miércoles, 17 de octubre de 2012
martes, 16 de octubre de 2012
Nos sigue pareciendo vergonzoso
APOSTILLA : Personajes políticos han estado al finalizar el juicio, alabando el fallo y la trascendencia histórica. Histórico fue el hecho de la fuga del penal, unidad de acción de las organizaciones revolucionarias, e histórica fue la masacre perpetrada.
En este juicio los fusiladores están en sus casas, otro en EEUU... fue un juicio de postín, para la galería de los que han hecho sus curriculms políticos con la muerte y la desaparición de militantes políticos.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como "coautores responsables del homicidio con alevosía" de 16 presos políticos y tres tentativas.
Los hechos se produjeron en el marco de la denominada Masacre de Trelew, perpetrada el 22 de agosto de 1972.
Tres marinos fueron condenados hoy a cadena perpetua por el asesinato de 16 presos políticos ocurrido en 1972 en la denominada "Masacre de Trelew", al ser considerado "delito de lesa humanidad" por el Tribunal Oral Federal de Chubut, que además absolvió a otros dos acusados.
La sentencia fue leída con la presencia del gobernador Martín Buzzi en el Centro Cultural "José Hernández" de Rawson, donde se desarrolló el juicio desde mayo de este año, en una sala colmada por familiares y compañeros de los fusilados, junto a organizaciones sociales, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo y de la agrupación HIJOS, que llegaron hasta la capital provincial.
Los jueces Enrique Guanziroli, Nora Cabrera de Monella y Juan Velázquez resolvieron condenar a Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real y Carlos Amadeo Marandino a prisión perpetua por el homicidio agravado con alevosía de 16 presos detenidos en la base y la tentativa de homicidio de otros tres.
Asimismo, absolvieron a Jorge Bautista del cargo de encubrimiento por el cual se lo había imputado, y tampoco condenó a Rubén Paccagnini, quien al momento de ocurrir los hechos, el 22 de Agosto de 1972, era jefe de la Base Aérea "Almirante Zar" de Trelew.
Esta decisión fue criticada por la querella y el fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, quien manifestó su disconformidad con las absoluciones y anticipó que las apelará.
"No entendemos cómo se declara a los crímenes de lesa humanidad, pero se absuelve a Paccagnini, que fue quien retransmitió la orden de Buenos Aires para los asesinatos", aseguró.
El desánimo por las absoluciones respondió a que Bautista, en 1972, fue el instructor enviado por la marina para realizar un informe sobre los episodios de la Base Zar y Paccagnini era jefe del enclave militar.
Esta decisión tiró por tierra la teoría de los acusadores, quienes intentaron convencer sin aparente éxito al Tribunal de que el traslado de los detenidos a la Base Zar y su posterior fusilamiento fue un plan establecido por las máximas autoridades de la Armada y que contaba con el aval del gobierno de Alejandro Agustín Lanusse.
Los magistrados consideraron al episodio como un "crimen de lesa humanidad" y establecieron condiciones para que los sentenciados no puedan dejar el país, aunque permanecerán en libertad hasta que las condenas queden firmes.
Si finalmente el fallo no es revertido, cumplirán las condenas en una cárcel común.
La sentencia será remitida al juez federal de Rawson Hugo Sastre para que insista con el pedido de extradición de Roberto Guillermo Bravo, a quien se señala también como coautor de la denominada "Masacre de Trelew".
Bravo vive en Estados Unidos, tiene fuertes vínculos con las Fuerzas Armadas de ese país y el primer pedido de extradición que realizó la Argentina fue denegado por la justicia norteamericana.
El Tribunal también requirió un informe médico mensual sobre el estado de salud de Horacio Mayorga, uno de los imputados durante la etapa procesal que no fue traído a juicio por su eneble condición de salud.
lunes, 15 de octubre de 2012
Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por la Masacre de Trelew
“Es el duelo que no nos dejaron hacer”
Familiares y amigos de las víctimas, así como las querellas y los organismos de derechos humanos, esperan una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables del fusilamiento de 16 presos y el intento de asesinato de otros tres en 1972.
Por Ailín Bullentini
“No nos sirve un poco de justicia, sino toda. No alcanza un poco de verdad; se necesita toda”, dice Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Es en el horizonte de esos “todo” donde debe ubicarse la sentencia que familiares y amigos de las víctimas, organismos de derechos humanos y gran cantidad de habitantes de las ciudades patagónicas de Rawson y Trelew esperan este mediodía: una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables del fusilamiento de 16 presos políticos y el intento de asesinato de otros tres, hace 40 años, en la Base Almirante Zar. La Masacre de Trelew.
La esperanza respecto del destino que aguarda para los acusados en el juicio les es más fácil de poner en palabras a los familiares, revela Hilda Toschi, la compañera de Humberto Toschi, uno de los fusilados, que los sentimientos que los atraviesan en las horas previas a la decisión judicial. “La tensión me ganó el cuerpo. Faltan horas, cuarenta años después, para que al fin podamos sentir alivio”, intenta Raquel Camps, hija de uno de los tres sobrevivientes, Alberto Camps. Toschi participó de casi todo el juicio. Junto con gran parte del resto de los familiares, Camps llegará esta madrugada a la tierra de donde salió gravemente herido su papá. Escucharán la sentencia juntos.
Con el veredicto que leerán este mediodía los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Cabrera de Monella, que integran el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia, finalizará el juicio por los asesinatos de Trelew, considerados por la Fiscalía y las querellas como delitos de lesa humanidad y la “mesa de ensayo” del terrorismo de Estado cívico-militar que arrasó con 30 mil vidas entre 1976 y 1983. Docenas de testigos desfilaron ante los magistrados, las partes acusatorias y las defensas durante los más de cinco meses de debate.
“Esperamos que la sentencia sea absolutamente condenatoria de cárcel común, perpetua y efectiva. Queremos también la inmediata detención de estas personas, porque está harto comprobado que fueron culpables de dieciséis asesinatos y tres en grado de tentativa. No nos explicamos por qué todavía están en libertad”, resumió Toschi el núcleo de la esperanza que une a los familiares de las víctimas de Trelew. La bronca de tener que compartir la calle con los asesinos de sus seres queridos sigue en su sangre. Respiran y aguantan, pero siguen, como hizo ella misma el miércoles pasado, que detrás de la mesa que ocupó durante el desayuno, en una confitería de Rawson, hacía lo mismo Emilio Del Real, uno de los acusados.
Bajo esa acusación –la de ser responsables de dieciséis casos de homicidio agravado, de tres casos de tentativa y torturas–, tanto los fiscales Fernando Gélvez, Horacio Arranz y Dante Vega, como las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron la pena de prisión perpetua para los militares retirados Del Real, Luis Sosa, Rubén Paccagnini y Carlos Marandino. Los alegatos también coincidieron con el pedido de dos años de prisión efectiva para el militar retirado Jorge Bautista, juez ad hoc en la investigación militar de lo acontecido en la Base en la madrugada del 22 de agosto de 1972, acusado de encubrimiento.
También coincidieron en el pedido al Tribunal de que exija la deportación del militar retirado Roberto Bravo, que vive en Estados Unidos y fue mencionado por varios testigos –y en el fundamental relato de los sobrevivientes a la masacre, Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger, cuyas voces grabadas se escucharon por primera vez en el marco del debate que hoy termina– como uno de los partícipes del fusilamiento. Las defensas, por supuesto, exigieron la prescripción de los hechos.
La de Raquel Camps también fue su primera vez en la escucha de la voz de su papá. Y más allá de lo “épico y fantástico” que, contó, fue ese hecho histórico en su vida –un “encuentro necesario” con su padre “en la intimidad” que le permitirá desde ese momento en adelante “cerrar los ojos y escucharlo”–, la mujer que espera la sentencia de hoy para “tener alivio” también define el relato en audio de su papá y los otros sobrevivientes en el marco de los hechos: “Después de 40 años pudieron, con sus voces de aquel momento, ser testigos en el juicio a los responsables. Lo que ellos siempre quisieron. No pudieron con sus voces”.
Su sentir es confuso, por estos momentos, y la memoria de su cuerpo está viva: los efectos que sintió en el juicio y la sentencia a los responsables de la desaparición de su madre son los mismos que experimenta por estas horas: tensión, sueños repetitivos, expectativas. “Estas cosas tienen que ver con los duelos. Cuando les vi las caras arrugadas a quienes desaparecieron a mi madre me dio mucha bronca: vivieron impunes, libres, disfrutando de su familia, sus hijos, sus nietos. Nosotros, mientras, aguardamos todo esto. El juicio y la sentencia es para nosotros el duelo que no nos dejaron hacer”, intentó.
Toschi se permite utilizar sustantivos para definir las sensaciones, sin encontrar uno que la convenza del todo: dolor, placer, ¿seguridad? Entonces, completó: “Lo que siento y sentimos todo los familiares es que realmente tenemos a los asesinos donde los queríamos tener: enjuiciados, sentados en el banquillo de los acusados y que fuera la Justicia la que determinara absolutamente su culpabilidad. Llegar a la sentencia en un juicio que se nos hizo muy largo. Llegamos casi sin esperanza”.
–¿Las expectativas para hoy son las mismas que albergaban al inicio del juicio?
–No. Entonces fue la necesidad clara de rever toda la historia. Hoy, como en el aniversario, será distinto. Creo que podremos sentirlo de otra manera: que se hizo justicia. Será un momento de paz.
domingo, 14 de octubre de 2012
Las directivas de la represión
La dictadura de Lanusse decidió en 1971 atacar a la subversión “en las bases de su accionar”. Así quedó documentado en papeles desclasificados e incorporados al juicio por los fusilamientos en la Base Almirante Zar, en el que mañana se dictará sentencia.
Por Victoria Ginzberg
El 14 de junio de 1971, la Junta de Comandantes en Jefe emitió la directiva “para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión”. Allí se señalaba que “el PEN ha resuelto atacar la subversión en las bases de su accionar, mediante la incentivación de medidas concretas en todos los campos del quehacer nacional y, en particular, con la intervención del poder militar. El documento, caratulado como “secreto”, fue desclasificado por el Ministerio de Defensa y aportado por la Unidad de
Coordinación y Seguimiento de las causas vinculadas con el terrorismo de Estado de la Procuración a la investigación por la Masacre de Trelew junto con muchos otros papeles similares de la Armada, elaborados en los primeros años de la década del ’70. Este material sirve para enmarcar los fusilamientos de los presos en la Base Almirante Zar del 22 de agosto de 1972 en un contexto de persecución política general e interpretar el crimen no como un hecho aislado y descolocado, sino como una consecuencia lógica de decisiones que se tomaron en el más alto nivel del Estado. Además, da cuenta del proceso mediante el cual las Fuerzas Armadas fueron perfeccionando su participación y adecuando sus estructuras para la represión del “enemigo interno”.
En junio de 1970 una junta militar desplaza al dictador Juan Carlos Onganía y nombra a Roberto Livingston, que en ese momento era agregado militar en la Embajada argentina en los Estados Unidos. Esta presidencia de facto dura menos de un año. A fines de marzo de 1971 asume el poder el comandante en jefe del Ejército Alejandro Agustín Lanusse. Es en medio de estos cambios que se producen algunos de los documentos secretos que estaban en manos de la Marina y que fueron agregados al juicio por la Masacre de Trelew.
El 7 de agosto de 1970, el director general de Seguridad del Conase (Comisión Nacional de Seguridad), el coronel Pérez Velázquez, juntó a representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Prefectura y la Armada para tratar un asunto por pedido del “presidente”: “la forma en que las Fuerzas Armadas podrían presentar apoyo a las fuerzas policiales en la lucha contra la subversión”. A fines de septiembre, como consecuencia de aquel diálogo, se conforma en el ámbito del Ministerio de Interior la “Comisión Coordinadora para el Apoyo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a las Fuerzas Policiales”, que luego fue rebautizada como “Comisión Coordinadora para la Acción de las Fuerzas Policiales de la Nación”.
En uno de los papeles, la Armada analiza el funcionamiento de ese organismo y señala que “la lucha contra la subversión se librará en dos campos: el de las causas y el de los efectos. En el campo de los efectos, y con el fin de “neutralizarlos”, determina que se procederá a:
- “Mantener la integridad del patrimonio nacional y privado.”
- “Garantizar el estricto mantenimiento del orden y la paz interior.”
- “Individualizar y destruir la estructura subversiva.”
“Se reprimirá todo acto subversivo –define– inicialmente mediante el empleo de las fuerzas de Policía y de Seguridad y cuando éstas sean sobrepasadas o bien cuando la magnitud presumible de dichos actos lo imponga, con el empleo de las Fuerzas Armadas en la represión (...) se utilizarán todos los medios y recursos aptos que la Nación dispone, incluso el uso violento del poder militar, para mantener o reimplantar la paz interior.”
En la carpeta que trata sobre “el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión”, del 14 de junio de 1971, se afirma que existe una “falta de rapidez y severidad de la Justicia en el régimen procesal y penal, sobre todo en lo que hace al juzgamiento de delitos económicos y subversivos” y que eso “ha afectado el accionar de las Fuerzas de Seguridad y en alguna medida la cohesión de las Fuerzas Armadas” y que por lo tanto, el “PEN ha resuelto atacar la subversión en las bases de su accionar, mediante la incentivación de medidas concretas en todos los campos del quehacer nacional y en particular, con la intervención del poder militar”. También en junio de ese año empieza a funcionar la Cámara Federal en lo Penal, conocida como Camarón, un tribunal especial que entendía en los casos que involucraban a presos políticos en todo el país. “Hubo dos años y medio de planificación antes de la Masacre de Trelew. No fue un hecho aislado que se le ocurrió a (el capitán Luis Emilio) Sosa. Se produce en un contexto en el que el Estado viene preparando y adecuando su estructura represiva para luchar contra la subversión. Es una estructura inicialmente no clandestina que en algún momento empieza a cometer actos ilegales”, señala Alberto Saavedra, antropólogo e investigador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas vinculadas al terrorismo de Estado. Saavedra define que a partir del Cordobazo (29 de mayo de 1969) es que desde los más altos niveles del Estado “se genera la necesidad de readecuar las estructuras represivas en base a la lucha interna” y se define como misión prioritaria la individualización y destrucción de la “subversión”, con creciente intervención de las Fuerzas Armadas en esa tarea.
En diciembre de 1970, según un informe de inteligencia secreto que tiene el membrete del Ministerio del Interior, “el enemigo” estaba “constituido principalmente por el comunismo revolucionario, grupos religiosos tercermundistas, sectores del peronismo ortodoxo y otras corrientes izquierdistas” y buscaba “la captación de los sectores estudiantiles y gremiales para una acción subversiva que se manifiesta en importantes zonas pobladas del interior del país, preferentemente”.
Prioridad I
Algunos de los documentos reflejan el involucramiento que en ese proceso de profundización de la represión interna tuvo la Armada, la fuerza que ejecutó los fusilamientos de los presos políticos que habían escapado de la cárcel de Rawson pero que no consiguieron subirse al avión que debía sacarlos del país.
Un papel fechado en Puerto Belgrano el 16 de septiembre de 1971, dirigido al “señor director general del personal naval” y firmado por Raúl Francos, vicealmirante, comandante, y caratulado como “secreto”, revela que:
- “El 14 de junio del corriente año, luego de un análisis de la situación insurreccional que conmueve al país, la Junta de Comandantes en jefe emite la Directiva N2/71 para el pasaje a la ofensiva en la lucha contra la subversión.”
- “Como consecuencia de ello, por orden del señor comandante en jefe de la Armada, emití la Operación Martillo, que sustenta su eficacia en la capacidad de obtención de Inteligencia del enemigo.”
- “Por la mencionada operación, se modifican las prioridades en el Adiestramiento de toda la Armada, pasando la prioridad I la concerniente a satisfacer la Hipótesis de Guerra. Marco Interno.”
- “Por esta circunstancia y no existiendo indicios que permitan suponer un cambio sustancial de la situación, solicito se prevea para los próximos pases generales de personal superior que todos aquellos capacitados en Inteligencia sean asignados a esta tarea, con la sola excepción de los que deben cumplir con requisitos impostergables de comando, embarco o escuela.”
Ataques
Los documentos aportados ante el tribunal que debe fallar sobre los fusilamientos de 1972 son material de debate histórico y a la vez prueba judicial. Los jueces que se decidirán sobre la suerte de cinco represores acusados por 16 asesinatos y tres intentos de asesinato deberán expedirse acerca de si estos hechos constituyen o no crímenes contra la humanidad. En ese sentido, Pablo Parenti, que dirige la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de los expedientes relacionados con la represión ilegal junto a Jorge Auat recuerda que un delito de lesa humanidad es una acción cometida como parte de “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil” y que a la luz de las pruebas reunidas se puede pensar que la Masacre de Trelew se perpetró cuando ese ataque estaba empezando.
lunes, 8 de octubre de 2012
jueves, 20 de septiembre de 2012
Otro pedido de perpetua para los cuatro acusados
La Secretaría de DD.HH. también pidió perpetua para cuatro acusados
La Secretaría de Derechos Humanos pidió prisión perpetua para cuatro acusados por 16 homicidios agravados y tres tentativas cometidos hace 40 años en la Masacre de Trelew, la misma pena solicitada por la querella de familiares de los presos políticos fusilados en 1972.
"El debate jurídico y político de los últimos diez años hizo posible que hoy estemos aquí. Tenemos oportunidad de hacer justicia para los fusilados de Trelew", dijo Germán Kexel, quien representa junto a su colega Martín Rico a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio que se desarrolla en Rawson, la capital de Chubut.
Rico solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como coautores de los 16 homicidios y tres tentativas, delitos que las querellas consideraron crímenes de lesa humanidad.
Respecto del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez militar tras los fusilamientos de 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, pidió también dos años de prisión y requirió además que, en todos los casos, las eventuales penas sean de cumplimiento efectivo en cárcel común.
Igual que la querella de los familiares, que se desarrolló entre el lunes y el martes últimos, también la que representa a la Secretaría de Derechos Humanos solicitó que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, investigue a Lisandro Iván Lois, que en 1972 se desempeñaba como médico de la base Zar, como probable encubridor.
Además pidió que este juez insista en reclamar a Estados Unidos la extradición del represor Roberto Bravo, negada en el pasado, y sobre el cual la querella de familiares propició un pedido de deportación por falsear su declaración jurada en ese país.
La Secretaría de Derechos Humanos incluyó otros dos pedidos al juez federal de Rawson: que investigue la responsabilidad del oficial naval Jorge Barreto respecto de los hechos investigados y que instruya exámenes médicos periódicos al procesado almirante (RE) Horacio Mayorga, ausente en este juicio por razones de salud.
En el alegato que comenzó este martes y terminó este miércoles, esta querella sostuvo que Sosa, Del Real y Marandino fueron coautores materiales del fusilamiento de los 19 prisioneros que, el 15 de agosto 1972, después de fugarse de la cárcel de Rawson y cercados por militares, se rindieron con garantías en el aeropuerto de Trelew.
En cuanto a Paccagnini, que era el jefe de la base Zar y de la Fuerza Aeronaval 3 en el momento de los hechos, lo consideró autor mediato penalmente responsable de los mismos homicidios y tentativas y pidió igual pena que para los autores materiales.
Esta querella imputó a Paccagnini "la transmisión de la orden de fusilar a los 19 militantes políticos", que procedía, afirmó, del dictador Alejandro Agustín Lanusse.
"En el momento del fusilamiento (en la madrugada del 22 de agosto), estaba en la base y a los pocos minutos en la zona de calabozos", la escena del crimen, donde en "en ese momento había seis sobrevivientes" con graves heridas.
Pero "Paccagnini no tomó la decisión de trasladarlos a un hospital" hasta pasado el mediodía, cuando tres de ellos ya habían fallecido y al menos uno, Pedro Bonet, había sido rematado con un "tiro de gracia" en la cabeza.
Esta tarde debían comenzar su alegato final los fiscales Horacio Arranz, Fernando Gelvez y Dante Vega pero la audiencia se suspendió para mañana, según fuentes de la causa, debido a una descompensación de la jueza Nora María Cabrera de Monella.
La magistrada integra el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia junto a los jueces Pedro De Diego y Enrique Guanziroli, quien lo preside en el juicio por la Masacre de Trelew
Según previsiones anteriores a la suspensión de la audiencia de esta tarde, la semana próxima alegarán las defensas de los acusados, seguirían eventuales réplicas, contrarréplicas y el Tribunal dictaría sentencia a mediados de octubre próximo.
La Secretaría de Derechos Humanos pidió prisión perpetua para cuatro acusados por 16 homicidios agravados y tres tentativas cometidos hace 40 años en la Masacre de Trelew, la misma pena solicitada por la querella de familiares de los presos políticos fusilados en 1972.
"El debate jurídico y político de los últimos diez años hizo posible que hoy estemos aquí. Tenemos oportunidad de hacer justicia para los fusilados de Trelew", dijo Germán Kexel, quien representa junto a su colega Martín Rico a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio que se desarrolla en Rawson, la capital de Chubut.
Rico solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como coautores de los 16 homicidios y tres tentativas, delitos que las querellas consideraron crímenes de lesa humanidad.
Respecto del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez militar tras los fusilamientos de 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, pidió también dos años de prisión y requirió además que, en todos los casos, las eventuales penas sean de cumplimiento efectivo en cárcel común.
Igual que la querella de los familiares, que se desarrolló entre el lunes y el martes últimos, también la que representa a la Secretaría de Derechos Humanos solicitó que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, investigue a Lisandro Iván Lois, que en 1972 se desempeñaba como médico de la base Zar, como probable encubridor.
Además pidió que este juez insista en reclamar a Estados Unidos la extradición del represor Roberto Bravo, negada en el pasado, y sobre el cual la querella de familiares propició un pedido de deportación por falsear su declaración jurada en ese país.
La Secretaría de Derechos Humanos incluyó otros dos pedidos al juez federal de Rawson: que investigue la responsabilidad del oficial naval Jorge Barreto respecto de los hechos investigados y que instruya exámenes médicos periódicos al procesado almirante (RE) Horacio Mayorga, ausente en este juicio por razones de salud.
En el alegato que comenzó este martes y terminó este miércoles, esta querella sostuvo que Sosa, Del Real y Marandino fueron coautores materiales del fusilamiento de los 19 prisioneros que, el 15 de agosto 1972, después de fugarse de la cárcel de Rawson y cercados por militares, se rindieron con garantías en el aeropuerto de Trelew.
En cuanto a Paccagnini, que era el jefe de la base Zar y de la Fuerza Aeronaval 3 en el momento de los hechos, lo consideró autor mediato penalmente responsable de los mismos homicidios y tentativas y pidió igual pena que para los autores materiales.
Esta querella imputó a Paccagnini "la transmisión de la orden de fusilar a los 19 militantes políticos", que procedía, afirmó, del dictador Alejandro Agustín Lanusse.
"En el momento del fusilamiento (en la madrugada del 22 de agosto), estaba en la base y a los pocos minutos en la zona de calabozos", la escena del crimen, donde en "en ese momento había seis sobrevivientes" con graves heridas.
Pero "Paccagnini no tomó la decisión de trasladarlos a un hospital" hasta pasado el mediodía, cuando tres de ellos ya habían fallecido y al menos uno, Pedro Bonet, había sido rematado con un "tiro de gracia" en la cabeza.
Esta tarde debían comenzar su alegato final los fiscales Horacio Arranz, Fernando Gelvez y Dante Vega pero la audiencia se suspendió para mañana, según fuentes de la causa, debido a una descompensación de la jueza Nora María Cabrera de Monella.
La magistrada integra el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia junto a los jueces Pedro De Diego y Enrique Guanziroli, quien lo preside en el juicio por la Masacre de Trelew
Según previsiones anteriores a la suspensión de la audiencia de esta tarde, la semana próxima alegarán las defensas de los acusados, seguirían eventuales réplicas, contrarréplicas y el Tribunal dictaría sentencia a mediados de octubre próximo.
miércoles, 19 de septiembre de 2012
Pedido de perpetua para cuatro marinos acusados
“Cada uno cumplió una función en el plan”“Se encontraba en curso ya una persecución contra una parte de la población civil” que debe ser considerada como “crímenes de lesa humanidad”, dijeron los abogados. Pidieron la deportación del marino Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos.
Por Ailín Bullentini
Por considerar que fueron responsables de dieciséis casos de homicidios, tres tentativas y torturas, la querella de los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew pidió prisión perpetua para los marinos retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el ex cabo Carlos Marandino, cuatro de los cinco acusados por los fusilamientos sucedidos en esa ciudad el 22 de agosto de 1972. Para Jorge Bautista, quien en la época de los hechos actuó como juez ad hoc de instrucción militar, el equipo jurídico compuesto por las abogadas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky y Daiana Fusca y el chubutense Eduardo Hualpa solicitó la pena de dos años de cárcel por encubridor de los delitos. A más de 40 años de los hechos, los abogados consideraron los crímenes como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. “Para el momento en el que se producen los hechos de la causa se encontraba en curso ya una persecución contra una parte de la población civil que por su magnitud, características y sistematicidad, debe ser considerada como suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”, sentenciaron los abogados de la querella ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que comenzó en mayo de este año, en Rawson, a juzgar la masacre. Además, pidieron la deportación del marino Roberto Bravo, cuya extradición fue denegada por la Justicia de Estados Unidos, donde reside desde 1974, y la investigación del médico Lisandro Lois –quien firmó los certificados de defunción de algunas de las víctimas de los fusilamientos– por “encubridor”.
Varsky concluyó ayer el alegato de la primera querella del juicio, que reclamó la misma pena para cuatro de los cinco acusados: “Todos como coautores funcionales de los delitos de homicidio, tentativa en tres casos, y torturas. Cada uno cumplió una función en el plan de asesinato”, explicó Varsky a este diario.
Según el análisis de los abogados, acorde con las pruebas expuestas en el debate –los testimonios de los testigos que declararon, los de los tres sobrevivientes aportados en diferentes registros y documentos varios–, “está claro que Sosa, Del Real y Marandino dispararon”. A Paccagnini se lo acusa “en base a una autoría mediata: por ser el jefe de la base; por ser el primero en ingresar al lugar de los hechos inmediatamente después de ocurridos los fusilamientos y también como responsable de las torturas que recibieron los presos en la base entre el 16 de agosto –cuando se entregan en el aeropuerto de Trelew tras la fuga trunca– y el 22 y de sus condiciones de detención allí”.
A Bautista lo acusaron de encubridor de los asesinatos y pidieron por ese delito dos años de prisión de cumplimiento efectivo, que es la pena que el Código Penal de aquellos años establece –se toma la pena más benigna–. No obstante apuntaron que su cargo también es de lesa humanidad porque “la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad alcanza no sólo a esos hechos per se, sino también a las autoridades del Estado que toleren su perpetuación”, explicó la abogada.
La querella de los familiares de las víctimas había comenzado a fundamentar su pedido el lunes. Esa primera parte del alegato, un repaso detallado de lo ocurrido durante el debate judicial, sirvió para contextualizar los asesinatos, “abrazar” el pedido de condena y otorgarle sentido: “La normativa represiva, las reglamentaciones de las Fuerzas Armadas que seguían los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional y las enseñanzas de la Escuela Francesa; la creación de un fuero antisubversivo y el Camarón –la Cámara Nacional en lo Penal, que tenía jurisdicción en todo el país para tratar exclusivamente casos de militantes políticos–, una fuerte represión a la población civil, la práctica sistemática de torturas, detenciones arbitrarias y las primeras desapariciones forzadas de personas”, enumeró en diálogo con Página/12 Varsky.
Ayer, al final del alegato concluyó que “la Masacre de Trelew no fue un hecho aislado, producto de decisiones circunstanciales o de algún descontrol ocasional. Por el contrario, se produce en un marco de pleno desarrollo de un plan general de ataque a un grupo de la población civil, definido en forma genérica como ‘comunistas’, ‘subversivos’, ‘terroristas’”. Según entendió el equipo de letrados, ese plan, “por su magnitud, características y sistematicidad” es razón “suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
Según los registros, Bravo reside en Estados Unidos desde 1974. A principios de 2008, el Estado argentino solicitó su extradición en el marco de la investigación de los fusilamientos de Trelew. La corte de Florida la denegó. Ayer, las abogadas del CELS y Hualpa solicitaron al Tribunal su deportación “en tanto quedó acreditado en el juicio que es uno de los autores del plan de asesinar a los militantes y que ni la Justicia militar, con Bautista a cargo de la instrucción militar, ni la Cámara Federal, el Camarón, avanzaron hace 40 años en investigar sobre los responsables de la masacre”.
Por último, el alegato pide que la Justicia investigue a Lisandro Lois, quien fue médico de la base y firmó los certificados de defunción de las víctimas que sobrevivieron en un primer momento al tiroteo, pero que luego mueren –es el caso de Pedro Bonet–. “A esas personas nadie les dio asistencia. Pedimos que se lo investigue por encubrimiento.” Lois fue, años más tarde, jefe de Sanidad de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar.
La mesa de ensayo
Por Ailín Bullentini
“En palabras del mismo Duhalde (en referencia al ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis), Trelew fue la mesa de ensayo, el prólogo de todo lo que vino después”, mencionó el abogado Martín Rico, quien junto con Germán Kexel comenzó ayer a exponer los alegatos de esa secretaría en el juicio por la Masacre de Trelew ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, tarea que culminará hoy con el pedido de condenas. El razonamiento, que desembocará en la calificación de los fusilamientos como delitos de lesa humanidad, considera que “el plan criminal que imperó durante la última dictadura militar argentina no empieza en 1976. Todas las características de ese plan están presentes en Trelew, no sólo puntualmente el 22 de agosto, sino en las condiciones de detención en la base, en la incomunicación de los presos. Todo es parte de un mismo plan”, resumió Rico
martes, 18 de septiembre de 2012
La voz de los sobrevivientes de Trelew
En el juicio por la masacre del 22 de agosto de 1972, se escuchó una grabación de Berger, Haidar y Camps.
El sonidista José Khusnir tomó los testimonios de los tres presos que sobrevivieron a los fusilamientos en el breve lapso que estuvieron libres antes de desaparecer. El relato de las responsabilidades de los acusados Sosa y Bravo.
Por Ailín Bullentini
“Nosotros somos los sobrevivientes de la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972.” Es lo primero que se le escucha decir al “combatiente” de la “organización Montoneros” Ricardo Haidar en una narración oral a tres voces que compartió junto con los integrantes de las FAR María Antonia Berger y Alberto Camps, diez meses después de “ganarle al enemigo” y cuatro años y medio antes de desaparecer para siempre. Tal vez por eso, el audio de esa historia es tan impactante: hace añicos el silencio que algunos creyeron volver eterno con borrarlos de la faz de la tierra. Entonces, a cuarenta años de las ráfagas de ametralladoras y del pacto de sostenimiento de una versión inventada, los cuerpos que les ganaron a las balas hablan –no ya por boca de otros, como en La Patria Fusilada, del poeta desaparecido Paco Urondo– de los fusilamientos y de los fusiladores. “Lo que me cuestionaba y nos cuestionábamos es que esos tipos son (eran) irrescatables; que todo lo que había pasado nuestro pueblo no les importa ni cinco”, dice Berger en un momento de la descripción, en referencia al “capitán (Luis) Sosa” y al “teniente (Guillermo) Bravo”, cuya extradición no fue aprobada por el gobierno de los Estados Unidos en donde reside, el único con vida que falta en el banquillo de los acusados.
“El régimen en la base era intimidatorio y buscaba nuestra reacción. Los que nos custodiaban tenían orden de hacerlo con bala en recámara y sin seguro; éramos trasladados con las manos en la nuca y apuntados por varias armas”, cuenta Camps, congelado en el tiempo de una cinta de sonido, la última prueba sumada a la masacre de Trelew que entró en la etapa de los alegatos ayer. “Se ve en las palabras que dijo Sosa al día siguiente de la fuga: ‘La próxima no habrá negociación; los vamos a cagar a tiros’. La intimidación tenía caracteres alarmantes. Emitían disparos al aire; al compañero Mariano Pujadas lo hicieron barrer desnudo y a la vista, apuntado por las armas; nos hacían acostar desnudos en el piso a una temperatura de diez grados bajo cero”, ejemplifica el santafesino.
Las condiciones de la detención en la Base Almirante Zar, así como la descripción del comportamiento de Sosa y Bravo, son lo más importante a nivel probatorio que el audio aporta al juicio. Sin embargo, el detalle minucioso del momento de los fusilamientos y el instante mismo en que la versión oficial de los hechos es construida, datos ya conocidos, no dejan de provocar estupor. Grabada por el director de cine y sonidista José Khusnir, la entrevista a los sobrevivientes fue escuchada en el marco de la última audiencia de testimonios del proceso oral. Khusnir grabó el relato para una película que Pino Solanas nunca editó, y lo guardó. En pocos años, el audio se convirtió en un tesoro demasiado peligroso. Temeroso, las metió en un bolso y lo llevó consigo a su exilio en México durante la última dictadura. Varios años después, durante un homenaje a Raymundo Gleyzer, se lo prometió a la viuda de Pedro Bonet –una víctima de Trelew– y ésta las puso a disposición de la cineasta Mariana Arruti en épocas de la filmación de su documental Trelew. De allí, la historia llegó hasta el proceso que busca dar justicia a los fusilamientos.
“Hicieron tanto para eliminarlos y sin embargo resurgieron sus voces. Fue un acto de justicia poética”, definió el abogado de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Germán Kexel, quien además coincidió con su par Eduardo Hualpa, de la querella de los familiares de las víctimas, en que la versión oída “coincide perfectamente con que los sobrevivientes ofrecen en La Patria... y en los juicios civiles (material que se incorporó en la causa a través de los documentos secretos encontrados en la Armada)”. “El audio fue realmente conmovedor: un viaje que obligó hasta a Sosa a trasladarse en el tiempo y a ver con sus propios ojos esa verdad que él quiere ocultar”, mencionó Hualpa, que ayer comenzó su alegato (ver aparte).
Los fusiladores
Camps: –Estábamos a cargo del capitán Sosa y del teniente Bravo. El teniente Bravo estaba a cargo de un equipo de guardia, eran cuatro guardias durante el día, pero él, que era el verdugo típico, el tipo que constantemente provoca, buscaba estar en tres. Constantemente nos sometía a sanciones, nos hacía desnudar, tirarnos al piso o ponernos desnudos contra la pared sin ningún motivo. Era el prototipo del cínico. Al lado de eso, después venía y buscaba la charla amable. Tenía frases típicas como “a éstos en vez de alimentarlos, deberíamos matarlos”, “ya van a ver que al terror guerrilla se lo combate con el terror antiguerrilla”. Era el prototipo del cancherito, del sobrador. Era característico su cinismo.
Haidar: –El capitán Sosa mostró dos caras. Una que tuvo en las negociaciones y otra a partir de que nosotros pasamos a estar en sus manos. Es un individuo prepotente y que en su momento mostró decisión de matarnos realmente. Cínico, también. Venía, se arrimaba para vernos en qué condiciones estábamos, un poco gozando con el espectáculo. Mostraba también con todas sus actitudes estar a distancias siderales de lo que sentía y pensaba y piensa el pueblo. Una mentalidad enfermiza, reaccionaria y gorila. Nos puteaba: “¡Qué van a hacer ustedes, combatientes del pueblo! Ustedes son asesinos, delincuentes”.
Berger: –Nunca nos reconocían como parte del pueblo. Tanto Sosa como Bravo siempre trataban de mostrarnos así, como los asesinos o como los delincuentes. En ese sentido, no nos respetaban. Ahora, por otro lado, sí tenían una especie de admiración porque pese a que nos gritaban nosotros teníamos el ánimo alto. Pese a todas las amenazas siempre nos reíamos, estábamos contentos y eso no podían soportarlo y no podían comprenderlo.
Ráfagas de ametralladora
De manera casi igual a cómo lo relató ante el grabador de Paco Urondo el día en que aguardaban la libertad del “Devotazo”, Berger recordó, una vez más y para una película que nunca fue, cómo los “hicieron formar” en la madrugada del 22 a las tres y media de la mañana “con patadas en las puertas”. “En un determinado momento comienzan los disparos. Me sorprendo mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya cuatro disparos encima.” Mencionó que después de ver a “la Santucho” muerta se dio cuenta de que los estaban “fusilando” y detalló que el “tiro de gracia” que recibió en la cara le hizo sentir “una explosión en la cabeza”. Camps aseguró comprender “inmediatamente que es una masacre, que es la muerte para todos”. Resultó herido en el momento de los remates, al igual que Haidar.
Sin embargo, mechado entre el devenir métrico del desenvolvimiento de los asesinatos en sí, el montonero santafesino reveló el instante en el que, heridos y desangrándose en el piso de las celdas en que los habían encerrado durante una semana, oyeron la primera explicación formal de la versión oficial y mentirosa de los hechos: “Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajena a los hechos y que tal vez explicarían la razón de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujadas le había querido quitar la pistola al capitán Sosa”.
La grabación finaliza con un análisis de la masacre que los sobrevivientes realizan en esa época. Durante esos escasos diez meses, los combatientes de las organizaciones armadas populares no sólo habían salvado sus vidas, sino también habían vuelto a la cárcel y recuperado su libertad, creían, para siempre. “Para nosotros el sobrevivir a una encerrona, una ratonera en la que se mirara para donde se mirara estaba todo cubierto, es una limitación del enemigo”, evalúa –en presente eterno– Haidar, quien además destaca que el “invento” de una versión ficticia de los hechos para integrantes de la fuerza se debe a que “ellos tienen contradicciones internas y que no todos tienen las características de Bravo y de Sosa”. Para Berger, la masacre intentó “la eliminación física” y con ella “dar un golpe fuerte a la guerrilla y aislar a los combatientes del pueblo. Lo que pasa después, sobre todo con el velatorio de los compañeros, muestra hasta qué punto nadie se creyó la historia que contaron los milicos”.
Los alegatos finales
Según la querella de los familiares de las víctimas de los fusilamientos del 22 de agosto de 1972, la Masacre de Trelew fue “un hito en el plan clandestino de represión, que alcanzó su máxima intensidad durante la última dictadura”. Así comenzó el abogado Eduardo Hualpa, uno de los integrantes de esa querella, los alegatos finales en el marco del juicio por los hechos sucedidos hace cuarenta años. Hualpa expuso los hechos previos al fusilamiento que causó 16 muertes y heridas graves a otros tres prisioneros en la base Almirante Zar de la Armada, desde la fuga, una semana antes, de 25 detenidos del penal de Rawson, la capital de Chubut. Hoy continuará su colega Carolina Varsky con el pedido de penas para los cinco acusados.
El sonidista José Khusnir tomó los testimonios de los tres presos que sobrevivieron a los fusilamientos en el breve lapso que estuvieron libres antes de desaparecer. El relato de las responsabilidades de los acusados Sosa y Bravo.
Por Ailín Bullentini
“Nosotros somos los sobrevivientes de la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972.” Es lo primero que se le escucha decir al “combatiente” de la “organización Montoneros” Ricardo Haidar en una narración oral a tres voces que compartió junto con los integrantes de las FAR María Antonia Berger y Alberto Camps, diez meses después de “ganarle al enemigo” y cuatro años y medio antes de desaparecer para siempre. Tal vez por eso, el audio de esa historia es tan impactante: hace añicos el silencio que algunos creyeron volver eterno con borrarlos de la faz de la tierra. Entonces, a cuarenta años de las ráfagas de ametralladoras y del pacto de sostenimiento de una versión inventada, los cuerpos que les ganaron a las balas hablan –no ya por boca de otros, como en La Patria Fusilada, del poeta desaparecido Paco Urondo– de los fusilamientos y de los fusiladores. “Lo que me cuestionaba y nos cuestionábamos es que esos tipos son (eran) irrescatables; que todo lo que había pasado nuestro pueblo no les importa ni cinco”, dice Berger en un momento de la descripción, en referencia al “capitán (Luis) Sosa” y al “teniente (Guillermo) Bravo”, cuya extradición no fue aprobada por el gobierno de los Estados Unidos en donde reside, el único con vida que falta en el banquillo de los acusados.
“El régimen en la base era intimidatorio y buscaba nuestra reacción. Los que nos custodiaban tenían orden de hacerlo con bala en recámara y sin seguro; éramos trasladados con las manos en la nuca y apuntados por varias armas”, cuenta Camps, congelado en el tiempo de una cinta de sonido, la última prueba sumada a la masacre de Trelew que entró en la etapa de los alegatos ayer. “Se ve en las palabras que dijo Sosa al día siguiente de la fuga: ‘La próxima no habrá negociación; los vamos a cagar a tiros’. La intimidación tenía caracteres alarmantes. Emitían disparos al aire; al compañero Mariano Pujadas lo hicieron barrer desnudo y a la vista, apuntado por las armas; nos hacían acostar desnudos en el piso a una temperatura de diez grados bajo cero”, ejemplifica el santafesino.
Las condiciones de la detención en la Base Almirante Zar, así como la descripción del comportamiento de Sosa y Bravo, son lo más importante a nivel probatorio que el audio aporta al juicio. Sin embargo, el detalle minucioso del momento de los fusilamientos y el instante mismo en que la versión oficial de los hechos es construida, datos ya conocidos, no dejan de provocar estupor. Grabada por el director de cine y sonidista José Khusnir, la entrevista a los sobrevivientes fue escuchada en el marco de la última audiencia de testimonios del proceso oral. Khusnir grabó el relato para una película que Pino Solanas nunca editó, y lo guardó. En pocos años, el audio se convirtió en un tesoro demasiado peligroso. Temeroso, las metió en un bolso y lo llevó consigo a su exilio en México durante la última dictadura. Varios años después, durante un homenaje a Raymundo Gleyzer, se lo prometió a la viuda de Pedro Bonet –una víctima de Trelew– y ésta las puso a disposición de la cineasta Mariana Arruti en épocas de la filmación de su documental Trelew. De allí, la historia llegó hasta el proceso que busca dar justicia a los fusilamientos.
“Hicieron tanto para eliminarlos y sin embargo resurgieron sus voces. Fue un acto de justicia poética”, definió el abogado de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Germán Kexel, quien además coincidió con su par Eduardo Hualpa, de la querella de los familiares de las víctimas, en que la versión oída “coincide perfectamente con que los sobrevivientes ofrecen en La Patria... y en los juicios civiles (material que se incorporó en la causa a través de los documentos secretos encontrados en la Armada)”. “El audio fue realmente conmovedor: un viaje que obligó hasta a Sosa a trasladarse en el tiempo y a ver con sus propios ojos esa verdad que él quiere ocultar”, mencionó Hualpa, que ayer comenzó su alegato (ver aparte).
Los fusiladores
Camps: –Estábamos a cargo del capitán Sosa y del teniente Bravo. El teniente Bravo estaba a cargo de un equipo de guardia, eran cuatro guardias durante el día, pero él, que era el verdugo típico, el tipo que constantemente provoca, buscaba estar en tres. Constantemente nos sometía a sanciones, nos hacía desnudar, tirarnos al piso o ponernos desnudos contra la pared sin ningún motivo. Era el prototipo del cínico. Al lado de eso, después venía y buscaba la charla amable. Tenía frases típicas como “a éstos en vez de alimentarlos, deberíamos matarlos”, “ya van a ver que al terror guerrilla se lo combate con el terror antiguerrilla”. Era el prototipo del cancherito, del sobrador. Era característico su cinismo.
Haidar: –El capitán Sosa mostró dos caras. Una que tuvo en las negociaciones y otra a partir de que nosotros pasamos a estar en sus manos. Es un individuo prepotente y que en su momento mostró decisión de matarnos realmente. Cínico, también. Venía, se arrimaba para vernos en qué condiciones estábamos, un poco gozando con el espectáculo. Mostraba también con todas sus actitudes estar a distancias siderales de lo que sentía y pensaba y piensa el pueblo. Una mentalidad enfermiza, reaccionaria y gorila. Nos puteaba: “¡Qué van a hacer ustedes, combatientes del pueblo! Ustedes son asesinos, delincuentes”.
Berger: –Nunca nos reconocían como parte del pueblo. Tanto Sosa como Bravo siempre trataban de mostrarnos así, como los asesinos o como los delincuentes. En ese sentido, no nos respetaban. Ahora, por otro lado, sí tenían una especie de admiración porque pese a que nos gritaban nosotros teníamos el ánimo alto. Pese a todas las amenazas siempre nos reíamos, estábamos contentos y eso no podían soportarlo y no podían comprenderlo.
Ráfagas de ametralladora
De manera casi igual a cómo lo relató ante el grabador de Paco Urondo el día en que aguardaban la libertad del “Devotazo”, Berger recordó, una vez más y para una película que nunca fue, cómo los “hicieron formar” en la madrugada del 22 a las tres y media de la mañana “con patadas en las puertas”. “En un determinado momento comienzan los disparos. Me sorprendo mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya cuatro disparos encima.” Mencionó que después de ver a “la Santucho” muerta se dio cuenta de que los estaban “fusilando” y detalló que el “tiro de gracia” que recibió en la cara le hizo sentir “una explosión en la cabeza”. Camps aseguró comprender “inmediatamente que es una masacre, que es la muerte para todos”. Resultó herido en el momento de los remates, al igual que Haidar.
Sin embargo, mechado entre el devenir métrico del desenvolvimiento de los asesinatos en sí, el montonero santafesino reveló el instante en el que, heridos y desangrándose en el piso de las celdas en que los habían encerrado durante una semana, oyeron la primera explicación formal de la versión oficial y mentirosa de los hechos: “Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajena a los hechos y que tal vez explicarían la razón de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujadas le había querido quitar la pistola al capitán Sosa”.
La grabación finaliza con un análisis de la masacre que los sobrevivientes realizan en esa época. Durante esos escasos diez meses, los combatientes de las organizaciones armadas populares no sólo habían salvado sus vidas, sino también habían vuelto a la cárcel y recuperado su libertad, creían, para siempre. “Para nosotros el sobrevivir a una encerrona, una ratonera en la que se mirara para donde se mirara estaba todo cubierto, es una limitación del enemigo”, evalúa –en presente eterno– Haidar, quien además destaca que el “invento” de una versión ficticia de los hechos para integrantes de la fuerza se debe a que “ellos tienen contradicciones internas y que no todos tienen las características de Bravo y de Sosa”. Para Berger, la masacre intentó “la eliminación física” y con ella “dar un golpe fuerte a la guerrilla y aislar a los combatientes del pueblo. Lo que pasa después, sobre todo con el velatorio de los compañeros, muestra hasta qué punto nadie se creyó la historia que contaron los milicos”.
Los alegatos finales
Según la querella de los familiares de las víctimas de los fusilamientos del 22 de agosto de 1972, la Masacre de Trelew fue “un hito en el plan clandestino de represión, que alcanzó su máxima intensidad durante la última dictadura”. Así comenzó el abogado Eduardo Hualpa, uno de los integrantes de esa querella, los alegatos finales en el marco del juicio por los hechos sucedidos hace cuarenta años. Hualpa expuso los hechos previos al fusilamiento que causó 16 muertes y heridas graves a otros tres prisioneros en la base Almirante Zar de la Armada, desde la fuga, una semana antes, de 25 detenidos del penal de Rawson, la capital de Chubut. Hoy continuará su colega Carolina Varsky con el pedido de penas para los cinco acusados.
lunes, 17 de septiembre de 2012
Etapa final del juicio contra los cuatro marinos.
Comienzan los alegatos en una semana clave
En primera fila, Encarnación de Mulhall, presente.
RAWSON (AV).- Con los alegatos de los abogados querellantes en representación de los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew, los letrados Eduardo Hualpa y Carolina Varsky -que son aportados por el CELS- comienza hoy la etapa final del juicio contra cuatro marinos acusados por los 16 homicidios de presos políticos y tres intentos de asesinato con lesiones gravísimas y uno por el presunto encubrimiento de esos hechos, considerados delitos de lesa humanidad y acaecidos hace 40 años.
Como desde principios de mayo, cuando comenzaron las audiencias, en la primera fila estará nuevamente Encarnación Díaz de Mulhall. La mujer, que el 4 de enero próximo cumplirá 84 años, fue protagonista de aquellos hechos. Mientras los presos políticos estuvieron en la Unidad Penal 6 de Rawson, Encarnación y su marido, el abogado Abel Mulhall -fallecido años atrás- fueron, junto a otros habitantes de la zona, integrantes de la Comisión de Apoyo y Solidaridad con los Presos Políticos. Detenidos por sus acciones políticas y sindicales unos doscientos militantes del ERP, FAR y Montoneros, entre otras agrupaciones, habían sido confinados a esta alejada cárcel, para mantenerlos aislados. Como los demás, ella fue designada apoderada, instituto que permitía a las autoridades tener identificados a quienes colaboraban con los internos del penal.
"El 15 de agosto -día de la fuga- estaba cosiendo y me enteré por la radio. Mi marido fue hasta el Aeropuerto pero no lo dejaron pasar, ya había un cerco muy amplio", recuerda Encarnación. Los recuerdos de la jornada del 22 de agosto, cuando fueron acribillados los 19 recapturados en aquel intento de huida, los tiene más borrosos. "Esos shocks emocionales provocan que uno olvide algunos detalles", dice. Lo que no puede olvidar fue la sensación de "anonadamiento". Asegura que "no lo podíamos creer, sabíamos de los riesgos de torturas que existían, ya que por algo habían violado el pacto de honor hecho ante la prensa y ante un juez para llevarlos a la base Almirante Zar, en lugar de trasladarlos de nuevo al Penal, pero nunca imaginamos tanto horror."
Casi dos meses más tarde, el 11 de octubre de aquel año, Encarnación, su marido y otros catorce integrantes del grupo de Teatro y de la comisión de Apoyo, fueron detenidos en operativos realizados de madrugada y trasladados en un avión Hércules a la cárcel de Devoto. "Nuestras detenciones, sumadas a los crímenes ocurridos el 22 de agosto, motivaron que el pueblo se reuniera en asambleas y explotara toda la bronca... Si no hubiera sido por eso, quién sabe qué hubiera sido de nosotros", asegura la mujer.
Hoy, atentamente como cada jornada de juicio, Encarnación escuchará los alegatos. "Tengo asistencia perfecta por el deber moral de estar presente acá. Es mi forma de homenajear a esa gente joven representativa de una generación entera que casi fue liquidada. Que se levantó contra las dictaduras, que querían una sociedad más libre, más justa, más sana. Más allá de si se comparte o no la lucha armada, ¿quién no comparte esos valores?".
Y concluye: "Yo ya voy a cumplir 84 años, han muerto muchos de los que conformamos aquella comisión. Tengo el deber moral de venir a dar testimonio. Por eso mi presencia aquí, cada día".
En primera fila, Encarnación de Mulhall, presente.
RAWSON (AV).- Con los alegatos de los abogados querellantes en representación de los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew, los letrados Eduardo Hualpa y Carolina Varsky -que son aportados por el CELS- comienza hoy la etapa final del juicio contra cuatro marinos acusados por los 16 homicidios de presos políticos y tres intentos de asesinato con lesiones gravísimas y uno por el presunto encubrimiento de esos hechos, considerados delitos de lesa humanidad y acaecidos hace 40 años.
Como desde principios de mayo, cuando comenzaron las audiencias, en la primera fila estará nuevamente Encarnación Díaz de Mulhall. La mujer, que el 4 de enero próximo cumplirá 84 años, fue protagonista de aquellos hechos. Mientras los presos políticos estuvieron en la Unidad Penal 6 de Rawson, Encarnación y su marido, el abogado Abel Mulhall -fallecido años atrás- fueron, junto a otros habitantes de la zona, integrantes de la Comisión de Apoyo y Solidaridad con los Presos Políticos. Detenidos por sus acciones políticas y sindicales unos doscientos militantes del ERP, FAR y Montoneros, entre otras agrupaciones, habían sido confinados a esta alejada cárcel, para mantenerlos aislados. Como los demás, ella fue designada apoderada, instituto que permitía a las autoridades tener identificados a quienes colaboraban con los internos del penal.
"El 15 de agosto -día de la fuga- estaba cosiendo y me enteré por la radio. Mi marido fue hasta el Aeropuerto pero no lo dejaron pasar, ya había un cerco muy amplio", recuerda Encarnación. Los recuerdos de la jornada del 22 de agosto, cuando fueron acribillados los 19 recapturados en aquel intento de huida, los tiene más borrosos. "Esos shocks emocionales provocan que uno olvide algunos detalles", dice. Lo que no puede olvidar fue la sensación de "anonadamiento". Asegura que "no lo podíamos creer, sabíamos de los riesgos de torturas que existían, ya que por algo habían violado el pacto de honor hecho ante la prensa y ante un juez para llevarlos a la base Almirante Zar, en lugar de trasladarlos de nuevo al Penal, pero nunca imaginamos tanto horror."
Casi dos meses más tarde, el 11 de octubre de aquel año, Encarnación, su marido y otros catorce integrantes del grupo de Teatro y de la comisión de Apoyo, fueron detenidos en operativos realizados de madrugada y trasladados en un avión Hércules a la cárcel de Devoto. "Nuestras detenciones, sumadas a los crímenes ocurridos el 22 de agosto, motivaron que el pueblo se reuniera en asambleas y explotara toda la bronca... Si no hubiera sido por eso, quién sabe qué hubiera sido de nosotros", asegura la mujer.
Hoy, atentamente como cada jornada de juicio, Encarnación escuchará los alegatos. "Tengo asistencia perfecta por el deber moral de estar presente acá. Es mi forma de homenajear a esa gente joven representativa de una generación entera que casi fue liquidada. Que se levantó contra las dictaduras, que querían una sociedad más libre, más justa, más sana. Más allá de si se comparte o no la lucha armada, ¿quién no comparte esos valores?".
Y concluye: "Yo ya voy a cumplir 84 años, han muerto muchos de los que conformamos aquella comisión. Tengo el deber moral de venir a dar testimonio. Por eso mi presencia aquí, cada día".
miércoles, 12 de septiembre de 2012
Masacre de Trelew: Terminó la etapa de testimonios
La voz de las víctimas
En la audiencia de ayer se escuchó un audio de los tres sobrevivientes a los fusilamientos. Declaró el sonidista que lo guardó durante todos estos años. El lunes comenzarán los alegatos. El fallo llegará promediando octubre.
Por Ailín Bullentini
Con las voces de María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar culminó, ayer, el debate judicial por la Masacre de Trelew. El audio, escondido hasta el momento, de una entrevista en la que los tres sobrevivientes de los fusilamientos que la Marina cometió el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar contaron su versión de la historia, fue el último testimonio que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia escuchará en el marco del juicio que entró en su recta final; lo precedieron una escueta aunque suficiente declaración del sonidista que lo atesoró durante casi cuarenta años y los dichos del perito físico Rodolfo Pregliasco. En diálogo con Página/12, las querellas de los familiares de las 16 víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación evaluaron el camino recorrido –más de treinta testimonios en poco más de cuatro meses– y consideraron que “sobran las pruebas” para calificar los hechos como delitos de lesa humanidad. El lunes, las partes acusatorias iniciarán la etapa de alegatos, que se extenderá durante el resto de la semana. El fallo de los jueces llegará promediando octubre.
“Creemos que el bagaje probatorio ha sido completo para contextualizar y probar la lesa humanidad de los delitos investigados, determinar que se trató de fusilamientos ordenados por las altas autoridades de la base, quienes recibieron el mensaje desde las jerarquías militares correspondientes (en referencia al dictador Agustín Lanusse)”, concluyó el representante de la secretaría nacional, Germán Kexel. En representación de las familias, Eduardo Hualpa evaluó que “el impacto más fuerte del proceso fue el hecho de que se pudo discutir, a cuarenta años de estos hechos, la verdad histórica y también la verdad jurídica”.
Muchos de los elementos acumulados durante el juicio son testimonios de familiares de las víctimas, de ex presos políticos y ex conscriptos que permitieron, más que echar por tierra la versión oficial de los hechos –un intento de fuga de parte de los presos políticos–, dar a los asesinatos un contexto de persecución de parte del gobierno de facto que explicaría su intencionalidad concreta.
También se sumaron pruebas nuevas durante el proceso oral que demuestran “la intención de las Fuerzas Armadas de esconder la masacre”, apuntó Kexel. La entrevista en formato audio de los tres sobrevivientes a los fusilamientos, aportada por la cineasta Mariana Arruti –directora del documental que investiga la masacre y testigo en el juicio– y escuchada en la audiencia de ayer se suma a la documentación encontrada en la Armada sobre los juicios civiles que las familias de algunos de los presos políticos asesinados habían iniciado inmediatamente después de los hechos. Además, el TOF aceptó como prueba un CD elaborado por la Unidad Fiscal de Seguimiento de Juicios de Derechos Humanos, que contiene documentos periodísticos que suman a la contextualización histórica de los fusilamientos. “La lucha de los familiares y de los organismos de derechos humanos logró reabrir la historia argentina para cerrar algunas heridas”, concluyó Hualpa. Queda esperar que los jueces dicten las máximas penas.
En la audiencia de ayer se escuchó un audio de los tres sobrevivientes a los fusilamientos. Declaró el sonidista que lo guardó durante todos estos años. El lunes comenzarán los alegatos. El fallo llegará promediando octubre.
Por Ailín Bullentini
Con las voces de María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar culminó, ayer, el debate judicial por la Masacre de Trelew. El audio, escondido hasta el momento, de una entrevista en la que los tres sobrevivientes de los fusilamientos que la Marina cometió el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar contaron su versión de la historia, fue el último testimonio que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia escuchará en el marco del juicio que entró en su recta final; lo precedieron una escueta aunque suficiente declaración del sonidista que lo atesoró durante casi cuarenta años y los dichos del perito físico Rodolfo Pregliasco. En diálogo con Página/12, las querellas de los familiares de las 16 víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación evaluaron el camino recorrido –más de treinta testimonios en poco más de cuatro meses– y consideraron que “sobran las pruebas” para calificar los hechos como delitos de lesa humanidad. El lunes, las partes acusatorias iniciarán la etapa de alegatos, que se extenderá durante el resto de la semana. El fallo de los jueces llegará promediando octubre.
“Creemos que el bagaje probatorio ha sido completo para contextualizar y probar la lesa humanidad de los delitos investigados, determinar que se trató de fusilamientos ordenados por las altas autoridades de la base, quienes recibieron el mensaje desde las jerarquías militares correspondientes (en referencia al dictador Agustín Lanusse)”, concluyó el representante de la secretaría nacional, Germán Kexel. En representación de las familias, Eduardo Hualpa evaluó que “el impacto más fuerte del proceso fue el hecho de que se pudo discutir, a cuarenta años de estos hechos, la verdad histórica y también la verdad jurídica”.
Muchos de los elementos acumulados durante el juicio son testimonios de familiares de las víctimas, de ex presos políticos y ex conscriptos que permitieron, más que echar por tierra la versión oficial de los hechos –un intento de fuga de parte de los presos políticos–, dar a los asesinatos un contexto de persecución de parte del gobierno de facto que explicaría su intencionalidad concreta.
También se sumaron pruebas nuevas durante el proceso oral que demuestran “la intención de las Fuerzas Armadas de esconder la masacre”, apuntó Kexel. La entrevista en formato audio de los tres sobrevivientes a los fusilamientos, aportada por la cineasta Mariana Arruti –directora del documental que investiga la masacre y testigo en el juicio– y escuchada en la audiencia de ayer se suma a la documentación encontrada en la Armada sobre los juicios civiles que las familias de algunos de los presos políticos asesinados habían iniciado inmediatamente después de los hechos. Además, el TOF aceptó como prueba un CD elaborado por la Unidad Fiscal de Seguimiento de Juicios de Derechos Humanos, que contiene documentos periodísticos que suman a la contextualización histórica de los fusilamientos. “La lucha de los familiares y de los organismos de derechos humanos logró reabrir la historia argentina para cerrar algunas heridas”, concluyó Hualpa. Queda esperar que los jueces dicten las máximas penas.
jueves, 30 de agosto de 2012
"Somos muy pocos los familiares que vivimos, nos sentimos sobrevivientes"
Declararon los hermanos de Ulla y Toschi y la cuñada de Pujadas. En sus testimonios relataron la persecución que sufrieron los familiares de las víctimas de Trelew desde los días posteriores al fusilamiento hasta entrada la dictadura.
Familiares de tres de las víctimas de la Masacre de Trelew declararon ayer sobre la persecución que sufrieron por sus vínculos con los 16 presos políticos fusilados en la Base Almirante Zar. “Somos muy pocos los familiares que vivimos. Nos sentimos sobrevivientes”, dijo Julio Cesar Ulla, hermano Jorge Alejandro Ulla, asesinado en la madrugada del 22 de agosto de 1972. Desde las 10 de la mañana, también atestiguaron el hermano de Humberto Toschi y la cuñada de Mariano Pujadas.
Familiares de tres de las víctimas de la Masacre de Trelew declararon ayer sobre la persecución que sufrieron por sus vínculos con los 16 presos políticos fusilados en la Base Almirante Zar. “Somos muy pocos los familiares que vivimos. Nos sentimos sobrevivientes”, dijo Julio Cesar Ulla, hermano Jorge Alejandro Ulla, asesinado en la madrugada del 22 de agosto de 1972. Desde las 10 de la mañana, también atestiguaron el hermano de Humberto Toschi y la cuñada de Mariano Pujadas.
Los testigos dieron cuenta de las represalias de la dictadura de Agustín Lanusse luego de la fuga de los presos del penal de Rawson, situación que continuó con la Triple A y con la última dictadura cívico-militar. “Que fuéramos familiares de los detenidos en ese momento ya nos hacía tener una participación política”, explicó Ulla. Durante su testimonio relató la última imagen que tiene de su hermano Jorge en la celda de la Base Almirante Zar, imagen que pudo reconstruir a partir del relato que le hicieron los sobrevivientes, quienes le contaron que escucharon el grito de su hermano que decía “tirá, asesino hijo de puta”.
“Repasé muchas veces esa escena, traté de imaginarla cómo habría recibido ese tiro a quemarropa. Él ya tenía un tiro en el muslo y estoy seguro que intentó pararse para morir de pie, porque él era así, y seguro que tenía una sonrisa”, contó con dolor.
El testigo reconstruyó el momento en que le sacaron fotos al cuerpo de su hermano, que hace unas semanas entregaron a la justicia, y repasó la represión en el entierro y la persecución que sufrió en carne propia luego de la masacre.
Su primera detención fue en el homenaje que se hizo en Córdoba al cumplirse un mes de los fusilamientos: “Me llevaron al D2, donde pasé varios días. Un día me forzaron a ir a mi casa para allanarla, no encontraron nada pero al ver el moisés de mi hijo me dijeron que me despidiera porque no lo iba a ver más. Cuando al otro día me llamaron por mi nombre pensé que ya estaba, pero me entregaron el dinero, el cinto y me liberaron”, detalló. La segunda vez también fue durante un homenaje por Trelew. Esta vez lo llevaron al campo, lo golpearon y le gritaron que empezara a correr. “Salí corriendo y cuando llegué a un campo donde había unos repollos enormes me di vuelta y el celular ya se estaba yendo”, agregó. Ya en 1976, en Santa Fe, nuevamente lo fueron a detener. “Les dije que trabajaba en la cárcel de mujeres. No había celulares así que se fueron y me dijeron que no saliera de la casa hasta que ellos volvieran. No regresaron pero fue la noche más larga de mi vida”, recordó.
Al finalizar su testimonio, Ulla quiso hablarle al tribunal. “Les deseo que tengan un justo y contundente veredicto para cerrar estos delitos y decir Nunca Más”, manifestó y agregó: “Mi presencia aquí es el legado de mi padre, él me dijo que si esto llegaba a la justicia tenía que estar presente y acá estoy con mis cuatro hijos.”
Otra de los testimonios fue el de Eduardo Alberto Toschi, hermano de Humberto Toschi, dirigente del PRT-ERP asesinado en Trelew. El testigo indicó que su familia sufrió más de 19 allanamientos desde la fuga hasta que decidieron exiliarse.
Minutos antes se presentó Ana María Bigi, ex cuñada de Mariano Pujadas, quien relató la represión que sufrió la familia del dirigente de Montoneros, al recordar el secuestro, torturas y asesinato en 1975 de los padres y hermanos de Pujadas, entre ellos Jorge, su ex pareja. “Hubo muchos allanamientos a la granja que tenía la familia en Córdoba pero el 13 de agosto de 1975 se llevaron a la familia y los mataron. Los torturaron a todos y les arrojaron granadas a los cuerpos para despedazarlos. Todos tenían tiros de gracia menos mi suegra, a quien habían matado en la casa. Al día siguiente fui a la granja y estaban los cuatro cajones”, señaló. El hecho fue reivindicado por el Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la Triple A. “Firmaron con las siglas una imagen de Mariano y también tiraron en el inodoro un busto de él”, rememoró. Ella y los hermanos de Pujadas que se habían salvado partieron luego al exilio. “Pujadas era como una mala palabra. A mi mamá y a mi papá los echaron de su trabajo por tener nietos con ese apellido”, finalizó.
Por: Gerardo Aranguren
martes, 28 de agosto de 2012
Masacre de Trelew: semana de testimonios
Se calcula que para el 15 de setiembre ya no habrá más testimoniales, por lo que se podrá establecer la fecha de los alegatos y alrededor de un mes más tarde, tal vez se pueda ya conocer la sentencia contra Luis Sosa, Carlos Marandino, Jorge Bautista, Rubén Paccagnini y Emilio Del Real.
Esta semana, en la reanudación de las audiencias, después de un par de semanas de interrupción, se escuchó el fuerte testimonio de la antropóloga y cineasta, Mariana Arruti, quien pudo contextualizar aquellos episodios de los que acaban de cumplirse 40 años y, a través del relato de las entrevistas realizadas para su film "Trelew: la fuga que fue masacre" y los testimonios recogidos en ese trabajo documental, logró establecer un hilo conductor entre los fusilamientos y las persecuciones y la represión posterior hacia los familiares y allegados a las víctimas.
Uno de los médicos de la Base Almirante Zar, que asistió a las víctimas de la Masacre de Trelew, le impuso algunas condiciones para dejarse entrevistar. "El doctor Talavera me dijo que aceptaba que lo filmara, pero que el tape se lo iba a quedar él. Hoy me arrepiento. Nunca pensé que iba a estar en un juicio para poder contar lo que me habría dicho", dijo Arruti frente al Tribunal Oral Criminal Federal de Comodoro Rivadavia. Talavera falleció al poco tiempo y ese testimonio no pudo ser obtenido. Arruti pudo vincular también la persecución a las familias de dos de las víctimas –los Sabelli y los Capello– y a Daniel Carreras, el periodista que cubrió para la televisión local la entrega en el viejo aeropuerto de Trelew de los presos políticos que se habían fugado del penal de Rawson.
Según explicó el abogado de la Secretaría de los Derechos Humanos, Germán Kexel, el testimonio de Arruti permitió "entablar una conexión directa entre la Masacre de Trelew y las violaciones a los derechos humanos que sucedieron posteriormente en el país, lo cual refuerza mucho la caracterización de los crímenes de 1972 como delitos de lesa humanidad".
Ayer, en tanto, se escucharon las declaraciones de Julio Ulla, hermano de Jorge, quien aportó fotos de su hermano muerto en el féretro que serán un documento clave para la causa y de Ana Bigi, cuñada de Mariano Pujadas. Hoy se aguardan la declaraciones del militar retirado Horacio Ballester y de la historiadora Vera Carnevale, quienes podrán aportar datos sobre el contexto en el que se produjeron esos crímenes considerados delitos de lesa humanidad
Trelew: una testigo cuestionó que los acusados por la masacre sigan libres
Mariana Arruti reveló detalles del trabajo de investigación que realizó para su documental Trelew. La fuga que fue masacre
La documentalista reprodujo el relato que uno de los médicos que llegó poco después del fusilamiento le confió pero que se negó a decir ante las cámaras. Dio cuenta de la persecución que sufrió el periodista que cubrió la toma del aeropuerto.
Cuando ya habían terminado las preguntas del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, la cineasta Mariana Arruti pidió nuevamente la palabra e hizo un llamado a los jueces: "Me duele como ciudadana que los acusados estén en libertad. Nuestras cárceles están llenas de presos sin condena, ¿cuántos de esos presos tienen en sus espaldas la acusación de 16 homicidios?", se preguntó.
La documentalista reprodujo el relato que uno de los médicos que llegó poco después del fusilamiento le confió pero que se negó a decir ante las cámaras. Dio cuenta de la persecución que sufrió el periodista que cubrió la toma del aeropuerto.
Cuando ya habían terminado las preguntas del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, la cineasta Mariana Arruti pidió nuevamente la palabra e hizo un llamado a los jueces: "Me duele como ciudadana que los acusados estén en libertad. Nuestras cárceles están llenas de presos sin condena, ¿cuántos de esos presos tienen en sus espaldas la acusación de 16 homicidios?", se preguntó.
Arruti declaró ayer como testigo en el juicio que se sigue en Chubut por la denominada Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972. Fue citada por la querella como directora del documental Trelew. La fuga que fue masacre, que reconstruyó la fuga del penal de Rawson y el fusilamiento de 16 presos políticos en los calabozos de la Base Almirante Zar.
La mayoría de los imputados, entre ellos Luis Emilio Sosa, Rubén Paccagnini, Emilio del Real y Enrique Bautista -quienes tal como señaló la testigo están todos en libertad- siguieron desde el Consejo de la Magistratura la declaración de Arruti, que comenzó cerca de las 16. El único acusado que permanece en Chubut, detenido, es Carlos Marandino.
Durante su testimonio, la cineasta repasó el proceso para la creación del documental, las entrevistas a familiares de las víctimas y las dificultades para acceder a fuentes de la Armada que habían participado de los hechos.
Recordó su encuentro con uno de los médicos que llegó a la Base minutos después de la masacre, quien se negó a ser grabado para la película. "Queríamos entrevistar a personas que habían estado durante el hecho y contactamos al médico Talavera. Me contó que no estaba en el lugar durante el hecho pero que accedió inmediatamente y había encontrado mucha sangre. Después dijo algo que no olvidaré nunca, que (Carlos Alberto) Astudillo estaba girando como la aguja de un reloj tirado entre las celdas. Se estaba muriendo en el piso", recordó Arruti, quien lamentó no haber podido grabar a Talavera como aporte a la justicia: "Accedió a hablar pero si se quedaba con la cinta. No acepté y ahora me arrepiento porque podría haber sido útil para el juicio, pero en ese momento no imaginábamos que iba a llegar este momento."
En su intento por conseguir fuentes oficiales de la Armada, la cineasta se reunió con el entonces jefe de la fuerza, Jorge Godoy, a quien describió con traje de gala, "muy tenso y apurado para irse". "Nos dijo que no tenían contacto con los responsables ni existía documentación sobre la masacre. Me repitió varias veces que Trelew era un tema sensible para la Marina. Después en 2006 supimos que seguía siendo sensible porque nuestro equipo de rodaje había sido observado por la inteligencia de la Marina", sostuvo, en referencia a la causa por espionaje ilegal en la que está procesado el ex jefe de la Armada.
Ante la pregunta de una de las querella sobre material que no incluyó en la película y que podría ser útil para la causa, la directora puso a disposición del TOF la entrevista completa al fallecido periodista Daniel Carreras, el único cronista televisivo que cubrió la toma del Aeropuerto de Trelew para el Canal 3 y que entrevistó a los líderes guerrilleros. Arruti recordó que en 1976, cuando Carreras ya vivía en el Conurbano Bonaerense, el periodista fue secuestrado por un grupo de tareas que lo llevó a Campo de Mayo, donde fue ferozmente torturado. Lo acusaban de haber participado en la fuga, ya que había conservado en su casa varias fotos de los militantes que habían realizado la toma del aeropuerto.
Por: Gerardo Aranguren
lunes, 27 de agosto de 2012
El contexto de los fusilamientos de Trelew
Declaró la cineasta Mariana Arruti en la causa por los asesinatos de 1972
Por Ailín Bullentini
De los cuatro años de producción de su documental Trelew, la antropóloga y cineasta Mariana Arruti recordó ayer, entre otras cosas, el momento en el que no aceptó las condiciones que uno de los médicos de la Base Almirante Zar, que asistió a las víctimas de la Masacre de Trelew, le impuso para dejarse entrevistar. “El doctor Talavera me dijo que aceptaba que lo filmara, pero que el tape se lo iba a quedar él. Hoy me arrepiento. Nunca pensé que iba a estar en un juicio para poder contar lo que me habría dicho”, dijo Arruti frente al Tribunal Oral Criminal Federal de Comodoro Rivadavia durante su testimonio en el marco del juicio por los fusilamientos del 22 de agosto de 1972. Talavera falleció y se llevó consigo su versión de las muertes.
El repaso de la realización de una de las dos producciones audiovisuales que existen sobre la masacre –la otra es Ni olvido ni perdón, del desaparecido Raymundo Gleyzer– aportó a la “contextualización” de los asesinatos “en el marco de las violaciones a los derechos humanos”, evaluaron las partes acusatorias en el juicio. La persecución a las familias de dos de las víctimas –los Sabelli y los Capello– y a Daniel Carreras, el periodista que cubrió para la televisión local la entrega en el viejo aeropuerto de Trelew de los presos políticos que se habían fugado del penal de Rawson, fueron algunos de los puntos más fuertes de su declaración.
Arruti comenzó a responder preguntas de las querellas y defensas frente al Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia pasadas las 16 de ayer. Los acusados –los marinos retirados Luis Sosa, Emilio del Real, Roberto Pacagnini y Jorge Bautista– la oyeron desde Buenos Aires. El cabo Carlos Marandino participó de cuerpo presente. La cineasta mencionó los puntos sobresalientes de la producción del documental que realizó sobre la masacre, que se proyectó en el marco del juicio a principios de mes. “En muchos tramos de su declaración, Arruti logró entablar una conexión directa entre la Masacre de Trelew y las violaciones a los derechos humanos que sucedieron desde 1976 en el país, lo cual refuerza mucho la caracterización de los crímenes de 1972 como delitos de lesa humanidad”, analizó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos Germán Kexel.
Kexel se refirió a lo que mencionó la cineasta respecto del periodista de Canal 3 de Rawson Daniel Carreras, la tía de María Angélica Sabelli y la madre de Eduardo Capello, quienes en el marco de la realización del documental aseguraron haber sido víctimas de persecución política durante la última dictadura. También a las dificultades que Arruti dijo que tuvo al encontrar imágenes de la toma del aeropuerto, el 15 de agosto de 1972. “Era material que no se encontraba en los canales y después me enteré de que las fuerzas de seguridad en el ’76 comenzaron a retirar cintas que podrían haber sido utilizadas para identificar personas”, consideró.
“Carreras me contó las consecuencias en un montón de aspectos que tuvo para hacer esa entrevista en el aeropuerto”, mencionó Arruti en relación con el periodista que había hablado con los referentes de los 19 presos políticos fugados del penal de Rawson en el viejo aeropuerto de Trelew. “Me contó que de la toma se llevó una púa que le regaló (una de las víctimas, Mariano) Pujadas y una foto de los militantes; que después de eso se fue a vivir al conurbano bonaerense y que allí le allanaron la casa, lo detuvieron y desaparecieron durante diez días en Campo de Mayo, donde fue ferozmente torturado.” El material de esa charla quedó afuera del documental, pero Arruti lo cedió al tribunal para que sea incorporado en la causa ya que, si bien el periodista declaró en la etapa de instrucción, falleció antes del juicio. El tribunal analizará la incorporación de otra prueba sumada por la querella de los familiares: el audio de una entrevista que ofrecieron los tres sobrevivientes a los fusilamientos, María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps. “Es una prueba importante por lo simbólico, porque se recupera su voz”, analizó Kexel.
Las charlas con Soledad Capello y Chela Sabelli, en tanto, “impactaron mucho” a la antropóloga. Luego de mudarse en varias oportunidades por sufrir “amenazas”, los padres de Eduardo Capello sufrieron la desaparición de su otro hijo, Jorge, quien “había ido a reconocer el cuerpo de su hermano a Trelew y aparecía en varias notas periodísticas de la época”. “Jorge fue secuestrado con su mujer, Nené, y su hijo de 14 años. Los vieron por última vez en El Vesubio”, apuntó la cineasta. Chela fue quien “reconoció el cuerpo de su sobrina en la morgue, antes de que le hicieran la autopsia”, a dos meses de haber sido asesinada, y cuyo resultado arrojó que “el tiro mortal fue dado a 10 centímetros de la nuca”. Su familia entera se exilió en Italia tras la masacre. Los documentos descubiertos en el archivo de la Armada hace poco más de un mes contienen el informe de esa autopsia, en tanto que el dato del tiro de gracia en la nuca lo mencionó durante su declaración Miguel Marileo, el empleado de la funeraria que contrató la Armada para trasladar los cuerpos.
Por Ailín Bullentini
De los cuatro años de producción de su documental Trelew, la antropóloga y cineasta Mariana Arruti recordó ayer, entre otras cosas, el momento en el que no aceptó las condiciones que uno de los médicos de la Base Almirante Zar, que asistió a las víctimas de la Masacre de Trelew, le impuso para dejarse entrevistar. “El doctor Talavera me dijo que aceptaba que lo filmara, pero que el tape se lo iba a quedar él. Hoy me arrepiento. Nunca pensé que iba a estar en un juicio para poder contar lo que me habría dicho”, dijo Arruti frente al Tribunal Oral Criminal Federal de Comodoro Rivadavia durante su testimonio en el marco del juicio por los fusilamientos del 22 de agosto de 1972. Talavera falleció y se llevó consigo su versión de las muertes.
El repaso de la realización de una de las dos producciones audiovisuales que existen sobre la masacre –la otra es Ni olvido ni perdón, del desaparecido Raymundo Gleyzer– aportó a la “contextualización” de los asesinatos “en el marco de las violaciones a los derechos humanos”, evaluaron las partes acusatorias en el juicio. La persecución a las familias de dos de las víctimas –los Sabelli y los Capello– y a Daniel Carreras, el periodista que cubrió para la televisión local la entrega en el viejo aeropuerto de Trelew de los presos políticos que se habían fugado del penal de Rawson, fueron algunos de los puntos más fuertes de su declaración.
Arruti comenzó a responder preguntas de las querellas y defensas frente al Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia pasadas las 16 de ayer. Los acusados –los marinos retirados Luis Sosa, Emilio del Real, Roberto Pacagnini y Jorge Bautista– la oyeron desde Buenos Aires. El cabo Carlos Marandino participó de cuerpo presente. La cineasta mencionó los puntos sobresalientes de la producción del documental que realizó sobre la masacre, que se proyectó en el marco del juicio a principios de mes. “En muchos tramos de su declaración, Arruti logró entablar una conexión directa entre la Masacre de Trelew y las violaciones a los derechos humanos que sucedieron desde 1976 en el país, lo cual refuerza mucho la caracterización de los crímenes de 1972 como delitos de lesa humanidad”, analizó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos Germán Kexel.
Kexel se refirió a lo que mencionó la cineasta respecto del periodista de Canal 3 de Rawson Daniel Carreras, la tía de María Angélica Sabelli y la madre de Eduardo Capello, quienes en el marco de la realización del documental aseguraron haber sido víctimas de persecución política durante la última dictadura. También a las dificultades que Arruti dijo que tuvo al encontrar imágenes de la toma del aeropuerto, el 15 de agosto de 1972. “Era material que no se encontraba en los canales y después me enteré de que las fuerzas de seguridad en el ’76 comenzaron a retirar cintas que podrían haber sido utilizadas para identificar personas”, consideró.
“Carreras me contó las consecuencias en un montón de aspectos que tuvo para hacer esa entrevista en el aeropuerto”, mencionó Arruti en relación con el periodista que había hablado con los referentes de los 19 presos políticos fugados del penal de Rawson en el viejo aeropuerto de Trelew. “Me contó que de la toma se llevó una púa que le regaló (una de las víctimas, Mariano) Pujadas y una foto de los militantes; que después de eso se fue a vivir al conurbano bonaerense y que allí le allanaron la casa, lo detuvieron y desaparecieron durante diez días en Campo de Mayo, donde fue ferozmente torturado.” El material de esa charla quedó afuera del documental, pero Arruti lo cedió al tribunal para que sea incorporado en la causa ya que, si bien el periodista declaró en la etapa de instrucción, falleció antes del juicio. El tribunal analizará la incorporación de otra prueba sumada por la querella de los familiares: el audio de una entrevista que ofrecieron los tres sobrevivientes a los fusilamientos, María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps. “Es una prueba importante por lo simbólico, porque se recupera su voz”, analizó Kexel.
Las charlas con Soledad Capello y Chela Sabelli, en tanto, “impactaron mucho” a la antropóloga. Luego de mudarse en varias oportunidades por sufrir “amenazas”, los padres de Eduardo Capello sufrieron la desaparición de su otro hijo, Jorge, quien “había ido a reconocer el cuerpo de su hermano a Trelew y aparecía en varias notas periodísticas de la época”. “Jorge fue secuestrado con su mujer, Nené, y su hijo de 14 años. Los vieron por última vez en El Vesubio”, apuntó la cineasta. Chela fue quien “reconoció el cuerpo de su sobrina en la morgue, antes de que le hicieran la autopsia”, a dos meses de haber sido asesinada, y cuyo resultado arrojó que “el tiro mortal fue dado a 10 centímetros de la nuca”. Su familia entera se exilió en Italia tras la masacre. Los documentos descubiertos en el archivo de la Armada hace poco más de un mes contienen el informe de esa autopsia, en tanto que el dato del tiro de gracia en la nuca lo mencionó durante su declaración Miguel Marileo, el empleado de la funeraria que contrató la Armada para trasladar los cuerpos.
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