror e inmovilización social.

Por otra parte agregó: “La Masacre de Trelew de 1972 puso en jaque la dictadura de Lanusse y dinamizó el proceso de apertura democrática, porque generó un estado de conciencia social y de enfrentamiento con el gobierno de facto”.

Ante la pregunta de un alumno, la cineasta contó que decidió hacer el documental porque “la última dictadura había concentrado toda la atención, y este acontecimiento había quedado por afuera de lo que es la historia de la represión en nuestro país, como si allí no hubiese existido terrorismo de Estado”. Y sumó: “Esta historia ayuda a comprender que el proceso represivo se venía construyendo desde mucho tiempo antes”.

Por su parte, Soledad Capello habló del trágico asesinato de su hijo Eduardo. “Nunca nos comunicó que se iba a fugar. Mi hijo fue el primero en ser fusilado. Hicimos abrir el cajón para saber si era él y en qué condiciones estaba. Tenía dos tiros en la cabeza”, recordó.

También contó que en el marco del juicio que se lleva a cabo actualmente en Rawson, donde están imputados siete marinos que desempeñaban tareas en la base Almirante Zar, empieza a surgir un resquebrajamiento de la versión que desde 1972, la Marina mantiene intacta, y que ya no es unánime la mirada sobre la masacre.

Encontraron carpetas vinculadas con la masacre de Trelew en un depósito de la Armada

Se trata de copias de las demandas civiles que realizaron familiares de las víctimas, donde los abogados militares reconocen la responsabilidad de los marinos. Los originales estaban “perdidos” y estos papeles se hallaban en un depósito sin archivar, catalogados como “secretos”.

Seis carpetas con información inédita relativa a la Masacre de Trelew fueron integradas como prueba en el juicio que lleva el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia para determinar las responsabilidades de un grupo de militares en los fusilamientos de 16 presos políticos, cometidos el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de aquella ciudad chubutense. Los papeles estaban escondidos en un pequeño cuarto de un depósito de la Armada que permaneció cerrado bajo llave hasta hace unos meses. Los documentos estaban catalogados como información “secreta”. Para las querellas que intervienen en el juicio, las carpetas son “muy valiosas”. Se trata, en gran parte, de copias de los expedientes de las demandas civiles que familiares de algunas de las víctimas realizaron contra la Armada no bien se cometieron los crímenes y que atesoró la defensa jurídica de las Fuerzas Armadas. Testimonios inéditos y anotaciones personales de los abogados militares en las que reconocerían la responsabilidad de los marinos en los hechos son los aportes más importantes de los hallazgos, ocultos durante casi 40 años.

A principios de la semana pasada, el TOF integrado por Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella puso a disposición de las partes que intervienen en el juicio por la Masacre de Trelew una parva de papeles amarillentos que había recibido en mano del Ministerio de Defensa. Fue la respuesta que esa cartera ofreció al tercer pedido realizado por los magistrados sobre el sumario militar 1/72, la investigación de fajina que Jorge Bautista, acusado de encubridor en el juicio, elaboró sobre los fusilamientos de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart, además del intento de asesinato de María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps, sobrevivientes.

Tras poco más de dos años de trabajo de investigación, la Dirección de Derechos Humanos de la cartera dirigida por Arturo Puricelli halló en el depósito de documentación de la Armada “expedientes, carpetas, papeles sueltos con el sello de ‘secreto’”, describió la titular de ese organismo, Stella Segado (ver aparte). Mezcladas entre esa información clasificada, descansaban las seis carpetas que viajaron a Rawson y que contienen, en concreto, el seguimiento que realizó la Armada de los juicios civiles que familiares de algunas de las víctimas iniciaron a miembros de la fuerza por los fusilamientos (ver aparte). Las carpetas poseen fotocopias de dictámenes, de presentaciones realizadas por las partes en esos juicios y de pericias, además de anotaciones personales de los abogados que defendieron a los militares acusados en esas investigaciones. Gran parte de los señalados en aquellas denuncias coincide con los que están siendo acusados en el juicio actual: los militares retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini, además del ex teniente Guillermo Bravo.

Según un primer análisis realizado por las querellas son dos, por el momento, los datos más relevantes que surgen de esos documentos. Por un lado, la declaración que Raúl Herrera –un capitán de la Armada que se desempeñaba como contador dentro de la estructura militar y que según la acusación fue partícipe de los fusilamientos– dio ante la Justicia civil. Es importante porque es la primera palabra de Herrera sobre los hechos que podrá leerse: está muerto. Por esa razón no está acusado hoy.

“Era el único de los acusados que entonces quedaba en Argentina al momento de la investigación civil, su testimonio certifica que la gran mayoría de los partícipes de los asesinatos fueron trasladados por la Armada al exterior”, detalló Germán Kexel, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La “huida” de personajes como Bravo, Sosa o Del Real “queda demostrada en varios papeles de esas carpetas. También el hecho de que la fuerza hizo todo lo posible por que no declaren, siquiera a la distancia”, remarcó. En su testimonio, Herrera da su punto de vista de los hechos que, si bien se adecua a la “versión oficial” que ubica a los fusilamientos como una reacción a un intento de fuga de parte de los presos políticos, “plantea algunas fisuras que sirven para solventar la hipótesis de la Secretaría de Derechos Humanos”, mencionó el abogado.

Por otro lado, existe entre los papeles de trabajo de los abogados de la Armada un dictamen escrito de puño y letra por Jorge Ibarborde, uno de ellos, y presentado en el marco del juicio civil iniciado por la familia de Sabelli. Allí, el letrado recomienda que el Estado –en esos tiempos bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse– “se allane” a las denuncias, se declare culpable de las muertes. “Llego a la conclusión de que el juicio probablemente se encuentre perdido para el Estado nacional (ya que) las pruebas producidas traen un relativo conocimiento sobre la falta de intención de fugarse por parte de Sabelli (lo) que la convierte en víctima inocente”, apunta el escrito y concluye: “Teniendo en cuenta la imagen perjudicial ante la opinión pública que traería una sentencia condenatoria, deberíamos allanarnos”.

“Jurídicamente, el aporte de los expedientes es muy importante ya que demuestra todo lo que los abogados de la Marina trabajaron para tratar de que la causa no trascendiera al ámbito político. Los documentos son valiosos porque en ellos los abogados de la Armada reconocen que sus defendidos mataron a los dieciséis presos políticos en la Base”, sostuvo Mariano Rico, colega de Kexel.

El fiscal de Rawson, Fernando Gelvez –quien comparte la posición con su par de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz–, entendió que las carpetas son “una pieza más en el rompecabezas de los hechos que obtendrá su verdadero valor al ser puesta en relación con el resto de las pericias y testimonios” en la etapa de los alegatos.

“Las constancias de los abogados de la Armada dan por perdidos los juicios debido a que las pruebas aportadas en la investigación eran suficientes para determinar sus culpas”, dice Eduardo Hualpa, uno de los letrados a cargo de la querella de los familiares de las víctimas de la masacre. Para Hualpa, las seis carpetas “son información original de registros que la Armada realizó sobre la investigación que miembros de la fuerza debieron afrontar como acusados de cometer los fusilamientos de Trelew que demuestra que esos procesos judiciales realmente existieron”. Hasta el momento, sólo las pruebas aportadas por la testigo Alicia Bonet, compañera del militante asesinado, hablaban de esos juicios, de cuya existencia la Justicia tiene constancia pero no documentación: “La incineraron, se destruyó”, mencionó Hualpa. Rico, en tanto, consideró que los papeles son “fundamentales” para “apuntalar” la hipótesis de la secretaría: que la masacre fue “parte de una política de Estado de perseguir, reprimir y eliminar a todo actor político que hubiera en la sociedad y que se opusiera a su dirección”.
Parte de los documentos aportados a la Justicia por la Dirección de Derechos Humanos, de Defensa